Alberto Fernández dijo que «hay una campaña mediática para acusar al Gobierno» de liberar presos

El presidente recordó que “son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades”. Kicillof se expresó en la misma línea: “El Poder Ejecutivo no encarcela, ni libera ni decide libertades condicionales”

El jefe de Estado remarcó que «el riesgo de contagio se potencia en los lugares de mucha concentración humana», por lo que las «cárceles se convierten en un ámbito propicio para la expansión de la enfermedad». Y recordó que organismos internacionales y de derechos humanos “formularon recomendaciones para evitar que el hacinamiento en las cárceles ponga en riesgo la vida de los reclusos» ante la amenaza del Coronavirus.

Pero al mismo tiempo el Presidente sostuvo que «en Argentina la solución del problema está en manos de los tribunales. Son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades», recalcó.

Asimismo, Fernández se pronunció en contra del recurso con el que sí cuenta el Poder Ejecutivo en materia judicial. «Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados», señaló el Presidente desde Twitter.

En la misma línea, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró que «es falso que exista un plan» de su administración para «liberar masivamente presos». El mandatario provincial agregó que «es inverosímil porque pura y simplemente el Poder Ejecutivo no encarcela, ni libera ni decide libertades condicionales. El Poder Judicial tiene esas atribuciones y respeto la división de poderes», consignó.

Los datos del Ministerio de Justicia
La ministra de Justicia, Marcela Losardo, ratificó que “no existe un plan de liberación generalizada de presos” por parte del Gobierno nacional y aseveró en Radio Mitre que «nadie está de acuerdo con sacar a violadores o asesinos a la calle. No se van a disponer indultos, ni amnistías, ni conmutación de penas».  

«El Poder Judicial es quien toma la decisión de detener gente, enviarla a un centro de detención o excarcelarla”, agregó. “Lo único que se hizo desde el Gobierno es, a pedido de la Justicia, enviar un informe sobre la situación de aquellos que se encuentran detenidos en una situación de riesgo por el Covid-19, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud”.

Losardo sostuvo en Radio 10 que “se ha generado una situación que no es la real, por un temor fundado o por falta de conocimiento” porque de un total de 12.579 detenidos en el sistema federal de todo el país, «salieron 320 con prisión domiciliaria y lo determinó el Poder Judicial”.

Qué dijo la Justicia
La Cámara Federal de Casación había recomendado hace dos semanas otorgar la prisión domiciliaria a presos no violentos para prevenir la propagación del coronavirus entre la población carcelaria, bajo los «mecanismos de control y monitoreo que estimen corresponder», y sólo para casos de «prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo».

También sugería ese beneficio para cuando hayan vencido los plazos de prisión preventiva establecidos por la ley; para las «personas condenadas por delitos no violentos que estén próximas a cumplir la condena»; para aquellos sentenciados a penas de hasta 3 años de prisión y para quienes estén «en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional».

Estas medidas alternativas -informó Télam- también deberían ser adoptadas en beneficio de «mujeres embarazadas y/o encarceladas con sus hijos e hijas; personas con mayor riesgo para la salud, como adultos mayores; personas con discapacidades, inmunodeprimidas o con condiciones crónicas como enfermedades coronarias, diabetes, pulmonares y VIH».

La postura de los jueces
El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, consideró que no hay un otorgamiento «indiscriminado» de excarcelaciones y que, por el contrario, se analiza cada caso.

«Hay mala información y se difunde información en un sentido negativo», se quejó el ex magistrado y señaló: «Se rechazaron el 90% de las excarcelaciones que se pidieron y la Cámara de Apelaciones confirmó eso». No obstante, el representante de los jueces nacionales y federales no descartó que «algunos casos» de beneficios mal concedidos «sean ciertos». (Entrelíneas)

 

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