Ante el posible accionar irregular de la policía, se radicó la denuncia en la Fiscalía Nro. 10

Tras los allanamientos por droga

Finalmente ayer por la mañana se radicó formalmente la denuncia por las posibles irregularidades cometidas por personal policial de la provincia de Buenos Aires, en uno de los allanamientos realizados el pasado miércoles en un domicilio de la calle Belbetzé. Juan Cruz Torres se hizo presente en las instalaciones de Moreno casi Mendoza, exponiendo los hechos de los que él y su familia (esposa y tres hijos menores) fueron víctimas; lo hizo ante la fiscalía Nro. 10 a cargo del Dr. Jonatan Robert.
Torres y su esposa Romina Cabrera manifestaron todas las anomalías de las que fueron víctimas (que incluyeron numerosos hechos de violencia física padecidos delante de sus hijos menores de edad) en lo que sin dudas fue un claro hecho de violencia institucional, siendo como ya informó este medio que los uniformados literalmente destruyeron la vivienda, en busca de la supuesta existencia de estupefacientes, y golpeando al matrimonio delante de sus tres hijos de 4, 6 y 10 años, todo antes de darse cuenta que se habían equivocado de vivienda.
El hecho tuvo amplia repercusión mediática en los últimos días en la ciudad e incluso fuera de la misma, exponiendo la situación la «interna» y el «pasarse la pelota», entre las distintas autoridades de diversas dependencias policiales. Así fue que no quedó claro aún en donde radica la responsabilidad, si en el área de investigación del tráfico de drogas ilícitas (que sería la dependencia que realizó la, para muchos, deficiente labor de inteligencia previa) o en el accionar del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), que fue la “fuerza de choque” que llevó adelante la acción directa sobre la vivienda y sobre todo sobre los inocentes vecinos; o en ambas.
La primera dependencia policial está a cargo del subcomisario Fabián Torrez; la segunda a cargo del comisario Gullino. La causa originaria de todo esto es llevada adelante por el fiscal con asiento en Dolores Diego Torres (cuyo accionar también debería estar en estudio), en cuyo poder se encuentra el acta labrada por personal de su fiscalía en el lugar de los hechos, en donde constan las lesiones propinadas por la policía al vecino Juan Cruz Torres, quien fuera golpeado en su rostro y en distintas partes del cuerpo.
Insólitamente, el fiscal Jonatan Robert tomó declaración a Juan Cruz Torres, pero no así a su esposa, quien también padeció violencia física y psicológica. A Romina Cabrera se le informó que será citada “próximamente” para cumplir con ese trámite. De acuerdo a lo que pudo saberse, Robert habría argumentado para no liberar a la víctima de todo este siempre engorroso trámite, el estar desbordado de trabajo y no tener personal suficiente para la tarea. Cabe señalar además que el fiscal interviniente solicitó a Juan Cruz Torres el que no realice ninguna modificación en la vivienda de su propiedad, ya que la tarea requiere que su fiscalía realice un relevamiento fotográfico del lugar. Esto obliga a que la familia damnificada por todo esto, además del daño material y sobre todo psicológico sufrido (en particular los menores de edad) padezca el que transcurran los días alojándose de manera impropia en viviendas de familiares, estando así separados entre sí.

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