El gobierno nacional defendió hoy el pedido de rescisión de los contratos de las autopistas Panamericana y Acceso Oeste con el argumento de que los contratos de para prorrogar la cesión hasta el 2030, firmados durante el gobierno anterior, están “plagados de irregularidades”, al tiempo que aclaró que será la justicia la que defina si los operadores actuales siguen a cargo o no.
Uno de los encargados de defender la posición oficial fue el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien dijo que “la concesión de las autopistas está plagada de irregularidades, y se pone en revisión eso con auditorías que se terminaron de presentar ayer y que son concluyentes respecto de las obras que se tenían que hacer (y) no se estaban haciendo”.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó que según su punto de vista la prórroga de las concesiones es ilegal, aunque reiteró que será la Justicia la que determinará si corresponde la rescisión del contrato.
El contrato de concesión de los accesos Norte y Oeste, a cargo de la firma Ausol, fue extendido hasta 2030 mediante un decreto firmado por la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti; junto con el exjefe de Gabinete Marcos Peña, y el exministro de Transporte Guillermo Dietrich.
La extensión de la concesión de ambas autopistas generó polémica por la participación comercial de la familia de Mauricio Macri como accionistas de Ausol hasta mayo de 2017.
De hecho, frente a las sospechas de negocios incompatibles con la función pública, el expresidente no firmó el decreto, aunque como jefe del Estado avaló una extensión de concesión que quedó en la mira de la Justicia.
“Vemos elementos muy claros de una prórroga ilegal. Un contrato que era de concesión y de obras. Tenían que hacer obras en el marco del cobro del peaje. Transformaron ese contrato en un pagaré a sola firma. Esa deuda la tenemos que pagar todos los argentinos cuando pasamos por las cabinas de peajes”, dijo Katopodis a FM Urbana.
Del mismo modo, Cafiero añadió que tampoco se llevaron adelante “los compromisos de inversión”, por lo cual “esa es la causa” por la que el Gobierno está interviniendo, y precisó que lo que se busca es “dar un servicio de calidad” en las autopistas que operan como vías de acceso a la ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, Katopodis señaló que desde su Ministerio estuvo “dos años trabajando” en la evaluación de estas concesiones, para lo cual se conformó una comisión que hizo una auditoría. “Vamos a dar todos los pasos que tengamos que dar. Por eso no estamos decretando ahora ni la estatización ni la anulación del contrato”, afirmó el ministro.
Explicó que “simplemente se hizo una auditoría, se le dio vista a las partes y se va a cumplir toda la instancia administrativa que se tiene que cumplir”, y sostuvo que “será luego la Justicia la que determine si corresponde o no corresponde la rescisión”.
Indicó que “el contrato establecía una vigencia hasta 2018 y por decreto, fuera de las posibilidades que se otorgaba al Poder Ejecutivo, se les otorgó una prórroga por diez años”.
Afirmó que la prórroga se otorgó “al solo efecto de pagar una deuda en dólares, que no justifica su composición y mucho menos la conversión de esa deuda de pesos a dólares”.
“Se les reconoció una deuda de más de US$ 700 millones con una actualización del 8% anual, es decir una renta extraordinaria en dólares cuando no hay ni ningún elemento” que la convalide, agregó el funcionario.
Asimismo, sostuvo que “se garantizó que sean los usuarios los que tengan que pagar esa deuda a través de las tarifas” y aseguró que “eso estaría implicando una tarifa de $ 60 o $ 70 y un pase a $ 600 si tuviésemos que cumplir con la curva para el repago de la deuda”.
Consideró que “tanto en el caso de las (concesiones de participación público privada) PPP como en este caso hay una lógica”, y afirmó que “son contratos que están escritos para que siempre sea el sector privado el que tenga las prerrogativas”.
“En el caso de las PPP nosotros logramos la rescisión de todos esos contratos, sin ninguna posibilidad de que ellos puedan hacer ningún reclamo ni en tribunales nacionales ni en tribunales internacionales, y hoy las obras se están haciendo a mitad de precio de lo que estaba establecido”, concluyó Katopodis. (DIB)
