El proyecto para legalizar el cultivo hogareño, la producción y el acceso de marihuana terapéutica tiene el consenso de oposición y oficialismo. Pero la última sesión del año se dedicaría exclusivamente a tratar el Presupuesto 2021
El bloque de diputados del Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires lo intentó, pero el proyecto de ley del gobernador Axel Kicillof para regular el autocultivo, la producción y la venta de cannabis para uso medicinal, terapéutico e industrial en territorio bonaerense no será el último regalo de Navidad para los usuarios y activistas por la legalización de la planta milenaria bonaerenses. El debate en el recinto, finalmente, quedará para las sesiones de 2021. En el Gobierno esperan que sean las primeras del año y apuntarán a las extraordinarias de febrero. Habrá que negociarlo con la oposición, que -en principio- dice que acompañará.
Traccionado por el propio presidente de la Cámara de Diputados, el lomense Federico Otermin, la idea del Gobernador era que su proyecto de ley, un compendio nutrido de argumentaciones históricas y referencias mundiales de la legalidad de la marihuana en el mundo a lo largo de 86 páginas, se votara en la Provincia en la sesión de este mismo martes, la última del año. Salvo que ocurra algo inesperado a último momento, no será.
Para que eso ocurra, el FdT necesita un acuerdo político que hasta esta madrugada no había llegado y probablemente no suceda esta vez: dos tercios de la Comisión de Labor Parlamentaria deben estar de acuerdo en la reunión prevista para ayer lunes y pasada para este martes. Al ser un proyecto presentado por decreto desde el Ejecutivo y no haber obtenido un dictamen del tratamiento en comisiones, “Labor” tiene que habilitar la discusión desde las bancas y no tendrá los votos necesarios.
Según confirmaron a Infobae fuentes del oficialismo y de la oposición, la última sesión del año debe resolver el Presupuesto del año próximo. Es una cuestión de prioridades en la jerarquía de los temas. Pero también de juego político: Juntos por el Cambio va a acompañar la adhesión a la ley nacional de uso medicinal del cannabis (la 27.350) pero no tiene demasiado interés en facilitar la salida inmediata del proyecto del Gobernador.
Esto obedece a dos razones: sus legisladores presentaron un proyecto de ley de regulación de la marihuana con fines terapéuticos que consideran “idéntico” al de Kicillof. Como lo entienden dentro de la oscilación natural de la política, lo aceptan, dicen que van a acompañar el voto pero no ahora, no ya. La democracia y el juego de las mayorías le permiten a Juntos por el Cambio aspirar a negociar alguna modificación en la futura ley.
El proyecto de la oposición fue confeccionado por el radical Emiliano Balbín, con el apoyo otros legisladores, incluida María Alejandra Lorden, la vicepresidenta de la comisión de Salud Pública, y el diputado Daniel Lipovetsky. Si bien es mucho menos detallado que el firmado por el gobernador Kicillof, en esencia apuntan a lo mismo: el permiso para el autocultivo, la producción pública de aceites y el acceso gratuito.
El proyecto oficialista es más claro sobre las autoridades de aplicación, el registro de usuarios, el acceso universal y una diferencia sutil pero importante. Mientras el de Balbín remarca que se necesita la “prescripción” de los médicos, el de Kicillof solo apela a la “indicación”. La primera opción limita la receta a un producto ya aprobado por ANMAT, mientras que la segunda habilita al uso de sustancias de producción hogareña.
Esta diferencia, que parece sutil, fue un tema de discusión entre el Ministerio de Salud nacional y las organizaciones nucleadas en el Consejo Consultivo de la ley durante el debate por la nueva reglamentación del presidente Alberto Fernández, que reguló el autocultivo. Remarcaron que la “indicación” permite a los usuarios acceder a la sustancia hecha a partir del cultivo de la planta y la producción caseras de los aceites, una práctica común en el país y que universalizó el acceso. Y evita cualquier conflicto penal surgido de la interpretación de la ley y la prescripción como único camino.
El de Balbín tampoco establece la creación de un banco de semillas y de genéticas para la producción pública y privada ni manifiesta la iniciativa de que se importe y exporte el producto.
“El proyecto lo presentamos hace dos o tres meses. Nos parece bien el de Kicillof, de alguna manera coincidimos, pero queremos sumar nuestro proyecto y hay que consensuar. El oficialismo se acordó tarde de tratarlo y nos queda poco margen. La nuestra y la del Gobernador son leyes ambiciosas”, consideró Lipovetsky.
En el oficialismo hay tranquilidad porque confían en que, resuelta la prioridad del Presupuesto 2021, habrá consenso para aprobar esta ley provincial que adhiere a la nacional. Seguramente antes del tratamiento en el recinto, que podría ser en febrero con extraordinarias o en marzo en ordinarias, se lleve a cabo una reunión informativa en la comisión de Salud que tendrá como personaje central al ministro de la cartera sanitaria provincial, Daniel Gollán, quien encabezó el diseño de la ley a pedido del Gobernador.
“El proyecto es todo de Axel y él quiere que se apruebe”, comentaron desde el Frente de Todos. A pesar de que todavía, producto de la ley de drogas, muchos cultivadores van presos, tanto el oficialismo como en la oposición hay una mirada común sobre la reconsideración de la marihuana, al menos por ahora en relación al uso medicinal e industrial.
La sociedad incorporó la sustancia -cuyos beneficios médicos fueron descriptos por estudiosos y culturas de todas las épocas, desde el herbario chino Pen Tsao King, del emperador Shen Nun, hace 5.000 años– mucho antes que la política. Atrás de un movimiento global hay una industria incipiente. Lo sabe Kicillof, que en su proyecto de ley fue claro.
“El mundo entero está acompañando el avance científico que el cannabis medicinal otorga para el beneficio de los ciudadanos que lo consumen como parte de un tratamiento médico y/o paliativo del dolor, y es así que la Provincia debe acompañar esa apertura hacia nuevas formas de beneficiar a la comunidad”, escribió el Gobernador. Y también que la industria del cannabis legal será un “incentivo para la reactivación económica en todo el territorio de la provincia”.
“Todo el arco político cree que es una ley necesaria y esto va a ser consensuado pronto, en algún momento”, coincidió la diputada Larden, de Juntos por el Cambio.
Qué dice el proyecto de ley medicinal de Axel Kicillof
El proyecto del Poder Ejecutivo bonaerense contempla la adhesión a la ley nacional 27.350 (la reglamentada por segunda vez por Alberto Fernández) y se concentra en el cultivo personal controlado en hogares y sedes de agrupaciones cannábicas, la investigación científica, la producción pública y privada, la importación y exportación, la creación de un banco de semillas y de genéticas de la planta y, por supuesto, la distribución gratuita en hospitales y centros de salud.
Para darle acción y cumplir con las reglas de la nueva ley, el gobierno bonaerense propone en el decreto presentado a la Legislatura la creación la Agencia Provincial del Cannabis (APC), que será una entidad autárquica con sede en La Plata y dependerá del Ministerio de Gobierno, conducido por Teresa García.
La APC estará a cargo de las políticas públicas sobre esta industria incipiente. Y será la que regulará, ordenará y dará cumplimiento a las acciones de la ley de cannabis medicinal provincial, además del nexo con el Estado nacional para el desarrollo de acciones conjuntas y la firma de convenios para investigar, producir, importar y exportar productos cannábicos.
“Es prioritario que la APC promueva las tareas investigativas pertinentes, a los fines de contar con información científicamente verificada respecto de las propiedades de la planta de cannabis y sus derivados”, sugiere Kicillof en el documento, como base para lo que será el punto de partida de la producción industrial y comercialización en la Provincia de productos no sólo para el uso humano sino también animal.
El proyecto contempla la distribución de productos en hospitales y centros de salud de PBA, en la obra social IOMA, e incluso la comercialización a otras provincias argentinas de lo producido en territorio bonaerense. Y exige la incorporación al Sistema de Salud Pública el “medicamento paliativo aceite de cannabis”.
Las farmacias que expendan los productos derivados del cannabis deberán estar habilitadas por la Provincia y tendrán la obligación de entregar la sustancia solo a pacientes con indicación médica.
Si la ley se aprueba, se creará bajo la órbita de la APC el Registro Provincial del Cannabis para facilitarle el acceso a la sustancia a los usuarios con indicación médica que se inscriban en una base de datos que “deberá garantizar la confidencialidad de los datos personales”.(Fuente:Infobae/ Por Fernando Soriano)
