Santos Clemente Vera, un baqueano que colaboró en la búsqueda de los cuerpos de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, es uno de los detenidos por el doble homicidio ocurrido en Salta en julio de 2011. El pedido, encabezado por su abogado, ya están en manos del máximo tribunal nacional y podría resolverse en los próximos meses
El 15 de julio de 2011, cerca de las cinco de la tarde, Cassandre Bouvier y Houria Moumni, dos turistas francesas que pasaban algunos días de visita en la Argentina, sacaron entradas para ingresar a la reserva natural Quebrada de San Lorenzo, a 15 kilómetros del centro de la provincia de Salta. En ese mismo lugar, poco menos de dos semanas más tarde, un grupo de turistas chaqueños encontró sus cuerpos entre la vegetación junto a uno de los senderos.
Cassandre, de 29 años, y Houria, de 24, se habían conocido en París, durante su paso por el Instituto de Estudios Avanzados de América Latina de la Sorbona, donde desarrollaron gran interés por distintos temas políticos y sociales de la región. Así, decidieron recorrer juntas distintos países de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. En su último viaje por el norte argentino, sin embargo, las dos fueron brutalmente golpeadas, violadas y asesinadas.
Las investigación en torno a las circunstancias en las que fue cometido el doble crimen -por la cual dos hombres, Gustavo Lasi y Santos Clemente Vera, fueron considerados coautores de los asesinatos y condenados a prisión perpetua-, derivó en una causa judicial de más de 190 cuerpos que nunca arrojó resultados concluyentes y es fuertemente cuestionada hasta la actualidad.
Casi una década más tarde, Vera aguarda en su celda del penal salteño de Villa Las Rosas que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva un recurso de queja -que fue presentado en 2017 y obtuvo en junio de este año un dictamen parcialmente favorable del procurador general de la Nación- para que el expediente vuelva a la provincia de Salta y se dicte un nuevo fallo en el que podría ser absuelto tras pasar cerca de ocho años en prisión.
Pero el hombre, de 40 años de edad, no está solo en la carrera judicial por su libertad: Vera tiene desde hace tres años el patrocinio legal de Manuel Garrido, presidente de Innocence Project, una organización creada en Estados Unidos que busca la absolución de personas erróneamente condenadas alrededor de todo el mundo. También, cuenta con el apoyo nada menos que de Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandre, quien defiende desde hace años su inocencia y sostiene que los verdaderos asesinos de su hija siguen libres e impunes.
“Al otro día de que fueron encontrados los cuerpos, como la Brigada de Investigaciones de la Policía de Salta no conoce bien el lugar, recurrió a los servicios de Vera, que era un baqueano de la zona, para buscar elementos de prueba por los senderos de todo el recorrido turístico”, recuerda ahora en diálogo con Infobae su abogado defensor, José Humberto Vargas. Esa era la primera vez que Vera, que trabajaba como jardinero en un barrio cerrado cercano a la zona del hallazgo, tenía contacto con la investigación. Era un colaborador.
Una semana más tarde, el sábado 6 de agosto, Vera vio a la policía llegar de nuevo a su casa. “Él pensaba que era para que sirviera de guía de nuevo, para ayudar. Pero no. Directamente lo detuvieron y le dijeron en el trayecto que tenía que hacerse cargo del crimen y que tenían pruebas suficientes. Le hicieron amenazas de todo tipo, con golpes y apremios ilegales, y lo llevaron a la brigada”, denuncia Vargas, al igual que lo hizo en ese momento.
Para entonces, el juez Martín Pérez, que instruía la causa, tenía a menos de dos meses del doble crimen a tres detenidos, todos hombres de la zona, como presuntos autores del brutal ataque, Vera, Daniel Vilte Laxi y Gustavo Lasi, este último señalado como principal sospechoso, y a al menos otras seis personas acusadas de encubrimiento, entre las que estaban el padre y la novia de Lasi.
“Como no había pruebas para que siguiera detenido, presenté un escrito pidiendo la falta de mérito. Ante esa situación, el juez citó al principal imputado a prestar declaración a la tarde, fuera del horario del despacho, y en esa audiencia, que se celebró sin mi presencia, Lasi, que ya se había negado a declarar, habló”, explica Vargas.
En su relato ante el juez, Lasi, un guía turístico y empleado administrativo en ese momento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable salteño, confesó su participación en el hecho y describió una cronología: el hombre contó que el día de 15 de julio había salido con un rifle que era de su padre a cazar palomas y que en el camino los encontró a Daniel Vilte y a Vera tomando un ‘yerbeado’ (yerba mate infusionada con alcohol), quienes lo invitaron a caminar con ellos. Lasi explicó que antes de llegar al mirador quedó atrás de sus dos acompañantes y que, desde algunos metros de distancia, los vio forcejear con dos chicas.
Lasi dijo entonces que, cuando se acercó para ver qué pasaba, las vio tiradas junto al sendero, que advirtió que habían abusado de ellas y que fueron Vilte y Vera quienes lo obligaron a que él las violara también, les dejara su rifle y se fuera con el bolso de las jóvenes. También aseguró que no escuchó disparos mientras se iba pero que creía que habían sido ellos los asesinos que efectuaron los crímenes con el arma que les dejó.
En el bolso, que luego efectivamente fue encontrado en su casa, había supuestamente una cámara fotográfica que nunca se encontró y un teléfono celular que él decidió regalarle a su novia: una llamada realizada desde ese aparato, fue un elemento clave para llegar hasta él.
El arma asesina, una carabina marca Batán calibre .22 con la que Cassandre fue asesinada de un tiro en la cabeza y Houria de uno en la espalda que le perforó un pulmón, presumiblemente mientras huía, efectivamente pertenecía a su abuelo, que se la había dado luego a su padre, quien también fue investigado desde un principio.
Según explica Vargas, gran parte de ese relato quedó desestimado durante el juicio. En ese momento, sin embargo, el juez Pérez lo procesó a Vera gracias a esa declaración, sumada al hallazgo en su casa de un machete y el estuche de una cámara de fotos y al informe del genetista y perito oficial Daniel Corach que analizó los ADN hallados en el cuerpo de las víctimas y concluyó que uno de los perfiles genéticos presentes en una de las muestras era atribuible a Vera, aunque no de forma concluyente.
Los otros dos expertos que analizaron las muestras, uno por parte de la defensa y otro por el gobierno francés, no coincidieron con ese informe, aunque plantearon que podía deberse a distintas metodologías de análisis. Lo que sí habían detectado todos los peritos era era semen y rastros de ADN correspondientes a Lasi en el cuerpo de las dos víctimas, además de otros dos perfiles desconocidos.
“Después ofrecimos un perito de parte para analizar esa misma muestra, pero nos dijeron que la policía de Criminalística había desechado ese hisopo, así que no teníamos cómo hacer una contraprueba”, dice Vargas. “Otra irregularidad que denuncié en su momento y nunca se investigó”.
Con más dudas que certezas, la causa se elevó a juicio en torno al tormento que pasaron Cassandre y Houria y la precisión del relato de Lasi: se plantearon dudas sobre la fecha de muerte (que finalmente se fijó el mismo 15), el lugar donde se encontraron los cuerpos y la posibilidad de que hayan sido movidos.
Entre esas y otras preguntas, finalmente el 2 de junio de 2014, luego de 34 audiencias, la Sala II del Tribunal del Juicio de Salta condenó por unanimidad a Gustavo Lasi a la pena de 30 años de prisión como autor del “robo calificado por el uso de arma, abuso sexual con acceso carnal agravado, y doble homicidio calificado criminis causa”.
Al mismo tiempo fueron condenados Omar Darío Ramos y Antonio Eduardo Sandoval, investigados por ocultar la carabina usada para asesinar a las jóvenes, a la pena de dos años de prisión condicional, por encubrimiento calificado, mientras que Daniel Vilte y Vera fueron absueltos por el principio de in dubio pro reo, es decir que en caso de duda o debilidad de las pruebas se debe fallar en favor del acusado.
Sin embargo, el 3 de febrero de 2016, tras la apelación del fiscal de la causa, la Sala III del Tribunal de Impugnación revocó la sentencia absolutoria dictada a Vera y lo condenó a la pena de prisión perpetua por considerarlo coautor de los mismos delitos que Lasi.
Para este tribunal, la razón por la cual los peritos no encontraron rastros genéticos de Vera es porque analizaron diferentes materiales y se otorgó credibilidad a los dichos de Lasi a pesar de las evidentes contradicciones e irregularidades de su relato expuestas en el juicio. Vilte, sobre quien no se expidieron, quedó así oficialmente fuera de la causa.
“El primer fallo condenatorio es muy puntilloso y está bien hecho. Pero a todos los argumentos de esa sentencia le dieron después una interpretación contraria. Con los mismos elementos resolvieron condenar al hombre que había sido absuelto”, apunta Vargas, que no deja de sorprenderse ante la consulta periodística y destaca que es la primera vez que lo contacta un medio de Buenos Aires sobre este tema. “Fue impresionante como el tema se diluyó después del juicio y no vino ningún canal ni ningún diario más que los locales a ver lo que se estaba haciendo con este nuevo fallo, que fue aberrante”.
“Nosotros recurrimos ese fallo mediante el recurso de inconstitucionalidad local, la Corte Suprema de Salta lo rechazó y nosotros interpusimos un recurso extraordinario que la Corte tampoco admitió. Así llegamos a la Corte Suprema de la Nación por un recurso de queja en agosto 2017”, explica Vargas.
En diciembre de 2018 la Corte le envió el expediente a la Procuración General de la Nación y Eduardo Casal opinó en su dictamen emitido a mediados de este año que de acuerdo a su criterio corresponde hacer lugar a la queja y declarar parcialmente admisible el recurso extraordinario.
Para la defensa de Vera, entre otras irregularidades, una de las principales faltas del tribunal de Impugnación es haberlo condenado sin siquiera tomar contacto con él. Casal descartó las otras objeciones y se centró en ese punto: de acuerdo al procurador, la ilegitimidad de la condena radica en que Vera no tuvo el derecho de ser oído antes de que se revocara su absolución, que le es reconocido por la Constitución Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica.
Además, el procurador destacó que “la impugnación no es procedente en lo que respecta a la alegada arbitrariedad con la que los tribunales salteños han merituado la prueba producida durante el juicio e interpretado las normas del derecho procesal provincial”.
En ese sentido, Casal se pronunció a favor de devolver las actuaciones a la Justicia de Salta para que la Corte provincial dicte así una nueva sentencia. Entre otras cosas, la defensa de Vera solicitó además que el máximo tribunal ordene un nuevo juicio y, si bien el procurador no hizo lugar a ese punto, la Corte Suprema todavía podría fallar en ese sentido, ya que el dictamen de Casal no es vinculante.
Vargas insiste en ese punto: “Por todo esto a nosotros sí nos interesaría, además de la libertad de Vera, que se hiciera un nuevo juicio, sobre todo Bouvier, que es quien más necesita saber la verdad. Lo que pasa es que en este causa no sólo taparon todo y no investigaron bien, sino que además condenaron a una persona inocente”.
En medio de ese laberinto judicial, el periodista francés Jean Charles Chatard, quien además escribió un libro sobre el caso, impulsó una campaña en redes sociales, la tercera en lo que va del año, para que el tribunal superior se expida sobre la situación de Vera antes de las fiestas. “Navidad en Libertad. Clemente Vera, mi amigo, inocente. Justicia por todos”, se escucha en la voz de Jean Michel-Bouvier en una grabación difundida por Chatard.
Según pudo saber Infobae, si bien ya varios jueces de la Corte tuvieron acceso al expediente, la causa todavía avanza con lentitud y podría esperarse una resolución recién a partir del año próximo.(Fuente:Infobae/ Por Pilar Safatle)
