Denuncian que Conte Grand protegió a un fiscal investigado por su actuación durante la dictadura

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) advirtió que el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, ordenó cerrar y archivar una causa contra el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, investigado por su actuación como agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (Dippba) durante la última dictadura cívico militar. Aseguraron que participó en “al menos 17 actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado”.
El organismo de derechos humanos ya había denunciado al fiscal por considerar una falta disciplinaria de gravedad institucional para un Estado de Derecho. En ese sentido, a través de un comunicado señaló que Conte Grand “cierra el trámite administrativo para investigar la actuación de un funcionario judicial de la democracia que fue parte de la maquinaria del terrorismo de Estado como “espía” de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”.
Para la CPM se trata de “otra decisión política que protege al fiscal y busca garantizar su impunidad” ya que Fernández Garello está acusado en el marco de una causa penal que tramita actualmente en el Juzgado Federal número 2 de San Martín por una denuncia de esta entidad.
De acuerdo a la propia investigación de la Comisión, durante la última dictadura el ahora fiscal general de Mar del Plata, se desempeñó primero como oficial ayudante y luego como oficial subinspector en la delegación de San Martín de la Dippba. Sólo entre 1978 y 1982 participó en “al menos 17 actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado”.
El entonces oficial subinspector participó del operativo conjunto, coordinado con oficiales de la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, como también de otras diligencias posteriores. También en acciones de espionaje político y gremial, e infiltración en organismos de derechos humanos.
A pesar de todo ese prontuario y de las pruebas, Conte Grand cerró y archivó la investigación. La CPM informó que funcionario de la gobernadora María Eugenia Vidal, decidió priorizar sobre las pruebas documentales, las declaraciones del fiscal quien redujo su actuación al asegurar que realizó “tareas administrativas”.

Para el organismo de derechos humanos, el funcionario bonaerense “fundó su decisión en meros formalismos y razones endebles que no sólo desconocen la gravedad institucional de este hecho sino que van contra las mismas obligaciones que tiene la Procuración”.

 

 

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