Deberá ser sancionado en el Senado Bonaerense
Fue presentado por un legislador massita del FdT y la aprobación definitiva depende de Juntos por el Cambio que es mayoría en la Cámara de Senadores – Declaraciones de campaña electoral del Intendente Gastón que recuerdan aquello de “menos cintura que un pollo”
En nuestra edición de la víspera informamos que el Intendente Javier Gastón había anunciado por las redes sociales que, de acuerdo a lo sin duda a nuestro criterio corresponde, la provincia de Buenos Aires se haría cargo, de la deuda del juicio de la rifa del campo, organizada por cooperadoras de escuelas rurales en el año 1995.
Señalamos al respecto que el pago de la rifa debería haberlo asumido el gobierno bonaerense desde el principio, dado que las cooperadoras son controladas por la Dirección de Cooperación Escolar, que depende de la Dirección General de Cultura y Educación, al igual que el Consejo Escolar que también estuvo involucrado, no habiéndose realizado, según entendemos, las acciones que correspondían por parte de los funcionarios de la Gobernación Provincial, en ese entonces a cargo de Eduardo Duhalde.
Recordamos además, que por el contrario se centró la acción judicial en un error, ciertamente cometido por el Municipio, durante la gestión del Ing. Juan Carlos Salas, al autorizar en forma incorrecta la rifa; hecho que en un poco entendible proceso judicial terminó poniendo en riesgo los bienes de la Comuna y no de la Provincia.
Es un proyecto de ley aprobado en Diputados
Ahora se sabe que el anuncio de Gastón en realidad no es una decisión del Gobernador Axel Kicillof, sino un proyecto de ley del diputado massita Rubén Eslaiman (FdT), que tuvo esta semana media sanción en la Cámara Baja y encomienda al Poder Ejecutivo “a practicar las adecuaciones presupuestarias” para dar cumplimiento a lo establecido en la sentencia definitiva dictada en esa causa que tramita en el Juzgado Civil y Comercial Nro. 27 de La Plata.
De sancionarse la ley, la Provincia de Buenos Aires deberá afrontar el pago de “hasta $ 250.000.000” más accesorios, costos y costas.
Al respecto, el Jefe Comunal de Chascomús, a través de los medios de prensa, puso de relieve que “es un alivio que la ley (nr proyecto de ley) por la rifa Chascomús haya sido aprobada por unanimidad” y se mostró confiado en que en la segunda quincena de noviembre la iniciativa se convierta en ley, durante su tratamiento en el Senado Bonaerense.
“Menos cintura que un pollo”
No obstante en sus declaraciones, y en el marco de la campaña electoral aunque él lo niegue, Gastón quiso reivindicar para su gestión municipal el avance del proyecto y no tuvo mejor idea, en declaraciones periodísticas, que cargar las tintas sobre las acciones del ex Intendente Salas y la ex Gobernadora Vidal por el veto en el año 2017 a una ley que en el mismo sentido abordaba la cuestión, sin tener en cuenta que la comunidad de Chascomús necesita que efectivamente se concrete la aprobación en el Senado Bonaerense, donde la mayoría es de Juntos por el Cambio, frente político al que pertenecen justamente Vidal (PRO) y Salas (UCR).
En definitiva, lo que en la calle se define como “menos cintura que un pollo”.
Habrá que esperar como finalmente se define la cuestión, aunque sería justo que la ley no se presentara como un salvataje a Chascomús, sino como una aceptación por parte de la Provincia de la responsabilidad que le toca.
Antecedentes
El caso se inició en 1995 cuando las cooperadoras de tres escuelas rurales, a través de un privado y con la participación del Consejo Escolar, decidieron realizar una rifa cuyo premio era una fracción de terreno de 327 hectáreas, del que resultaron beneficiadas dos vecinas de Lezama: Sonia Dellavedova de Godoy y Clorinda Sandoni, fallecida.
Pero las ganadoras no pudieron escriturar el bien a su nombre porque el campo, de hecho, sólo contaba con un boleto de compra venta tramitado por el particular que había comprado el lote y organizado la rifa, y antes del sorteo hipotecó el terreno, que tiempo después resultó rematado judicialmente y hoy está en manos de otro propietario ajeno a la cuestión; sin que la Dirección Provincial de Cultura y Educación haya efectuado control alguno.
A esto se sumó que la gestión comunal de entonces cometió dos significativos errores: permitir la venta de 2.000 números en lugar de los 1.000 avalados por ordenanza, y no verificar que el campo estuviese escriturado.
Por todos esos motivos, las dos ganadoras no pudieron cobrar el premio e iniciaron una acción judicial que culminó con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que obligaba a la comuna, que no organizó la rifa sino que la autorizó, a pagar el premio.
