Se labraron 79 actas por no respetar los valores establecidos por la resolución de Precios Máximos
Mientras el Gobierno intensifica los controles de precios en todo el país, la Secretaría de Comercio Interior detalló este viernes que realizó —en lo que va del año— más de 1.500 fiscalizaciones en empresas, comercios de proximidad y supermercados para controlar el cumplimiento de precios y el normal abastecimiento de productos.
Entre el lunes y el jueves de esta semana se realizaron 174 inspecciones y, como resultado, hubo 22 “clausuras preventivas” por incumplimiento de la resolución de Precios Máximos. Según detallaron, el trabajo fue llevado adelante a través de relevadores de la Secretaría de Comercio Interior en coordinación con los equipos de fiscalizadores de las provincias y los municipios.
Entre el lunes y el jueves de esta semana se realizaron 174 inspecciones y, como resultado, hubo 22 “clausuras preventivas” por incumplimiento de la resolución de Precios Máximos
“El objetivo de estos controles es verificar que el sector privado cumpla con las regulaciones emitidas desde la Secretaría de Comercio Interior, que tienen como fin proteger el bolsillo de las y los consumidores. Lo mismo ocurre con los relevamientos que se realizan para supervisar la correcta implementación en comercios y supermercados de los distintos acuerdos de precios, con el espíritu de corregir eventuales incumplimientos y hacer llegar de manera efectiva las políticas de administración de precios y abastecimiento a todos los hogares argentinos”, señalaron desde el organismo.
De acuerdo al detalle, durante las inspecciones que se realizaron esta semana se labraron 79 actas por no respetar los valores establecidos por la resolución de Precios Máximos y no presentar declaración jurada con la lista de precios correspondiente. Cuando las dispersiones de precios se verifican en más de 10 productos se procede a una clausura preventiva, por 24 horas, para que los comercios normalicen la situación. “Desde el lunes al jueves en estas inspecciones se realizaron 22 clausuras preventivas. Las inspecciones se realizaron en empresas de insumos; comercios de proximidad y sucursales de cadenas de supermercados”, indicaron.
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El Gobierno creó un nuevo organismo, el Consejo Federal de Comercio Interior, para reforzar las fiscalizaciones
Desde que comenzó la pandemia del covid-19 en marzo del año pasado, la Secretaría de Comercio Interior, junto con las provincias y los municipios, realizó más de 34.000 operativos de fiscalización de precios y abastecimiento de productos esenciales (alimentos, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza) en comercios, fábricas y supermercados de todo el país. De este total, los fiscalizadores labraron más de 4.000 actas por infracciones a los precios máximos y realizaron más de 600 clausuras preventivas por incumplimientos en los precios.
Mientras las cifras de la inflación crecen, el Gobierno continúa intensificando las políticas para controlar los precios. Esta semana, además, se conoció una convocatoria a movimientos sociales para una campaña de auditorías en las góndolas de los supermercados. Y luego, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el ministerio de Desarrollo Productivo creó un nuevo organismo: el Consejo Federal de Comercio Interior, con el objetivo de reforzar las fiscalizaciones en todo el país.
Desde la Secretaría de Comercio Interior de la Nación señalaron que el Consejo Federal de Comercio Interior (Cofeci) tendrá el objetivo de “establecer y aceitar” mecanismos para la aplicación de políticas públicas relacionadas con el comercio en todo el país. “Este nuevo organismo le da un marco legal a la tarea de coordinación y fiscalización que se viene llevando adelante con todos los distritos del país”, detallaron.
El Cofeci trabajará sobre políticas entre las jurisdicciones nacionales y locales en materia de precios, abastecimiento, lealtad comercial, competencia desleal, publicidad, metrología legal y sus respectivas fiscalizaciones. Según establece la resolución 145/2020, está integrado por las autoridades de aplicación provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires y por el consejo la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores en representación de la autoridad nacional.
