Espionaje: el juez Villena podría quedar complicado en la causa

Se investigan presuntas maniobras destinadas a vigilar a Cristina Kirchner; mañana y pasado mañana declararán como imputados Majdalani y Arribas

La causa por el espionaje ilegal sobre Cristina Kirchner escaló hasta lo más alto de la AFI macrista, con las indagatorias de Silvia Majdalani -mañana- y de Gustavo Arribas -pasado mañana-, pero el expediente puede alcanzar al juez que tuvo en sus manos parte de la investigación, Federico Villena, apartado por parcialidad, dijeron fuentes judiciales.

Villena jura que nunca ordenó espiar a Kirchner y que fue engañado por los espías que colocaron informes falsos en su causa, seis meses después, para dar cobertura judicial en su expediente a sus acciones ilegales.

Majdalani y Arribas no van a hacer fácil la investigación. Ya plantearon que el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge y la fiscal Cecilia Incardona son incompetentes para investigar el caso porque las tareas de inteligencia investigadas y las actas con información falsa producidas por la AFI sucedieron en la ciudad de Buenos Aires.

El centro del debate son las tareas de inteligencia efectuadas sobre Cristina Kirchner en su casa y en el Instituto Patria. La hipótesis que maneja la Justicia es que cuando la policía que custodiaba el Patria denunció el 7 de agosto de 2018 que vigilaba a Cristina Kirchner, la AFI redactó un informe de inteligencia con datos falsos, que incluía seis hojas en las que se mencionaba que se había detectado una amenaza contra la vicepresidenta y que se la había descartado.

Ese informe terminó en la causa en la que el juez Villena había ordenado tareas de inteligencia para custodiar a las comitivas que llegarían al país en esa época por la reunión del G-20.

Por eso están dando una batalla legal para llevar el caso de la Justicia Federal de Lomas de Zamora a Comodoro Py. Majdalani, con el patrocinio del abogado Juan Pablo Vigliero, se presentó ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien ya investigó esas tareas de inteligencia y la sobreseyó, para decirle que pida la causa de Lomas. Y avisó al juez Auge que le iban a reclamar la inhibitoria. Pero Martínez de Giorgi le dijo que no, que ese caso estaba cerrado y que no correspondía.

Un revés similar recibió Majdalani en Lomas de Zamora, donde el juez Auge le dijo que no correspondía la inhibitoria y la fiscal dictaminó que ese planteo no suspendía la indagatoria de mañana, con lo que la esperan con un largo cuestionario.

Con la misma estrategia, pero otra táctica, Arribas presentó en la Cámara Federal porteña un escrito para que se sortee qué juez de Comodoro Py debe intervenir en el caso, pues argumenta, con el patrocinio de su abogado Alejandro Pérez Chada, que todos los hechos investigados ocurrieron en la Capital. Salió sorteado el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti.

Antes de decidir si reclama el caso, la jueza le pidió opinión al fiscal en turno Carlos Stornelli. Stornelli dijo que hay que certificar las causas de Auge, tanto la que investiga el espionaje a Cristina Kirchner como la del espionaje sobre periodistas y políticos que tenía Villena, que ahora son todo un expediente.

Mientras esto se resuelve ambos serán indagados. La fiscal entiende que los dos extitulares de la AFI son responsables del espionaje ilegal sobre Kirchner, de las tareas posteriores para darle una cobertura legal y de haber colocado información falsa en documentos, para respaldar esa cobertura.

Testimonios y sospechas
Las evidencias contra Majdalani se basan en las presentaciones de cinco testigos que declararon con reserva de identidad, en las afirmaciones que hizo Alan Ruiz -exdirector del grupo operativo de espías que hicieron esas tareas-, los audios de WhatsApp grabados para otros agentes y las afirmaciones que hizo en su defensa Martín Coste, el director de Contrainteligencia de la AFI, entre otras pruebas.

Según surge del auto de procesamiento del agente Ruiz, que enviaba informes vía contrainteligencia a sus superiores de la vigilancia sobre Cristina Kirchner, señaló que «Silvia Majdalani pedía novedades de vez en cuando». Y cuando le pidieron profundizar dijo que «pedía informes sobre todo y en cuanto al caso en concreto, también, de todo». Para el juez está probado a esta altura de la causa que Ruiz tenía un vínculo directo con Majdalani, según el procesamiento. Testigos de identidad reservada dijeron que hacían tareas especiales que les pedía Ruiz, supuestamente a pedido de Majdalani. «Siempre él se vanagloriaba de la relación directa que tenía con Majdalani» […] «Alan Ruiz recibía, según él, desde el área de Majdalani, cosas, objetos o equipamiento que eran para este sector externo» […] «Alan Ruiz tenía contacto directo y recibía órdenes directas de Majdalani» […] «Ella en ocasiones lo llamaba directamente a él o él decía que tenía reuniones con ella y se iba supuestamente para la sede central y, por otro lado, luego te enterabas de que él efectivamente había ido a la sede central […]. «Además, él todo el tiempo invocaba a la 8 y nadie contradijo esto». Dijeron que era la mano derecha de Majdalani y que reportaba a ella, sin seguir la cadena de mandos.

Pruebas reunidas
Para el juez está claro que «las órdenes particulares habrían sido impartidas a Alan Ruiz, en principio, por parte de Majdalani, lo que no solo se funda en la existencia de esa relación directa mencionada previamente, sino también por el hecho de que la prueba reunida para este conjunto de acciones de inteligencia demuestra que los informes confeccionados, en los que se plasmaban los resultados de esos espionajes ilegales, eran remitidos al equipo de Ruiz y, posteriormente, este se los elevaba a Silvia Majdalani».

La Justicia sospecha que, en realidad, los espías apostados en la puerta de la casa de Kirchner y del Instituto Patria, y que fueron descubiertos, buscaban fotografiar la entrada y salida de personas con bolsos o valijas.

Había estallado el caso de los cuadernos de la corrupción y buscaban documentar la entrega de los bolsos, según dijeron agentes de la AFI que declararon en la causa como testigos de identidad reservada.

Para esa misión había colocado hombres las 24 horas y estacionado un auto Volkswagen Voyage con una cámara automática escondida que grababa todo lo que ocurría en los domicilios.

Cuando se hizo la denuncia del espionaje ilegal sobre Cristina Kirchner, intervino el juez federal porteño Martínez de Giorgi. Este magistrado consultó con Villena, quien le dijo que efectivamente estaba llevando adelante una causa con la AFI, en la que se habían ordenado de manera genérica tareas de inteligencia para proteger a los mandatarios del G-20. No se certificó en detalle el contenido del expediente. Con esta información, Martínez de Giorgi entendió que no había delito en la presencia de esos autos y sobreseyó el caso.

Pero, ahora, el agente Ruiz, los testigos de identidad reservada y el director operacional de contrainteligencia Coste dijeron que habían escrito un informe falso y que lo colocaron en el expediente de Villena que tramitaba desde 2017.

Mediante esas seis carillas que mencionaban supuestas amenazas (inexistentes) descartadas contra Kirchner, Graciela Ocaña y Waldo Wolff entre otros, blanqueaban la vigilancia ilegal.

Arribas pidió informes cuando se ventiló en los medios en 2018 que vigilaban a la expresidenta Kirchner. Le informaron que era en el marco del expediente de Villena y así lo aseguró ante la comisión bicameral del Congreso, en un acta que lleva su firma y la de Majdalani. Por eso lo acusan de falsedad ideológica de documento público. En su entorno destacan que es el único lugar donde aparece su firma.

Ahora la Justicia debe determinar si los espías seguían órdenes superiores y si Villena fue engañado por los agentes que buscaron meter en su causa la justificación de sus tareas ilegales. Villena jura que nunca ordenó espiar a la vicepresidenta y que fue engañado.

Pero la fiscal Incardona cree que puede ir más allá en la investigación y no solo escalar en la estructura de la AFI y el gobierno anterior, sino en su juzgado vecino, en una causa donde ella misma era la fiscal. (La Nación – Por: Hernán Cappiello)