Suma otra elevación a juicio oral
Parte de ese material ferroviario está en Chascomús, en el predio de la fábrica EMEPA, y el resto se encuentra en La Plata, Retiro, Remedios de Escalada y otras partes del país.
Julio De Vido suma otra elevación a juicio oral. En este caso, el juez Julián Ercolini requirió ese trámite en la causa en que se investiga la compra de trenes a España y Portugal, rechazando una serie de pedidos de nulidad.
Ercolini en una resolución de trece páginas consideró que tanto De Vido como Retuerto Castaño «cada uno desde sus respectivos cargos, diseñaron e implementaron un plan de modernización ferroviaria que, mediante la suscripción de una serie de actos jurídicos, determinó un perjuicio patrimonial a la administración pública».
En este contexto, sostuvo el magistrado, se celebraron diversos convenios que determinaron la comprador parte del Estado de material ferroviario cuyo precio y utilidad fueron claramente perjudiciales -y en muchos casos inservibles- para el patrimonio nacional y para el parque ferroviario».
Nada podría haber ocurrido según el juez sin los funcionarios de la CNRT responsables de «confeccionar y avalar los informes, memorandum y análisis de precios, pese a su manifiesta imprecisión y falta del respaldo documental», generando un gran perjuicio económico contra las arcas del Estado.
El ex ministro kirchnerista está acusado por el delito de administración fraudulenta «agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública» por un monto de casi 102 millones de euros. La adquisición de los «trenes chatarra» se concretó entre julio de 2004 y marzo de 2012.
De Vido suma así su segundo juicio, ya que a fines de septiembre arrancará el debate oral por la tragedia de Once.
Hoy, la mayoría de esos trenes están desarmados, quemados y deteriorados por la falta de mantenimiento. En otras palabras, son chatarra.
Material en Chascomús
Parte de ese material ferroviario está en Chascomús, en el predio de la fábrica EMEPA, y el resto se encuentra en La Plata, Retiro, Remedios de Escalada y otras partes del país.
Pedido del fiscal federal
El fiscal federal Federico Delgado había pedido hace tres semanas que se cerrara la investigación. También lo había solicitado la Oficina Anticorrupción.
Delgado también había solicitado la elevación a juicio oral de esta causa en la que se investiga la compra de material ferroviario, en la que según determinó un informe oficial el material era inservible: «Algunas ruedas estaban muy gastadas», «a los frenos, convertidores y equipos de aire acondicionado les faltaban componentes», «algunos coches estaban muy oxidados», entre otras irregularidades.
«Se trata de la compra de material ferroviario en malas condiciones con el alegado propósito de dar trabajo para reactivar la tradicional industria ferroviaria en nuestro país y, en consecuencia, mejorar el servicio de transporte. No obstante el sector no se reactivó, el servicio no mejoró y se adquirió material en malas condiciones. Por lo tanto, se causó un perjuicio a las arcas públicas», describió Delgado en su pedido de elevación a juicio.
El requerimiento de elevación incluye a Carlos Retuerto Castaño, Subgerente de Inversiones de la Gerencia de Concesiones Ferroviarias de la CNRT, a quien lo acusa de «dolosamente escribió que no vio lo que en realidad vio», respecto a la supervisión del material que se compraba, «permitió los pagos anómalos, ya que fue quien inspeccionó y confeccionó informes sobre el material que adquirió el Estado».
En este expediente, De Vido está procesado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y como partícipe del cohecho, ya que Jaime y su testaferro Manuel Vázquez cobraron €2 millones en coimas que se canalizaron a través de la empresa CAESA.
Para el fiscal Delgado, De Vido «conservó en todo momento el dominio de la situación» y «manejó el desarrollo de los sucesos tanto en el plano específicamente material, como en el del diseño jurídico».
causa investiga la compra, entre 2007 y 2011, a empresas de Portugaly al gobierno de España locomotoras y furgones por más de €102 millones (€76.313.108.85 se le pagaron a España y €25.639.896 a Portugal).
Según un estudio de la Auditoría General de la Nación (AGN), en aquella compra se pagaron sobreprecios de hasta un 171% y además no hubo controles cuando los trenes llegaron al país. En tanto, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) detectó que de las 46 unidades, 36 estaban fuera de servicio y 10 para desguace.
De Vido ingresó a la causa en una segunda tanda. Para entonces ya estaban procesados Jaime, Vázquez y Ricardo Testuri, un ex funcionario del área de Transporte que controló el material rodante.
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