Conflicto de intereses
Ramiro González acusó al ministro por «falsedad ideológica y omisión en sus declaraciones juradas».
El fiscal federal Ramiro González, vecino de Chascomús, hizo lugar a la denuncia realiza por el abogado Daniel Igolnikov contra el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, por haber participado de un conflicto de capitales públicos y privados al tener «poder de decisión en la empresa Farmacity».
El funcionario nacional quedó imputado bajo la sospecha de haber cometido «falsedad ideológica y omisión en sus declaraciones juradas» y, según le aclararon a Clarín fuentes judiciales, la investigación recién inicia y «hay que avanzar con una serie de medidas para determinar qué ocurrió».
Farmacity es una empresa fundada por Quintana y «habría sido favorecida como proveedor de PAMI, por lo que se consideró afectada la ética pública», señala la denuncia inicial.
Entre otros hechos que son parte ahora de la investigación que abrió el fiscal González, se planteó una «presunta adulteración de documentación» en que habría incurrido el ministro con el fin de «habilitar las farmacias de Farmacity en la Provincia de Buenos Aires»
También se indicó que hubo «supuestas influencias en la Corte Suprema de Justicia para controvertir el rechazo a la presunta violación de la ley que rige la profesión farmacéutica».
Además, el fiscal federal chascomunense hizo lugar a otra denuncia sobre que “la provisión de un remedio es inapropiado dado que el proveedor de medicamento es una sociedad comercial en este caso, haciendo expresa mención sobre los supuestos manejos que Quintana haría al respecto».
Por eso el perjuicio se generaría «no solo a los laboratorios medicinales, sino a los boticarios y a los consumidores de remedios, cuyo mayor comprador es el PAMI, o sea millones de jubilados y pensionados”.
Por estas acciones, en la denuncia se planteó que existiría una «violación a las normas de competencia comercial ya que los kioscos no pueden vender medicamentos y en cambio Farmacity sí podría vender productos como si fuera uno».
En este contexto, González solicitó una batería de medidas de prueba para determinar a qué delitos responden las acciones de Quintana, ya que entre otras cosas se acusó al funcionario de tener participación en las empresas Partner SA, poseedora del porcentaje mayoritario de Farmacity, y Pegasus SA, que el funcionario no habría incluido en su declaración jurada. (Fuentes: Clarín y El Destape Web)
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