La negociación incluyó en las últimas horas una oferta de mejora salarial que comprendía un bono de $60.000 por única vez, una revisión salarial del 2020 y subas previstas para 2021.
“Se propuso que la revisión del año en curso por dos meses sea del 10% (4% en noviembre y 6% en diciembre), que se abonará como suma fija no remunerativa, pero que pasaría al básico a partir de enero 2021”, indicó la cámara aceitera CIARA.
Para 2021, se propuso 25% en tres tramos hasta julio (13% enero, 6% abril y 6% julio). “La propuesta fue rechazada de inmediato. Eso hace pensar que los sindicatos hacen política”, se quejó un allegado a las negociaciones por el sector empresarial.
La propuesta incluía un bono por la pandemia (por única vez, no remunerativo) de $60.000 en cuotas mensuales. Pero los sindicatos habían reclamado un bono de $70.000 y otro por la pandemia de $100.000. La medida de fuerza sigue complicando la logística de toda la cadena agroindustrial.
El paro lo llevan adelante la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, el Sindicato de Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA) y la Unión Recibidores de Granos y Anexos (URGARA).
Daniel Yofra, secretario de la Federación, dijo que los gremios pretenden 25% a partir de enero para alcanzar los 93.000 pesos del sueldo básico, mientras las empresas querían otorgar esa suba de forma escalonada hasta julio. Ante la falta de acuerdo, Yofra dijo que “el paro es por tiempo indeterminado”.
El Ministerio de Trabajo quiso mediar en el conflicto la semana pasada pero no hubo acuerdo. Antes del rechazo gremial, desde la cámara aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) habían mostrado su confianza en poder “solucionar la extensa huelga que paraliza agroindustrias y terminales portuarias”.
Se estima que hay más de 150 barcos a la espera de poder embarcar granos y subproductos por unos 1.800 millones de dólares. El conflicto impacta también sobre los productores: los Centros de Corredores de Cereales de Buenos Aires, Bahía Blanca, Rosario, Santa Fe y Entre Ríos alertaron sobre el impacto negativo sobre la cadena de pagos por la inactividad en los puertos. (DIB)
