Jueza define mañana si desalojan a militantes de Grabois del campo de Etchevehere

El campo Casa Nueva, eje de la polémica entre los Etchevehere y con los militantes de Grabois.

La jueza del Superior Tribunal de Apelaciones de Paraná María Carolina Castagno decidirá mañana si los militantes del Proyecto Artigas que permanecen en el campo Casa Nueva deberán desalarlo como piden José Luis Etchevhere y su madre Leonor Barbero Marcial de Etchevehere o pueden permanecer, como sostiene su hija Dolores, que les dio ingreso.

La jueza Castagno dictó el cuarto intermedio en una audiencia que realizó el Superior Tribunal de Justicia entrerriano, que expirará mañana a las 10, cuando deba expedirse sobre el pedido de desalojo, que en una primera instancia había sido denegado por el juez Raúl Flores, quien luego fue recusado por la defensa de José Luis Etchevehere.

Durante la audiencia de esta mañana, los fiscales Oscar Sobko y Mónica Carbona, plantearon que Dolores Etchevehere “No tiene ningún derecho a actuar por las vías de hecho, por la fuerza, la violencia, la intimidación, el abuso de confianza y el engaño”,  en relación a su ingreso con militantes del Proyecto Artigas al predio.

Dolores Etchevehere aduce que actuó de esa manera porque las tierras donde permitió el ingreso a los militantes que responden a Juan Grabois le pertenecen porque las heredó de su padre, Luis F. Etchevere, fallecido en 2009. Su hermano y su madre lo niegan: aducen que Dolores vendió esa parte de su herencia hace dos años.

Por su parte, los abogados de Dolores Etchevehere, Lisandro Mobilia y Daniela Verón -que forman parte de la defensa a cargo de Grabois-, apuntaron a la fiscalía, defendieron al juez Raúl Flores (que fue recusado por la familia) y denunciaron “aprietes y extorsiones” contra Dolores. “El proceso sucesorio no está resuelto”, enfatizó Mobilia.

Mientras tanto, el Proyecto Artigas -que integra Dolores- advirtió en un comunicado que “la audiencia estipulada con la presencia de representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia deja en evidencia que ese organismo no tiene perspectiva ni formación en relación a las distintas formas de violencia de género que determina la ley”. (DIB)