La Corte cita a una conciliación entre Nación y Ciudad por el recorte de fondos

Convocó a una audiencia de conciliación para analizar la demanda porteña contra la decisión que el año pasado le quitó un porcentaje de la coparticipación.

La Corte Suprema de Justicia citó para el miércoles 21 a una audiencia de conciliación entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires para analizar el reclamo de la administración de Horacio Rodríguez Larreta por el recorte de fondos de coparticipación que dispuso el presidente Alberto Fernández el año pasado.

La convocatoria a la audiencia es el primer paso de una causa de alto impacto político que comenzó en septiembre del año pasado, con un recorte de acuerdo a datos de la Ciudad de $ 65.083 millones para este 2021, y fue el puntapié para el distanciamiento entre Larreta y Fernández, que hasta ese momento se habían mostrado trabajando en conjunto en la gestión de la pandemia de coronavirus.

A la reunión tendrán que asistir representantes de las dos administraciones, y será la primera vez que estarán frente a frente, ya que en enero el Gobierno porteño rechazó sentarse a negociar el recorte de fondos con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y su par de Economía, Martín Guzmán, quienes habían cursado una invitación. 

Todo comenzó cuando las protestas de la Policía Bonaerense en septiembre de 2020 forzaron al Gobierno de Axel Kicillof a conseguir una inyección de fondos para afrontar el costo fiscal de un acuerdo salarial con la fuerza. Para eso, contó con la ayuda de un decreto del Presidente, que había dispuesto el 9 de ese mes el descuento de 150 millones de pesos diarios de coparticipación.

Cabe recordar que durante su gestión como presidente, Mauricio Macri aumentó del 1,4% al 3,5% la coparticipación a la Ciudad, aduciendo que el incremento se debía al traspaso de las funciones de la Policía Federal a la órbita porteña. Tras asumir, Fernández aseguró que se trataba de un incremento desproporcionado y le quitó el 1,18% de ese total por decreto. Finalmente, la ley aprobada por el Congreso estableció un giro anual de $ 24.500 millones y estableció un método de actualización por inflación.

Desde el Gobierno porteño rechazaron el decreto y recurrieron a la Corte Suprema, quien ahora busca mediar entre ambas partes. Dispuso la audiencia con fundamento en el artículo del Código Procesal Civil y Comercial que señala que el tribunal puede “ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes”, aun cuando los interesados no lo hayan solicitado. (DIB) FD

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