La Procuraduría General de la Naciòn determinó hoy que la Corte Suprema de Justicia es competente para intervenir en la demanda que la Ciudad de Buenos Aires presentó ante el máximo tribunal para que no se interrumpa el dictado de clases presenciales en las escuelas porteñas.
La Corte le solicitó a la Procuraduría, a cargo de Eduardo Casal, que se expida sobre si era viable la intervenciòn del máximo tribunal. La consulta no tuvo que ver con un concepto sobre la entidad de la medida cautelar del Gobierno porteño, sino con la competencia de la Corte en el tema.
Aunque la Procuraduría no tenía un plazo definido para pronunciarse, lo hizo en tiempo récord, ya que sólo se tomò pocas horas para resolver.
Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno porteño, se presentó ante la Copa Suprema para expresar su queja por las restricciones impuestas por el presidente Alberto Fernández que, según la Ciudad, implican «una virtual intervención federal» sobre la Ciudad, así como también afirmó que «la suspensión de las clases presenciales dispuesta no se encuentra justificada en datos empíricos».
El recurso fue presentado ante el máximo tribunal a las 9:50, es decir diez minutos antes de que se diera inicio a la reunión entre el mandatario nacional y el porteño en la Quinta de Olivos para hablar sobre las diferencias de criterios ante el aumento de casos de coronavirus. La iniciativa tiene como objetivo que se declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 241/21 del Poder Ejecutivo Nacional, que comenzó a regir este viernes y que dispone la suspensión de las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades desde el 19 de abril hasta el 30 de abril inclusive, entre otras medidas.
Específicamente, la medida cautelar es contra el artículo 2 del DNU e incluye a toda otra disposición o reglamentación dictada en su consecuencia: la Ciudad pide que se le ordene al Estado Nacional que «se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el Decreto cuestionado».
Para el Gobierno porteño la determinaciòn del Presidente viola la autonomía de la Ciudad e implica «una virtual intervención federal», ya que afirma que la Nación «se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación». También señala que la medida «no es razonable, ya que la suspensión de las clases presenciales dispuesta no se encuentra justificada en datos empíricos, y resulta arbitraria porque obedece exclusivamente a la voluntad de quien detenta el Poder Ejecutivo Nacional». (Fuente: La Prensa)
