Semanas atrás se conoció una denuncia por abuso de autoridad por parte de una empleada contra su jefe, que fue ingresada por la mesa de entrada del Municipio.
Nos hemos tomado un prudentemente un lapso de tiempo a la espera que la Comuna, que tiene una dirección de Políticas de Género sensible a las opiniones de este diario,exprese públicamentesobre el particular, por supuesto sin nombres ni apellidos, que medidas se han tomado en relación a esta situación.
Sobre el hecho, de acuerdo a lo que se pudo conocer, estaría originado por diferencias políticas a partir de las cuales, la persona de mayor jerarquía, habría impuesto castigos a la trabajadora, no considerados adecuados por la misma, que finalmente terminó haciendo la citada denuncia.
En este marco, se supo que la empleada fue trasladada de su lugar de trabajo, pero no las condiciones en que se tomó la medida.
Respecto del jefe, no se han conocido medidas tomadas, ni tampoco se ha iniciado un sumario interno con testimonios de otros trabajadores del área.
El Municipio debe
dar el ejemplo
El Municipio ha venido durante los últimos meses instruyendo al personal de acuerdo a lo establecido por la Ley Micaela y sin ninguna duda debe dar el ejemplo en su actuación.
Ley Micaela
La Ley Micaela o Ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado (N° 27499) es una ley promulgada en Argentina en 2018 que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación en la República Argentina.
Fue resultado de la movilización social tras el femicidio de la adolescente Micaela García en 2017 y generó exigencias hacia los organismos del Estado en capacitación en perspectiva de género.
