Los jueces desplazados enfrentan un panorama adverso en la Corte

La Corte Suprema de Justicia dictará sentencia sobre los traslados de los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli dispuestos por el Gobierno, apenas la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechace su pretensión de regresar a sus cargos. Sin embargo, el escenario es adverso para los jueces, que intervinieron en causas contra Cristina Kirchner, especialmente por el trámite que tuvieron hasta llegar al máximo tribunal.

Aunque aún está en duda si el máximo tribunal irá contra los decretos de Alberto Fernández que los sacó de la posibilidad de incidir en las causas de corrupción kirchnerista o si les permitirá seguir en sus puestos y con sus investigaciones, con los antecedentes negativos que tiene el caso, los camaristas no son optimistas.

La Corte ha concentrado una gran expectativa por la cantidad de temas que podría tener en sus manos, en un momento de muchas disputas políticas. El caso de los jueces marcaría un indicio si en algún momento les llega a caer la reforma judicial. También en breve deberán abocarse al conflicto entre la Nación y la Ciudad. Pero por ahora los cortesanos envían la señal de que no están dispuestos a asumir un rol de árbitros de los problemas que la política no puede resolver.

En el caso de los tres jueces puede darse la paradoja de que, si la Corte falla en favor de ellos y regresan a sus tribunales, Cristina Kirchner no pierda, sino que gane. Pues tendría la posibilidad de trasladar a otros jueces del mismo modo que ellos mismos fueron trasladados y moldear su Poder Judicial con otras herramientas. ¿Advertencia o autojustificación? Solo la sentencia lo dirá. Ahora, de todos modos, si el fallo de la Corte sale en favor de uno u otro no importa: con esta lectura, Cristina ya ganó.

Como cuando la Corte le rechazó su pedido de certeza para saber si podía hacer sesiones virtuales, que significó un implícito aval para hacerlas. Aun cuando perdió, ganó.

Bruglia integraba un tribunal oral federal en Comodoro Py 2002; Bertuzzi, un tribunal oral federal de La Plata, y Castelli, otro en San Martín. Bertuzzi fue trasladado a Comodoro Py por un decreto de Cristina Kirchner y a la Cámara Federal por otro decreto de Mauricio Macri, casi al mismo tiempo que Bruglia en el mismo tribunal con un decreto similar.

Bruglia y Bertuzzi desde la Cámara Federal confirmaron el procesamiento de Cristina Kirchner en el caso de los cuadernos de la corrupción y Castelli fue sorteado para el juicio oral contra la vicepresidenta por ese caso. Por eso la oposición argumenta que el kirchnerismo quiere venganza y deshacerse de estos magistrados.

El kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura revisó los traslados de jueces de los últimos años y en diez casos decidió dar marcha atrás porque dijo que para el nuevo cargo no contaban con acuerdo del Senado.

Así, el Senado comandado por Cristina Kirchner les negó el miércoles a la noche un nuevo acuerdo a Bertuzzi, Bruglia y Castelli. Los otros siete casos ni los trató. Con vértigo, el presidente Alberto Fernández sacó horas más tarde, en la mañana del jueves, una edición especial del Boletín Oficial con tres decretos que llevan su firma para retrotraer a los camaristas a los lugares que ocupaban antes de 2017.

La secuencia se completó con la urgente reunión de la Cámara de Casación ese mismo mediodía del jueves, cuando decidió correr a los suplentes que ocupaban los cargos originales de Bruglia, Bertuzzi y Castelli para dejarles las sillas disponibles. En menos de 24 horas la operación se había completado.

Entre los camaristas domina el desánimo y no arriesgan que la Corte les vaya a dictar una sentencia en su favor, sobre todo por la vertiginosa sucesión de los acontecimientos, donde sospechan una concertada tarea de funcionarios del Poder Ejecutivo y hasta de jueces de la Corte para precipitar su salida.

Los tres camaristas recurrieron a la Justicia para evitar los traslados, pero sumaron fallos en contra en primera instancia. Fueron mediante un per saltum a la Corte para que el tribunal se abocara a su caso, pero los cortesanos les dijeron «téngase presente». No reunieron tres votos para tratar ese recurso tan inusual. En esa impasse, la política se llevó puestos a los tres camaristas. Ellos argumentan que deben permanecer en sus cargos porque si bien la política los puso ahí, la Corte ya dijo en 2017 que sus traslados eran válidos porque eran dentro de la misma competencia y materia igual o similar.

Ahora la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal tiene en sus manos el asunto. Probablemente la semana próxima falle en contra de los jueces una vez más. Aunque contraria, una rápida sentencia los habilitaría a llegar a la Corte en apelación, otra vez, ahora con un recurso extraordinario, el camino natural.

Ahí sí se pondrá a prueba el posicionamiento de la Corte: si reafirma sus acordadas y se enfrenta con tres decretos del Poder Ejecutivo para retrotraer los traslados o si deja las cosas como están, con los hechos consumados. La Corte va a fallar, no se va a hacer la distraída, pero los jueces tienen poca fe en que lo haga a su favor, sobre todo por la precisión con que se ejecutó su salida. Carlos Rosenkrantz, el presidente, ya dijo que la Corte tendrá la última palabra. Los jueces quieren creer que en su favor. Pero sería un giro dramático que no está garantizado. Sobre todo porque en la Corte subrayan siempre la secuencia de fallos negativos que cosecharon los magistrados desplazados en su recorrido judicial.

El Consejo de la Magistratura, el Senado y el Poder Ejecutivo se alinearon en una operación política, con guiño judicial, que una vez ejecutada con tanta precisión arrolladora, en dos meses es improbable que la Corte pueda parar.

Este fallo puede tardar unas semanas en ver la luz, pero el primer tema de la agenda de la Corte la próxima semana es el amparo que presentó el gobierno porteño para que le devuelvan los fondos coparticipables que le restó Alberto Fernández para pagar el aumento a la rebelde policía bonaerense. Rodríguez Larreta anunció la demanda el viernes pasado y siete más días más tarde el procurador Gabriel Astarloa la concretó. En el medio el Gobierno jugó otra vez y presentó un proyecto de ley que agrava la quita de coparticipación para la ciudad.

Ahora la Corte lo primero que hará es darle vista al procurador para determinar si el caso es de su competencia originaria, pero la discusión política de una ley referida a este caso puede incidir en el ánimo de los cortesanos para una decisión inmediata.(Fuente: La Nación)

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