En un comunicado de la IDEA, el exmandatario argentino y varios de sus pares de la región respaldaron a la sucesora de Evo Morales. Dijeron que “está detenida ilegalmente” por una condena sostenida “en un hecho que nunca existió”.
El expresidente Mauricio Macri y varios de sus pares en la región, como el chileno Sebastián Piñera y el uruguayo Julio María Sanguinetti, repudiaron este sábado la condena dictada en Bolivia a la exmandataria Jeanine Áñez, quien asumió en el gobierno luego de la crisis política y social desatada en el país latinoamericano en 2019. En un comunicado de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) que lleva su firma, entre otras, se indicó que “se trata de una acusación inventada sobre un hecho que no existió” y que la exfuncionaria “está detenida ilegalmente”.
“Los exjefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, a propósito del enjuiciamiento penal al que se encuentra sometida la expresidenta constitucional y de transición de Bolivia, Jeanine Áñez, hacen saber que para la democracia en la región es imprescindible el respeto de los derechos humanos como la garantía del Estado de Derecho”, comienza el texto y remarca: “Preservar el hilo constitucional y las reglas de sucesión en medio de toda crisis política, como lo muestra la experiencia en América Latina, es el antídoto contra las aventuras militaristas y sus golpes de Estado”.
A continuación, el documento recuerda que en noviembre de 2019 Áñez asumió la presidencia de Bolivia cuando ocupaba el cargo de segunda vicepresidenta de la Cámara Alta, fruto de la renuncia del presidente y del primer vicepresidente del Senado. Por ese motivo, los firmantes sostienen que “la línea de sucesión le correspondía legítimamente”.
Asimismo sostienen que “los poderes constituidos, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Constitucional Plurinacional, controlados por el partido de Morales (el Movimiento al Socialismo -MAS-), reconocieron el carácter constitucional de la presidencia de Áñez mediante sendas leyes que no sólo sancionó la Asamblea y promulgó la presidenta, sino que prolongaron su mandato hasta tanto se realizaran elecciones presidenciales”.
Posteriormente, la mandataria reconoció el resultado del proceso y dejó el cargo el 8 de noviembre de 2020, día de la posesión de Luis Arce, sobre quien afirman que “hoy reniega de sus palabras de reconocimiento del carácter constitucional de su antecesora, pronunciadas cuando era candidato, cuestionando así su propia legitimidad”.
El comunicado también señala que la validez de la sucesión de Áñez fue ratificada por el garante de la Constitución, el Tribunal Constitucional Plurinacional, que lo hizo de manera pública al recibirla para inaugurar el año judicial. Además, destaca el reconocimiento de la misma por parte de la comunidad internacional, incluidas las “Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, Turquía, Rusia, China y países de la región”.
Frente a todo lo expuesto, Macri y sus pares cuestionan: “Ahora, un juzgado local pretende sentenciarla, acusada por el fiscal general designado por Morales, que permaneció en el cargo durante la transición y reconoció abiertamente a Áñez como presidenta constitucional, imputándole haber promovido y llevado a cabo un golpe de Estado”. Y sentencian: “Se trata de una acusación inventada sobre un hecho que no existió. La expresidenta está detenida ilegalmente”.
Por último concluyen: “En consecuencia, ante la imposibilidad de que el Estado boliviano garantice justicia a la expresidenta Añez, y ante el enorme daño que significa para las democracias en la región criminalizar la preservación del hilo constitucional, consideramos que corresponde al secretario general de Naciones Unidas, a la OEA y la Unión Europea, como testigos y facilitadores de la transición constitucional presidida por la expresidenta Áñez, repudiar la intención de sentenciarla de forma arbitraria, abusiva, ilegal e inconstitucional”.
La condena de Áñez
La exmandataria fue condenada ayer a diez años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes en el “caso golpe de Estado II”, en el que se analizó su decisión de asumir la jefatura del Estado en noviembre de 2019. La condena, que deberá cumplir en la cárcel de Miraflores, fue el final de un extenso proceso, con numerosas interrupciones -algunas técnicas y otras relacionadas con la salud de Áñez- y constituye la primera resolución de relevancia sobre la salida del poder del entonces presidente Evo Morales.
Antes de escuchar la decisión de la Justicia, Áñez dijo que fue sometida a un “simulacro de juicio”, remarcó que actuaría “de la misma manera” si se repitieran las circunstancias por las que asumió la presidencia y denunció que al Tribunal “el poder político le exigía un juicio exprés para tener una sentencia exprés”.
Asimismo, se quejó de que se le negó “absolutamente todo” durante el proceso, lamentó “las exquisiteces” del Tribunal, que rechazó pruebas de su defensa y atribuyó esas actitudes a la necesidad de “tener el camino expedito para tener una sentencia condenatoria”. Asimismo insistió en que en 2019 hubo “vacío de poder” y recalcó que no movió “ni un dedo” para asumir el Ejecutivo.
Por su parte, tras el fallo judicial Morales escribió en Twitter: “Pese a las mentiras, chicanas e incluso actuaciones para decir que estaba enferma o a punto de morir, la justicia sentenció que Añez y sus cómplices asaltaron el poder con un golpe de Estado”. Aunque observó: “10 años de cárcel es una pena benigna en relación al daño que causaron a la democracia”.
