No permitamos el retroceso en la Educación Pública

Nota de opinión

Las recientes declaraciones de la Gobernadora María Eugenia Vidal interrogándose ante su auditorio“¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la Provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad?” han merecido el repudio de amplios sectores de la sociedad, dado que su indisimulable carga discriminatoria sobre los jóvenes de las barriadas populares, lesiona la dignidad de millones de bonaerenses con justa expectativa de superación no solo individual sino familiar y comunitaria.
La reacción del ámbito universitario y educativo en general, desplego de inmediato una respuesta que aun dentro de la diversidad,se ubicó en la defensa de la educación pública, inclusiva, de calidad, gratuita, popular, democrática y con sentido nacional y latinoamericano.
Las expresiones de Vidal desnudan un pensamiento profundo que podríamos decir es una reafirmación en la implementación de políticas públicas que tienen datos manifiestos en los componentes de gestión, sus fundamentos e incluso su apartamiento del estado de derecho al provocar un vaciamiento conceptual y operativo del marco normativo al cual debería sujetar sus decisiones.
Me permito un breve repaso por algunos antecedentes que conducen a las posiciones aludidas.
Durante el año 2016, en su gobierno se descendió en varios puntos el presupuesto de educación respecto al promedio de los últimos años, tendencia que se mantuvo los períodos siguientes.
Marco su prioridad en la primera infancia, y a pesar de que miles de niños y niñas entre 4 y 5 años no acceden a la educación inicial publica por falta de oferta y servicios adecuados, durante los años 2016, 2017 y lo que va del 2018 no se ha invertido para corregir esta situación respecto de la construcción de jardines de infantes.
En su incalificable declaración pública, la Gobernadora reafirma esta prioridad en una injusta contraposición con las políticas para adolescentes y jóvenes. Prueba de ello es el efecto provocado por las Resoluciones 1657/17 y 828/18 de la Dirección General de Educación y Cultura de la Provincia, por las cuales miles de jóvenes han perdido la condición de alumnos regulares del nivel secundario. Solo en el Distrito de La Matanza sobre diez CENS – Nivel secundario para jóvenes y adultos-, 640 jóvenes fueron excluidos del sistema con marcado desconocimiento sobre su trayectoria educativa.
En el mismo orden de ideas se inscribe el decreto de la Gobernadora N° 958/16 por el cual se crea la “Unidad para el desarrollo del Capital Mental”. Posiblemente indagando sobre esta decisión resulte menos sorprendente su estigmatización por los niños que crecen y se desarrollan en ámbitos de carencias económicas y fundamentalmente impedidos de ejercer plenamente sus derechos por ausencia responsable del Estado.
Dr. Norberto Liwski

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