Pagaron 1.500 millones de dólares y 13 mil millones de pesos por dos obras que no se terminarán

La semana pasada, el juez federal Daniel Rafecas procesó al detenido ex ministro de Planficación Federal durante el kirchnerismo Julio De Vido por «negociaciones incompatibles con la función pública», al considerar que favoreció a la constructora brasileña Odebrecht en contratos para la ampliación de los gasoductos Norte y Sur entre 2006 y 2008.
Para el juez Rafecas «no hay margen de duda» respecto al «rol esencial que tenía el ministro De Vido en relación a los procedimientos irregulares investigados», según el fallo.
«Es posible afirmar que De Vido no pudo carecer de conocimiento -cuanto menos, de los trazos más gruesos-, respecto del modo y la vía por la que la Constructora Norberto Odebrecht ingresó al desarrollo de las obras de infraestructura sobre las cuales, por cierto, el ministro tenía especiales responsabilidades en función de las misiones que le fueran encomendadas a su ministerio» por decreto presidencial, apuntó.
Los contratos para ampliar los gasoductos «fueron acordados bajo el condicionamiento establecido a través de las acciones singulares y conjuntas» del entonces funcionario ahora procesado.
La megaobra, con un presupuesto de 2.300 millones de dólares, estuvo a cargo de Odebrecht, la constructora implicada en el escándalo brasileño del «Lava Jato» por multimillonarios pagos de sobornos en distintos países para obtener obra pública.
Pero hasta la salida del anterior gobierno, se llevaban desembolsados 1.500 millones de dólares y unos 13 mil millones de pesos, según una publicación periodística que asegura que la obra no será retomada porque para el Gobierno de Macri no tiene sentido hacerlo, de modo que es dinero gastado que no generará ningún beneficio.
Para Rafecas, «todo el proceso licitatorio habría estado enderezado desde un principio a la adjudicación del negocio a Odebrecht». Rafecas dio por probado que hubo negociaciones incompatibles, un delito que prevé hasta seis años de prisión, y se dictaron embargos por un millón de pesos a los procesados.
«Existieron interferencias ajenas a los intereses de la Administración Pública en la medida de que se advierte la concurrencia de actos dirigidos a beneficiar» a Odebrecht, puntualizó el juez.
«Existen elementos para considerar, con el grado de certeza que esta etapa procesal exige» que De Vido «facilitó, en incumplimiento del deber de fidelidad en la correcta prelación de los intereses de la Administración pública, el desvío de la voluntad negocial de la Administración, plasmado en la actuación parcial de otros funcionarios públicos dependientes suyos», concluyó.
Todo se hizo «en favor de los intereses» de Odebrecht «compañía que finalmente resultó adjudicataria de los contratos de prestación de servicios requeridos» para la obra “Ampliación gasoductos TGS y TGN».
Desde el ministerio que condujo De Vido se creó el «marco normativo necesario», mientras que desde la Secretaría de Energía «se negoció con Odebrecht» y se llamó a una «licitación privada» mediante la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), subrayó el juez.

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