Procesan y embargan a Sabbatella por una distribución irregular de fondos

La justicia ordenó confiscar la suma de 10 millones de pesos al ex titular

El juez Luis Rodríguez, ordenó procesar y embargar por la suma de 10 millones de pesos a Martín Sabbatella por la distribución irregular de 9.906.010 pesos durante su gestión al frente de AFSCA. También procesó y embargó a la legisladora del Frente para la Victoria, Andrea Conde, quien se desempeñaba como directora de Proyectos Especiales del organismo oficial.
Al dictar el procesamiento, se dio por probado que “hubo un manifiesto desinterés por proteger los objetivos específicos plasmados en cada convenio”. “Estoy convencido que, con la totalidad de la prueba obrante en autos, en base a la diversidad de acciones ejecutivas en estudio y teniendo fundamentalmente en cuenta que las irregularidades detectadas por la SIGEN y constatadas por el Tribunal, debían haber sido observadas por las autoridades del AFSCA”, afirmó el juez.
Las conductas de quienes debían controlar y no lo hicieron “fueron realizadas con dolo directo y con el fin de procurar un lucro indebido para sí o para terceros”, agregó. “He de resaltar que los actos de los organismos y entidades estatales que pertenecen a la Administración Pública poseen un margen de actuación, es decir discrecionalidad (que no debe nunca entenderse como arbitrariedad) para evaluar la oportunidad, mérito y conveniencia de sus actos; sin embargo y tal como la SIGEN (órgano de contralor de la Administración Pública, entre otros) también resaltó, en esos casos resulta evidente el apartamiento de la misión establecida”, consideró el juez en el procesamiento.
En la investigación se dio por probada la irregular asignación de subsidios a cuatro organizaciones por parte de la ex AFSCA. Se trata del Foro Argentino de Radios Comunitarias, por 650 mil pesos; la Asociación Civil Cine en Movimiento de Morón (distrito donde tiene su base política Sabbatella), por 2,25 millones de pesos; la Cooperativa de Trabajo Activa Limitada, por 700 mil pesos; y la Asociación Civil Nueva Tierra para la Promoción Social y Pastoral, por 3,4 millones de pesos.
La acusación fue hecha por el fiscal federal Carlos Stornelli en base a una denuncia del Enacom basada en una auditoría de la SIGEN. Entre otras actividades, se financiaron actividades como “¿Qué significa para nosotros el kirchnerismo?”, consignó el magistrado en el fallo.
En el procesamiento, el juez Rodríguez destacó, por ejemplo, “los gastos realizados en concepto de taxis abonados en ciudades diferentes a las que se estaban llevando a cabo encuentros, denotan que hubo un manifiesto desinterés por proteger los objetivos específicos plasmados en cada convenio”.

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