Está encarcelado en Ezeiza por integrar una mega banda de funcionarios judiciales, exconvictos y barras dedicadas a realizar delitos.
El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) II de La Plata le denegó la excarcelación al ex juez de Garantías Cesar Melazo, detenido en el penal de Ezeiza, en la causa denominada de la “megabanda”, integrada por ex magistrados, policías, ex convictos y barras, que se dedicaría a cometer diversos ilícitos en la región de La Plata, al parecer con cobertura judicial.
En tal sentido, fuentes de Tribunales informaron hoy que la resolución dictada por los jueces del citado Tribunal (Silvia Hoerr, Santiago Paolini y Andrés Vitali) fue apelada a la Cámara por la defensa del imputado, a cargo de los abogados Christian Romano y Juan Pesquera.
En la apelación, la defensa considera errónea las razones que dio del Tribunal para mantener preso a Melazo, entre ellas que “de la objetiva valoración de la pluralidad hechos que se le endilgan en la causa que se le sigue, el tiempo que lleva en detención – desde el 24 de agosto de 2018- en relación a la magnitud de la eventual pena en expectativa de acuerdo a la calificación legal no aparece desproporcionado”.
“El error de interpretación se advierte fácilmente desde que con relación al plazo de duración de prisión preventiva que actualmente cumple Melazo, el TOC II tiene en cuenta que la Corte Interamericana como la Comisión Interamericana, han puntualizado que el concepto de ‘Plazo razonable’ es una fórmula flexible, pero no analiza que esa flexibilización lo es a partir de los dos años, y si se quiere prorrogable hasta 3, esa movilidad para encarcelar sin razón debe ceder por el mínimo de la escala punitiva. Ese argumento resultaría plausible si la pena que se estima en esta causa partiera de un mínimo mucho mayor al previsto. Sin embargo, ante un reproche posible, cuyo mínimo parte de 3 años, denunciamos que trasciende el umbral de lo arbitrario”, destacaron los defensores del ex juez.
“En el fallo -agregaron- en crisis no podemos mas que advertir meras excusas a modo de suplir la obligación que tienen los jueces de fundar y motivar sus resoluciones. Y ello tiene una explicación simple: no existen argumentos válidos para mantener el encarcelamiento de una persona a la que se presume inocente, con una lentitud despreciable de la justicia provincial y como si eso fuera poco, con ausencia de peligros procesales”.
También alegaron que “Melazo lleva detenido más de 3 años sin fecha de juicio. Por un delito que tiene su umbral punitivo en 3 años y el imputado carece de antecedentes penales. Y en el hipotético supuesto de una condena, con lo que lleva detenido quedaría en libertad hasta si le impusieren seis años de prisión”. Ahora el planteo será analizado por la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata.
Esta causa comenzó en el 2014, cuando la fiscal penal de La Plata Betina Lacki empezó a investigar el crimen de Juan Roberto Farías, que ocurrió el 1 de diciembre de 2010, en 44 entre 26 y 27). Al primer fiscal, Tomás Moran, lo desplazaron después de que uno de los acusados, Javier Ronco, denunció que le había pedido 30 mil dólares para desligarlo de la causa, a través de un abogado de La Plata. Moran es uno de los funcionarios que terminó procesado (fue detenido y permanece con arresto domiciliario) en una instrucción que se desprendió de la “megacausa”.
La hipótesis de Lacki es que Farías cayó bajo “fuego amigo” unos meses después de un espectacular escruche en la casa del director técnico de fútbol Roberto Zapata, en 13 entre 70 y 71, que los líderes de la banda habían ordenado “no tocar”.
El robo sucedió cuando Zapata y su familia festejaban un cumpleaños en un salón del centro de la Plata, entre cuyos invitados estaba Melazo. Los delincuentes entraron haciendo un boquete en el techo de la casa y forzaron una caja fuerte en la que, según se declaró entonces, había 60 mil pesos, alhajas y documentación.
La hipótesis es que Farías desoyó la orden de los jefes y quisieron generar una sanción ejemplificadora. También, sacarle la plata (una versión mencionó que habría sido, en realidad, una suma millonaria).
Después de cuatro años de una investigación que Lacki encaró con la Policía Federal porque había oficiales de la Bonaerense sospechados, en julio de 2018 se hicieron los primeros 18 allanamientos y nueve detenciones, entre ellas las de tres policías y hasta el hermano de un ex futbolista famoso.
El escándalo creció un mes después, con la captura de Melazo, Rubén “El Tucumano” Herrera (ex líder de la barra brava de Estudiantes) y Enrique “Quique” Petrullo.
Además de ellos tres, fueron detenidos y procesados el ex comisario de la Segunda de La Plata, Gustavo Abraham Bursztyn; el ex policía Gustavo Gregorio Mena; Javier Maximiliano Ronco (quien estaba con domiciliaria por el doble crimen de una pareja en el “Camino Negro”); Ángel Custodio “Pipi” Yalet; el ex policía Adrián Oscar “Quichua” Manes; Héctor Alfredo “Pepe” Vega; y Carlos Jorge Bertoni (hermano del ex futbolista, Daniel).
Martín Ezequiel “Gaucho” Fernández, Carlos “Macha” Barroso Luna, Marcos Chiusaroli, fueron liberados durante el proceso pero enfrentarán el juicio; mientras que Jorge Gómez de Saravia, alias “El Fiscal”, fue sobreseído.
La fiscal también pidió, en su momento, la detención a otro de los vinculados a la causa, el ex integrante de la Sala V del tribunal de Casación, el juez Martín Ordoqui, pero no se concretó porque el magistrado tiene fueros y ahora enfrenta un jury. (DIB)
