Se frena la reforma del sistema de salud que impulsa el kirchnerismo

Dos ministros de Alberto Fernández dieron por muerta antes de surgir la iniciativa del kirchnerismo duro por reformar el sistema de salud. «No se habló nunca en el gabinete», dijo uno de ellos, seco y tajante. «Es totalmente inoportuna», agregó el otro. Reforzó el rechazo al proyecto urdido en el Instituto Patria el titular de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), el organismo a cargo de controlar a las obras sociales. «Un sistema único e integrado es inviable», dijo Eugenio Zanarini al sitio Mundo Gremial. Zanarini, que se infartó el mismo 31 de diciembre en que el Presidente dejó sin efecto el aumento del 7% otorgado a las prepagas, es uno de los hombres de mayor confianza de Ginés González García.

Si bien en la cima del Gobierno se relativizó la maniobra kirchnerista, cuyo cerebro sería Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense, sucedió todo lo contrario en el sindicalismo. José Luis Lingeri, el hombre de la CGT que más sabe desde los años 90 sobre las obras sociales, peregrinó durante las últimas semanas por diferentes gremios para advertir que la tensión escalaba. El temor por perder la caja de la salud aquietó de manera fugaz la interna sindical. Hasta allegados a Hugo Moyano se comunicaron con Lingeri para tantear la viabilidad del proyecto que circula y que los gremialistas se lo adjudican a Kreplak. Solo el canillita Omar Plaini apoyó abiertamente la reforma kirchnerista. Plaini tiene una razón: la obra social de su gremio está al borde la extinción.

Kreplak promueve una reestructuración del sistema a través de una ley nacional y el surgimiento de un sistema integrado. Proyecta que una misma autoridad pueda tener injerencia en el Ministerio de Salud como en el PAMI, la ANMAT o la SSS, cambios en el manejo de los fondos y mayor control en los precios y las prestaciones.

«La Cámpora se quiere quedar con los aportes que hacemos al sistema de salud», alertó el titular de una de las obras sociales sindicales más grande del país. Argumentó su inquietud con uno de los puntos de la iniciativa que más escozor causó y que hace referencia a la recaudación.

Dice el borrador: «Poner en marcha el sistema de recupero de las prestaciones realizadas por entes estatales a subsectores de obras sociales y de medicina prepaga: el subsector público obtendrá una remuneración por los servicios prestados a beneficiarios de la seguridad social y de seguros privados en el caso de las obras sociales con las que se celebren convenios se realizarán descuentos promedio de hasta un 33 % de los valores de mercado o de nomenclador definido, que podrá considerarse un subsidio explícito del Estado a la seguridad social y a los trabajadores a cambio de un sistema de cobro automático de lo facturado desde la misma recaudación AFIP o en su defecto desde la SSS de todas las prestaciones». Los gremios temen perder así el dinero que se atesora en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), una caja que se alimenta del aporte obligatorio que se les retiene a los trabajadores de sus respectivos salarios.

En la CGT sospechan que el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se prepara para suceder a González García, golpeado por sus desaciertos en la gestión de la pandemia. Kreplak quedaría así como número uno en la provincia y de esa manera Cristina Kirchner habría copado toda el área con tropa propia. Son por ahora elucubraciones que hierven en las tertulias sindicales.

La pandemia dejó al descubierto las falencias del sistema de salud y la falta de retribución salarial de los profesionales y especialistas que se desempeñan en el sector. El déficit es cada vez mayor y las obras sociales no logran ni siquiera cubrir el Programa Médico Obligatorio (PMO) por el alto costo de los tratamientos y medicamentos. Especialistas, gremios y fuentes oficiales advierten sobre una pérdida de entre 1000 y 2000 millones de pesos mensuales. El rojo financiero puso en jaque a más de un tercio de las 290 obras sociales sindicales registradas. En medio de este debate, el Gobierno volcó ayer $228 millones para distribuir entre 46 obras sociales gremiales.

«Al sistema hay que ponerle plata, ya sea por arriba o por abajo», sugirió un jerárquico de la CGT con diálogo diario con el gabinete de Fernández. ¿Qué proponen los gremios? Dos alternativas: elevar los aportes de los trabajadores y de las empresas o que el Estado subsidie algunas de las prestaciones. La gestión por la suba de los aportes comenzó en septiembre pasado y podría reencauzarse en las próximas semanas. La intención de los gremios sería elevar del 3% al 4% los aportes de cada trabajador que se descuentan del sueldo bruto y del 6% al 7% los del empleador. En paralelo, se negocia para que el Estado auxilie a las prestadoras médicas en los tratamientos por discapacidad. Nada está definido.

Blindaje al empleo

En el Gobierno hubo hasta el miércoles pasado dudas reales sobre extender la prohibición de despidos y la doble indemnización. La medida que extiende el cepo laboral, como lo llaman en la jerga algunos empresarios, se oficializaría pasado mañana o el martes en el Boletín Oficial. El Presidente lo firmaría hoy en Olivos después de revisar la letra chica con Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica, y Claudio Moroni, ministro de Trabajo. El eventual pago de la doble indemnización, que regiría hasta fin de año, tendría como novedad que habrá un tope como recargo. Será de $500.000, según el borrador oficial.

La CGT jugó fuerte para que se prolonguen las medidas con advertencias casi apocalípticas. En los más alto del Gobierno aseguran que se trata de medidas temporales y coyunturales, pero que en algún momento llegarán a su fin.

«Hay que salir primero de la crisis», dijo un ministro que se entusiasmó con cifras que advierten un leve repunte. De las 700.000 suspensiones que hubo en 2020 por la pandemia mediante el artículo 223 bis de la Ley de Contrato del Trabajo, más de la mitad ya volvió a su labor habitual, con el pago total del salario y actualizado según el acuerdo paritario de cada rubro. Continúan rezagados, y lo seguirán estando por unos meses más, los trabajadores del sector gastronómico, hotelero y de espectáculos públicos.

Otros datos que se celebraron en el gabinete fueron el crecimiento del 0,2% del empleo según la Encuesta de Indicadores Laborales y que el salario promedio entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020 creció 37%, casi en línea con la inflación. Son apenas leves reacciones de una economía en crisis y en pandemia, todavía lejos de divisar una señal certera que permita ilusionarse con un futuro mejor.

Por: Nicolás Balinotti Fuente: La Nación

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