Separan a diez policías de la Bonaerense por corrupción

«Ahora no te puedo atender, estamos con varios allanamientos», responde Guillermo Berra, el auditor general de Asuntos Internos de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Se lo escuchaba atareado. Ecos de voces ensuciaban la comunicación. Era la segunda vez en la semana que el funcionario se excusaba por un motivo similar. Horas después, y a través de fuentes judiciales, Infobae acreditó las razones por las cuales los encargados de combatir la corrupción policial corrían de un lugar a otro, no para detener la disparada del dólar, sino a diez integrantes de la mayor fuerza de seguridad del país.
Los delincuentes de uniforme operaban en la ciudad balnearia de Mar del Plata y en la turística localidad de Azul, ubicada en el centro geográfico de la provincia. La particularidad que une a los dos expedientes abiertos en la Justicia y en la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) es que eran delitos motorizados.
Leyendo esos expedientes se comprende la razón por la cual, por ejemplo, los oficiales del Comando de Patrulla de la Ciudad Feliz sonreían cada vez que aumentaba el combustible. Allí también se describe que estos policías desarmaban patrulleros y motos a los que escondían en una casa particular, después de retirarles el odómetro para fraguarlos y aumentar la cantidad de kilómetros supuestamente recorridos. Es decir que no eran usados para brindar seguridad.
Los de Seguridad Vial de Azul, en cambio, se frotaban las manos y engordaban sus bolsillos cuando algún trasportista estaba «flojo de papeles» o no podía justificar el origen de la carga, y los extorsionaban para que pagaran coimas

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