“Vacunatorio VIP”: Archivaron la causa por “inexistencia de delito”

La jueza federal María Eugenia Capuchetti determinó que quienes recibieron las dosis estaban en grupos priorizados. Hubo un «trato especial» pero no se incurrió en ningún tipo penal, dijo la magistrada.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso este jueves el archivo por inexistencia de delito de parte de la investigación por la que está imputado el exministro de Salud Ginés González García y que apunta a determinar si se infringió la ley al promover o permitir que unas 70 personas recibieran un trato especial al recibir la vacuna contra el coronavirus.

La magistrada sostuvo que en el momento en el que ocurrieron los hechos la ley (que, en ese punto, no ha variado en la actualidad) diferenciaba a las poblaciones objetivo a vacunarse en dos grandes grupos (prioritarios y no prioritarios) y que 65 de las personas en la investigación como receptoras de la vacuna estaban dentro del grupo de los “prioritarios”.

El grupo de los prioritarios está integrado por mayores de 60 años, personal de salud, personal estratégicos y personas de 18 a 59 con enfermedades previas, mientras que no existía ni existe un orden normativo de prelación ya que la resolución del ministerio de Salud 2883/20 expresamente estableció que era posible vacunar a estos grupos de manera simultánea, según informaron fuentes judiciales.

La investigación está enfocada en un grupo de 70 personas que recibieron vacunas en el Hospital Posadas o alguna dosis que había sido asignada a ese nosocomio, pero fue suministrada en la sede del Ministerio de Salud.

La causa se inició luego de que el periodista Horacio Verbitksy contara en un programa de radio que había recibido la primera dosis de la Sputnik V en la sede del ministerio de Salud tras comunicarse con su “viejo amigo” González García.

Tras aquella revelación pública del periodista de 79 años, una lluvia de denuncias se desató sobre los tribunales federales de Comodoro Py donde la mayoría se acumularon en el juzgado a cargo de Capuchetti con intervención del fiscal Eduardo Taiano.

Tan pronto como se desató la polémica, el Gobierno le facilitó a la justicia el listado de 70 personas que habían recibido las dosis del Posadas, en el que figuraban entre otros el presidente Alberto Fernández y el expresidente Eduardo Duhalde junto a su esposa y sus hijas.

Fuentes judiciales remarcaron que efectivamente se pudo establecer en el expediente que existieron 70 personas que fueron vacunadas contra el Covid-19 con un trato especial, verdaderamente diferente a gran parte de la población, pero que eso no sería un delito.

“Prácticamente todos aquellos que conforman aquél listado de 70 personas (resta establecer con mayor precisión sobre 5 casos puntuales) se encontraban dentro de algunos de los grupos que componen la población prioritaria, ya sea porque eran personal de salud, porque fueron considerados estratégicos o porque -como sucedió en la mayoría de los casos- eran mayores de 60 años”, señalaron las fuentes.

Al momento de determinar de manera puntual qué hicieron aquellos amigos, familiares, sindicalistas y dirigentes vinculados al poder político, la jueza entendió que “no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales”. Sin embargo, admitió que “sí se encuentra expresamente prevista en la Ley de Ética del Ejercicio de la Función Pública que explícitamente establece sanciones de orden administrativo”.

Entonces, sin considerar que hayan sido “vacunados vip”, la jueza del caso entendió que aplicarles la comisión de algún delito era una acción forzada y que eso sería “una interpretación extensiva de los tipos penales y pasa groseramente por alto el carácter fragmentario y subsidiario del derecho penal, como así también el hecho claro, conciso y evidente de que las personas vacunadas se encontraban dentro del grupo considerado como prioritario”.

Hace dos días, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que dirige el fiscal general Sergio Rodríguez, entregó un informe a la jueza y al fiscal, donde se consignó que hubieron 385 vacunaciones en el Hospital Posadas de manera irregular. Los vacunados fueron cargados como personal de salud cuando, según el análisis realizado, no prestaban servicios en dichas instalaciones sanitarias ni estaban en el registro oficial como prestadores de salud.

Con la resolución de Capuchetti, se archiva parcialmente el caso “por inexistencia del delito”, pero Ginés González García principal imputado en el caso, seguirá siendo investigado.

Asimismo, sigue abierto el trámite judicial sobre el padre de Carla Vizzotti, que fue  inoculado.

También se continuará investigando “para determinar si existió un “desvío” de sesenta dosis pertenecientes al Hospital Nacional Posadas que habrían sido transportadas hacia la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz, en un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas”. (DIB)

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