Sospechas de corrupción
En la causa que investiga un supuesto fraude con los préstamos del Banco Nación a la cerealera, el fiscal Pollicita analiza transferencias entre distintas cuentas de la firma
En la causa en el fuero federal penal que investiga presuntas maniobras fraudulentas en el otorgamiento de créditos al Grupo Vicentin durante la gestión de Mauricio Macri, el fiscal Gerardo Pollicita busca establecer el destino de 800 millones de dólares. La cifra se desprende de una auditoría interna realizada por la entidad financiera y responde a movimientos de fondos provenientes de exportaciones en cuentas de la firma cerealera, simultáneos a incumplimientos en el pago de los préstamos.
El «Primer Informe sobre la situación de la firma Vicentin”, se realizó a pocas semanas del inicio de la nueva gestión. Lo confeccionó Claudio Lozano, uno de los directores del Nación que la semana pasada ratificó ante la Fiscalía las sospechas de maniobras fraudulentas. El trabajo analizaba la situación financiera de la firma y los préstamos otorgados por la anterior gestión del Banco en el segundo semestre de 2019, cuando la empresa anunció públicamente que se encontraba en una situación de “estrés financiero” que no le permitiría hacer frente a sus obligaciones.
La denuncia remarcó la posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado a «través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco Nación a favor de Vicentin, lo que le permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de 18.500 millones de pesos, «los cuales actualmente serían de cobro incierto puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos».
Ahora la fiscalía traza la ruta de 300 créditos que fueron concedidos al Grupo Vicentin, en concurso preventivo de acreedores desde marzo. Después de varios meses sin aportar la documentación requerida por Pollicita, fue recién el día en el que el presidente Alberto Fernández anunció la expropiación de la compañía cuando el Banco remitió a la justicia 73 mails y cientos de archivos con información.
Esos datos se desprenden de una auditoría interna y del sumario administrativo que se iniciaron en el Banco Nación, a pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Según se determinó, Vicentin tiene en la entidad financiera una cuenta en garantía de Cesión de Cobranzas del Exterior y otra afectada a la garantía de Cesión de Cobranzas Mercado Interno. En agosto y diciembre de 2019, a las mismas ingresaron 795.651.945 dólares y 2.219.740.272 pesos respectivamente.
Lo que consignó la auditoría es que en ese período hubieron numerosas transferencias desde esas cuentas a otra cuenta corriente también a nombre de Vicentin, radicadas en la entidad financiera. Todos esos movimientos de dinero habrían sido autorizados por las autoridades del banco. Los extractos fueron aportados a la causa que lleva Pollicita.
El problema es que no se individualiza ni el origen ni el destino de los fondos. Y en este punto busca ahondar la Fiscalía. Ya que hay dinero que el Banco debería haberse cobrado como resultado de los créditos concedidos al Grupo y -según se sospecha- esto no ocurrió.
Para determinar qué pasó con el dinero proveniente de exportaciones -es decir, los casi U$S 800 millones- Pollicita le dio un plazo de diez días al Banco Nación para que proporcione información al expediente: se les requirió que confeccione un cuadro en el que se detalle el nombre de los funcionarios (nombre y cargo) que intervinieron en la autorización para los movimientos de fondos en las cuentas mencionadas.
Asimismo, se pidió a la entidad financiera que en dicho cuadro especifique quiénes ordenaron los movimientos desde el Grupo Vicentin (nombre, puesto) y el método de comunicación del pedido, como así también cuál era la autorización bancaria para operar.
Por otro lado, el Banco Nación deberá detallar cuáles eran los requisitos, controles y condiciones que se debían cumplir y realizar para que se liberen dichos fondos. En relación a esto, se pidió que se detalle si la compañía cumplió con tales exigencias, y si no lo hizo, se explique si se deberían haberse retenido dichos fondos afectados a garantía, o si se tendrían que haber aplicado al cobro de los montos adeudados. De todo este circuito, también se pidió el nombre de los funcionarios intervinientes, bajo la premisa de que ese dinero -los U$S 800 millones-, se debería haber retenido o aplicado a las deudas impagas en cada movimiento que el Banco autorizó.
Entre la información que deberá entregar el Banco Nación, se requirió que se informe la relación entre las cuentas bancarias que tuvieron movimientos de fondos entre agosto de 2019 y febrero de 2020. Es que en esas cuentas se registraron los primeros vencimientos de deudas impagas y se presentó la empresa en concurso preventivo.
Así, la Fiscalía busca determinar el comportamiento de la entidad financiera frente al Grupo Vicentin, uno de los principales aportantes de campaña de Mauricio Macri y que desde el 10 de marzo se encuentra en pleno concurso preventivo de acreedores en el fuero civil y comercial. (Clarín – Por Lucía Salinas)
