El oficialismo no descarta avanzar con los acuerdos pendientes, aunque difícilmente haya dictamen esta semana. Juntos por el Cambio cuestiona los procedimientos
Diez fueron los pliegos que el Poder Ejecutivo remitió al Senado para analizar si correspondían o no los traslados. Tras la decisión de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli de acudir a la Corte y desconocer y faltar a la audiencia pública convocada por la comisión de Acuerdos que preside Anabel Fernández Sagasti, el oficialismo rechazó sus pliegos y escuchó a los otros siete jueces que aceptaron el mecanismo y esperaban una decisión. La Audiencia tuvo lugar el 4 de septiembre pero aún los magistrados en cuestión esperan la resolución del Congreso.
A pesar del la decisión de la Corte de aceptar el per saltum de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, fuentes del Frente de Todos indicaron a Infobae que se sigue trabajando en el análisis de los acuerdos pendientes, trámite con el que la oposición de Juntos por el Cambio disiente, razón por la que tampoco participó esa bancada de la Audiencia pública, se retiró de la sesión en la que se rechazaron sus pliegos, y tampoco participa esta semana en las tres audiencias convocadas para designar fiscales, defensores y jueces federales en todo el país.
En el oficialismo, de todos modos, aseguran que difícilmente haya dictámenes al respecto en los próximos días.
1- Juan Manuel Iglesias. Fue designado como Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y luego trasladado al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, Chaco. En la audiencia contó que él mismo pidió su traslado por cuestiones familiares «y por el trabajo que inicié en el Tribunal Oral Federal de Resistencia, vinculado a la necesidad de realizar un proyecto laboral a largo plazo”. “Entendí que la modalidad para mi traslado eran las correctas”, añadió. Pidió continuar en el cargo que ocupa desde octubre del 2017. Fundamentó a su favor que el tribunal pasó de 20 audiencias anuales a 300. Le consultaron su opinión sobre la reforma judicial del Gobierno y respondió que “era necesario una reforma, una mayor distribución de jueces genera una mayor distribución de Justicia, ese artículo otorgaría una mayor independencia a los jueces”.
2- Zunilda Niremperger. Fue trasladada del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Resistencia, Chaco, al Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 también de Resistencia. Dijo que es jueza por concurso y no se mostró disconforme con la posibilidad de regresar al juzgado número 2 aunque explicó que consideró “legítima» su situación. En el año 2018 Niremperger procesó y dictó la prisión preventiva a Aída Ayala, diputada nacional, ex funcionaria de Mauricio Macri y referente de la UCR en Chaco. Además pidió su desafuero en el marco de una causa por lavado de dinero durante su gestión como intendenta de la capital de su provincia, aunque luego la diputada se benefició con un fallo de Cámara. El último día del 2019 volvió a procesarla, sin prisión preventiva, y le trabó un embargo por un millón de pesos por el presunto delito de “fraude en perjuicio de la administración pública”. También investigó al ex gobernador de la provincia Domingo Peppo, adversario del actual gobernador Jorge Capitanich. Le preguntaron si no había sido trasladada muy rápidamente y contestó que considera que el espíritu de las regulaciones aplica para traslados inmediatos o para casos en que, por ejemplo, se nombre a alguien por concurso en un juzgado alejado, de fácil acceso, para luego ser trasladado a Comodoro Py. Tiene también competencia electoral.
3-Federico Hernán Villena. Fue designado Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Moreno y luego trasladado al Juzgado Federal de Primera Instancia de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires. Se trata del juez que investigó, hasta que fue apartado, el supuesto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros dirigentes políticos de Cambiemos y del peronismo, entre ellos a Emilio Monzó y Nicolás Massot, ex presidente de la Cámara de Diputados y ex jefe del interbloque macrista respectivamente. En su caso cambió de jurisdicción.
4-María Verónica Skanata. Su pliego fue aprobado como jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá, provincia de Misiones, pero luego fue trasladada al Juzgado Federal de Primera Instancia de Posadas, también Misiones. Tiene 43 años, se recibió de abogada en el 2001 en la Universidad de Buenos Aires. Ingresó al Poder Judicial en el año 2002 y en 2007 concursó para el Juzgado Federal de Oberá. En 2014 comenzó a subrogar en el juzgado de Posadas donde fue trasladada en 2015. La crítica es que no concursó para la competencia electoral y que el traslado no tuvo acuerdo del Senado, además de que cambió de jurisdicción.
5- Enrique Gustavo Velázquez. Tuvo acuerdo como juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36 de la Capital Federal y por decreto pasó al Juzgado Nacional de Menores N° 7 de la Capital Federal. Tiene 64 años y según dijo el juez que cambió de competencias no solo de juzgado, realizó varios cursos sobre minoridad en la Asociación de Magistrados. El suyo es el traslado de más vieja data en análisis, tuvo lugar en enero de 2003, durante el gobierno de Eduardo Duhalde.
Velázquez cobró notoriedad cuando procesó y embargó al policía Luis Oscar Chocobar por $ 400 mil en el marco de la investigación por presunto “exceso de legítima defensa”. Por esa decisión el juez fue cuestionado por el entonces presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes elogiaron y ascendieron al policía que será juzgado en octubre por matar a un joven que asaltó y apuñaló a un turista en La Boca.
El juez intervino a favor de obreros que tomaron la textil Brukman y consideró que no cometieron delito de usurpación como denunciaban los dueños. Con varias denuncias en el Consejo de la Magistratura, sólo fue apercibido por firmar hojas en blanco para que sus empleados dictaran resoluciones en su ausencia.
6-Esteban Eduardo Hansen. En diciembre del 2018 pasó del Juzgado Federal de Primera Instancia de Libertador General San Martín, en Jujuy, al Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de la misma provincia que tiene competencia electoral, por lo que se cuestiona que no recibió acuerdo para desempeñarse en esa materia. El peronismo apunta que podría haber intencionalidad política a favor del gobierno de Gerardo Morales en su designación. En su caso era juez subrogante y solicitó el traslado, que fue aprobado por el Consejo de la Magistratura antes del decreto presidencial que lo designó.
7-Eduardo Guillermo Farah. Fue trasladado, a su pedido, como juez integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Fue uno de los jueces que firmó la liberación de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños de Indaló en 2018. Señaló que él mismo solicitó el traslado por cuestiones personales.
“Durante meses en los medios y redes sociales criticaron el fallo en el cual participé y pusieron en tela de juicio mi credibilidad difamándome con mensajes ofensivos hacia mi persona” y además “fui denunciado penalmente”, aseguró. “A partir de esa situación decidí pedir mi traslado como la mejor forma de preservarme a mí y a mi familia”. Aseguró que “las investigaciones que se hicieron sobre mí finalmente terminaron dándome la razón. En la denuncia penal fui sobreseído. Se determinó que yo no había dictado un fallo contra la ley y que los movimientos en mi patrimonio en ese período eran regulares”. El juez fue denunciado ante la Justicia Federal por cohecho, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Aunque fue designado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó resoluciones en contra de su Gobierno y falló en contra de la constitucionalidad del Memorandum con Irán. (Fuente: Infobae)
