Lo hizo a través de una carta dirigida al presidente Macri, en la que comunica que la dimisión se hará efectiva a partir del 31 de diciembre. En el texto señala que «mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía» del organismo que encabeza. Hace dos semanas fue procesada por presuntas irregularidades en la compra de un inmueble.
La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó ayer su renuncia al cargo, que hará efectiva, según lo señaló, a partir del 31 de diciembre próximo, en un texto que dirigió al presidente Mauricio Macri, difundido por la página web del Ministerio Público Fiscal.
A través de una carta con fecha de ayer y dirigida a Macri, Gils Carbó argumenta que «a esta altura de los acontecimientos estoy persuadida que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal».
En otro pasaje del texto, afirma que «con la esperanza de que esta decisión disuada reformas que rompan el equilibrio que debe regir el sistema de administración de Justicia, doy por finalizada mi labor en el Ministerio Público Fiscal», y cierra con un «saludo respetuosamente al señor Presidente de la Nación».
Gils Carbó fue procesada recientemente por la presunta comisión del delito de «administración fraudulenta» en la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación, siendo la primera vez que Procurador General de la Nación queda procesado en la Justicia.
La decisión fue adoptada por el juez federal Julián Ercolini en la causa por la compra de un edificio en la calle Perón al 600 por 44 millones de pesos, en la que 3 millones fueron para una comisión que cobró el hermano de un subdirector de la Procuración.
Gils Carbó adhirió al kirchnerismo y su accionar la convirtió en blanco de la administración de Mauricio Macri, que desde que asumió pretende removerla del cargo. De hecho, hay otra causa avalada por el Gobierno en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal donde debe definirse si el jefe de los fiscales puede ser removido sin juicio político.
A los pocos días de dictarse el procesamiento, Gils Carbó recibió otro revés judicial luego que en un fallo de primera instancia, un magistrado avaló la posibilidad de remover a la titular de la Procuración General de la Nación sin necesidad de llevar adelante un proceso de juicio político, al declarar inconstitucional el artículo que establecía ese mecanismo en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
Así lo resolvió el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials, quien rechazó los argumentos de Gils Carbó y aceptó la demanda promovida por la agrupación Será Justicia y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
El magistrado declaró la inconstitucionalidad del artículo 76º de la ley 27.148, que establece ese procedimiento para que la jefa de los fiscales pueda ser destituida o sometida a una investigación penal.
Cayssials concluyó que una ley, en este caso la del Ministerio Público Fiscal, no puede crear un privilegio que no fue previsto en la Constitución Nacional.
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