Los senadores escuchaban esta mañana la última ronda de expositores en el debate sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, antes del cierre del tratamiento en comisiones previsto para esta tarde.
En la apertura de las exposiciones, el exministro de Justicia Rodolfo Barra consideró que la norma se contrapone con los tratados a los que Argentina adhirió como la Convención de los Derechos del Niño y explicó que antes de debatir la cuestión jurídica del aborto habría que «estar seguros de si es niño o niña» el embrión en gestación.
Barra se refirió a expresiones del ministro de Salud Ginés González García según las cuales si se considerara niño al embrión en el primer trimestre «estaríamos en presencia de un genocidio», y opinó que «técnicamente no es un genocidio pero si una terrible acción de mortandad serial».
Dorothy Estrada Tanck, profesora de Derecho Internacional Público, consideró que este proyecto «favorece los derechos de libertad y autonomía reproductiva» de la mujer y aseguró que «el acceso seguro y de forma lega es conforme a la propia convención de los derechos de los niños y niñas» y «el no acceso es violatorio al derecho de igualdad y no discriminación».
Pila Vazquez Calva, abogada penalista de México, sostuvo que «si se busca preservar la salud mental de la mujer el aborto no es el camino correcto», señaló que la clave para por mejorar la atención médica y advirtió que «el aborto no es solución a la pobreza» sino que «es el fracaso del Estado».
Mario Sebastiani, médico obstetra, declaró que la decisión de los senadores pasa por definir «si la mujer va a la clandestinidad o si va a la salud pública y a la dignidad», aseguró que «a quien le ha ido peor es a aquella (mujer) que trató de tener un aborto, no lo logró y tuvo embarazo forzoso» e indicó que el aborto «es 14 veces menos peligrosos que un embarazo».
Ana Correa, abogada penalista partidaria de la aprobación de la ley, sostuvo que «la clandestinidad mata», enumeró casos de mujeres muertas pro abortos clandestinos y dijo que el Senado «faltó a la verdad en 2018 cuando dijo que no había mujeres presas por abortos».
La emisión por parte de la letrada de un audio de Belén, una joven tucumana presa por sufrir un aborto por el que escribió un libro, le valió la queja del jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, quien le reprochó a la presidenta del plenario, Norma Durango, ser «imparcial» por permitir a una miembro del sector «verde» extenderse en el tiempo asignado para hablar.(Fuente:Telam)