Ley IVE: «El desafío grande va a ser la aplicación»

“Esa va a ser la batalla que se viene”, anuncia el ministro de Salud, Ginés González García, en una entrevista con Página/12, y se refiere a la implementación de la flamante ley de Regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, sancionada en la madrugada del miércoles por el Senado, en una votación histórica. Ahora le toca al Ejecutivo la promulgación –con un veto parcial en dos artículos, compromiso asumido para sumar apoyos- y luego la reglamentación, en la que participarán varios ministerios, entre ellos el que encabeza GGG. “El desafío grande, además de estos pasos necesarios y burocráticos, va a ser la aplicación, teniendo en cuenta las dificultades que hemos visto en los últimos años con la interrupción legal de embarazo, que era parcial y ahora será ser más amplia”, advierte el funcionario y espera que la militancia feminista se involucre y sea parte de ese proceso, del mismo modo que fue pieza clave para la sanción. “Todo el movimiento que hay detrás de esta ley va a ser protagonista también en la implementación”, afirmó.

“Fue un día maravilloso para mí porque empezó la vacunación y se aprobó esta ley: el 29 de diciembre quedará como un día muy importante en mi vida”, dice y se ríe. La conversación es telefónica, desde su despacho. GGG fue el primer ministro de Salud que habló del aborto como problema de salud pública ya en 2003 , quien por entonces puso en marcha el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que empezó a comprar anticonceptivos para que lleguen gratuitamente a la población. En 2004 pedía que se imparta educación sexual en las escuelas para prevenir los embarazos no deseados y así los abortos practicados en la clandestinidad. El primer protocolo de atención de la ILE del Ministerio de Salud de la Nación se redactó hacia fines de 2007, en el último tramo de su gestión como ministro durante el Gobierno de Néstor Kirchner. Buscó dar certidumbre a los equipos médicos que tenían que garantizar esa práctica, en un contexto en el que profesionales antiderechos en hospitales públicos imponían obstáculos arbitrarios a niñas y adolescentes que habían sido violadas y querían interrumpir esas gestaciones forzadas. Muchas de ellas tuvieron que enfrentar idas y vueltas -con exigencias de permisos judiciales que no llegaban- y que se convertían en verdaderas torturas. Todavía se dan esas situaciones, lamentablemente. Pero en menor medida. En su segundo día como ministro de Alberto Fernández, en diciembre de 2019, GGG quiso dar un mensaje claro y actualizó el protocolo de ILE que el expresidente Mauricio Macri había rechazado.

-¿Cómo piensa la implementación de la Ley de IVE?

-Creo que la tenemos que ganar como se ha ganado esta ley. Por un lado, con la conciencia de los derechos, con información, conocimiento y acciones de militancia como hacen todos los movimientos feministas para que las mujeres tengan conciencia de sus derechos, sobre todo en aquellos lugares donde es más difícil que puedan ser ejercidos. Y después, por otro lado, trabajar mucho en el sector público y privado, pero sobre todo en el público y no solo en los hospitales sino mucho, mucho, en el sistema de atención primaria que está más cerca de la gente, que cuenta con más de 6000 centros en todo el país. Les vamos a proveer rápidamente todos los insumos y los medicamentos específicos para que la ley sea realidad, extendiéndolo en un amplio radio de aplicación.

-¿Se está comprando misoprostol, la medicación para realizar los abortos?

-Si, tenemos mucho y le estamos comprando más dosis al Fondo de Población de Naciones Unidas: va a haber una cantidad muy pero muy importante.

-¿Se va a tramitar la autorización de la mifepristona, droga que combinada con el misoprostol resulta más efectiva según la OMS para garantizar la IVE con medicamentos?

-Estamos en eso. Y estamos incentivando para que algún laboratorio público o privado la fabrique en el país.

-¿Habrá una campaña de difusión y capacitaciones a profesionales de la salud?

-Si, todas esas iniciativas las tendremos en cuenta. Esa es la intención. Vamos a tratar de que llegue a las dos partes: al lado sanitario, para que tenga todo el conocimiento y los medios, y por otro lado, a generar conciencia sobre los derechos para que sea un reclamo y una demanda que no puede dejar de ser escuchada ni atendida. A mi equipo le digo todos los días: guarda que ahora viene una etapa difícil y que tenemos que hacerla con toda energía. Con la ley sola no alcanza.

-¿En cuánto tiempo se implementará?

-Es un proceso que llevará varios pasos y que los haremos a la máxima velocidad. Este año que empieza se va a aplicar cumpliendo todos los pasos previos. Recuerde que a través de la reglamentación se pudo construir una mayoría tan fuerte como la que hubo.

-¿Le sorprendió la diferencia de votos?

-Aun los más optimistas nos vimos sorprendidos.

-¿Cómo cree que puede influir la objeción de conciencia para obstaculizar el acceso a la IVE?

-Creo que no va a ser tanto como lo que podría pensarse en el pasado. A lo mejor es mi optimismo. Al descomprimir legalmente, con una ley como hay ahora, mucha gente que usaba la objeción de conciencia por miedo, porque ha habido lugares donde se han hecho cosas muy feas vía judicial sobre los propios médicos o los actuantes (ante una ILE), seguramente no se declará objetora. Por supuesto esto será un proceso cultural: no se cambia de un día para el otro. Nosotros vamos a dar todas las garantías y todas las exigencias para que se cumpla la ley y que más allá de la objeción de conciencia, no se la use como coartada y nadie se quede sin el acceso a la práctica que tiene que tener.

-¿Habrá suficientes profesionales de la salud para garantizar la IVE en todo el país?

-No tengo ninguna duda. A veces hacen más ruido los que dicen que no, que los que dicen que sí. Hay una mayoría que dice que sí. En muchos distritos se viene garantizando el aborto dentro del marco legal, sin estridencias y con mucha efectividad.

-La senadora Silvia Elías de Pérez, referente “celeste” en el Senado, ya anunció que se presentarán a la justicia para reclamar una supuesta inconstitucionalidad. ¿Podrán frenar la ley en los tribunales?

-No creo. Me parece una cosa absurda, tan horrible imaginar que un senador acude a la Justicia cuando pierde. El Senado es uno de los cuerpos legislativos. Entonces agraviarse de esa manera, invalidando una decisión de la mayoría, es un hecho antidemocrático, devaluador de la institución a la cual pertenece. Me resulta insólito, salvo que quiera tirar una frase para su clientela: a veces algunos senadores piensan en su clientela y no en el bien común.

-¿Qué impacto tendrá la ley?

 

-Primero, naturalmente un impacto sanitario: vamos a tener menos dolor, menos internaciones, menos muertes maternas evitables. Con la Ley de los 1000 días se les dará protección a las mujeres que quieran continuar con un embarazo, con lo cual se eliminará que se recurra a la interrupción de un embarazo por una situación de pobreza. Es una ley de prevención, de derechos y de justicia social. Son todas ganancias. (Fuente: Página 12)