El jefe de Gobierno porteño se reunirá la semana que viene con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y su par de Economía, Martín Guzmán
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aceptará dialogar con el el Gobierno nacional para acordar los recursos que necesita la Policía porteña para funcionar durante este 2021. Pero no piensa, al menos por ahora, retirar la demanda judicial que presentó ante la Corte Suprema de Justicia donde reclama por los recortes que le hizo el Ejecutivo Nacional, primero por decreto y luego mediante una ley que el Congreso aprobó el 10 de diciembre.
El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el de Economía, Martín Guzmán, fueron los encargados de realizar la convocatoria formal a través de una carta que le enviaron a Rodríguez Larreta el último día del año que acaba de finalizar, en el marco de la conformación de una comisión bilateral para alcanzar un acuerdo consensuado en el traspaso de facultades y funciones de seguridad a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
En ese escrito le plantearon que “el objetivo de la reunión será definir los lineamientos del proceso de diálogo entre ambas jurisdicciones, así como la conformación de los equipos técnicos pertinentes”. El encuentro, que se desarrollará durante la semana que viene en la Casa Rosada, intentará establecer una tregua en la tensa discusión que se desató entre el Gobierno nacional y el porteño por la quita de la coparticipación a la Capital Federal.
La norma que aprobó el Congreso le quita a la administración porteña un 1,18% del dinero que recibe de parte del Estado nacional, que pasará de recibir el 3,5% de coparticipación, a un 2,32%. La ley aprobada establece que, por el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, la gestión porteña recibirá anualmente $24.500 millones.
La cifra que incluye este nuevo proyecto se actualizará de acuerdo con un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20% por el índice de precios al consumidor (IPC), del año precedente.
Rodríguez Larreta no tendrá problemas para sentarse en la mesa de negociaciones porque suele apostar al diálogo para solucionar conflictos. Sabe que una de las probables exigencias que escuchará desde el otro lado es que retire su demanda judicial. Y en ese aspecto no piensa retroceder. También sabe que un nuevo acercamiento al Gobierno nacional le puede traer más de un dolor de cabeza en la interna de la alianza que integra, Juntos por el Cambio. Porque desde allí, varios de sus principales referentes como el expresidente Mauricio Macri y el exgobernador mendocino de la UCR, Alfredo Cornejo, le insisten para que refuerce su perfil de opositor duro.
El lunes 28 de diciembre, al cumplirse 10 días hábiles de la sanción de la ley que ratificó el recorte de fondos, Rodríguez Larreta formalizó ante la Corte Suprema la demanda contra el Estado Nacional. Entre sus principales argumentos, el Gobierno porteño sostiene que se está violentando su autonomía y también incumpliendo unilateralmente acuerdos preexistentes.
La última es una nueva demanda a la que ya se había presentado en septiembre pasado, con un pedido de cautelar incluido, cuando la Ciudad fue contra el decreto dictado por el Ejecutivo que recortaba los fondos, en medio de una protesta de los policías de la Provincia de Buenos Aires que exigían aumentos inmediatos de salarios. Luego, la ley votada en el Congreso amplió ese recorte.
En el gobierno de Rodríguez Larreta afirman que si se mantiene esa poda de fondos, la Ciudad perderá más de 65 mil millones de pesos. Según la postura del oficialismo porteño, los habitantes de la ciudad de Buenos Aires aportan el 22% del total de los recursos coparticipables a nivel nacional y, tras el recorte, podrían empezar a recibir solo el 1,4 por ciento.
El 18 de setiembre pasado, Rodríguez Larreta presentó ante la Corte Suprema una demanda y una acción de amparo contra el decreto que llevaba del 3,5 por ciento al 2,32 el coeficiente de la coparticipación de impuestos de la Capital Federal.
Pero hasta ahora no hubo un análisis por parte de la Corte Suprema. Lo único que hubo fue un dictamen del procurador interino Eduardo Casal diciendo que el máximo tribunal tenía competencia originaria en el asunto. Ahora se abre un compás de espera porque durante todo enero hay feria judicial. El Gobierno porteño insiste en la nueva demanda en que la ley es inconstitucional.
(Fuente: Infobae)
