La médica generalista Estefanía Cioffi, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, fue la primera en el país en firmar una receta de misoprostol, para la indicación de un aborto legal.
Cioffi se desempeña en el Centro de Salud (CeSAC) 20 en el Barrio Ricciardelli del Bajo Flores, perteneciente al Hospital Solano de Quilmes. Si bien el encuentro con la paciente fue el lunes pasado, la noticia se conoció hoy luego de la publicación de una entrevista, dónde explicó cómo fue ese momento.
“Fue muy impactante firmar esa primer receta, ese primer consentimiento informado, escribir en la historia clínica la palabra interrupción voluntaria del embarazo, en donde la voluntad está delante de todo, sintiendo que efectivamente cambiamos la historia”, expresó Cioffi al portal Nuestras Voces.
“Recibimos a una mujer que conocemos ya hace muchos años y que nos enteramos esta semana que era probable que esté transitando un embarazo y por supuesto, como siempre, dimos una consejería de opciones para ver qué quería hacer con el embarazo y decidió interrumpir voluntariamente el embarazo”, apuntó, y añadió: “La acompañamos con toda la información, como lo hacemos siempre y dando lugar además de a sus planteos, a sus preocupaciones y también planificando qué método anticonceptivo quiere usar después”, precisó.
Cioffi, de 33 años, militó fuertemente en las calles, durante años y codo a codo con sus colegas, la sanción de la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo.
Cambio de paradigma
Tras ser promulgada el jueves 14 de enero, la ley entró en vigencia el 24, ocho días después de haber sido publicada en el Boletín Oficial.
Para realizar consultas y acceder a información, se puede comunicar cualquier interesada se puede comunicar sin cargo y de manera confidencial al 0800 Salud Sexual, 0800 222 3444.
La Ley 27.610 está vigente en todo el territorio nacional y no requiere de adhesiones provinciales ni reglamentación para su vigencia.
En Argentina se realizaban alrededor de 450 mil abortos clandestinos por año, de acuerdo a un informe elaborado por la ONG Amnistía Internacional. La cifra, de la que no hay registros certeros por, hasta ahora, la ilegalidad de la práctica, surge de un trabajo realizado en 2005 a pedido del Ministerio de Salud de la Nación. (DIB) ACR
