«Debería haberse vacunado. Debería cuidarse y cuidar a los demás. Por no vacunarse se contagió. Y seguramente contagió a otros porque estuvo en contacto con gente«, dijo el senador nacional Mariano Recalde atacando al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien contrajo el virus a principios de enero y ya obtuvo el alta.
Desde la Ciudad de Buenos Aires, el secretario general Fernando Straface en diálogo con LA NACION respondió: «Criminalizar a quien se enferma para sacar rédito político de muy mal gusto y no debiera formar parte de ninguna estrategia política«.
«Las prioridades de Recalde son las prioridades políticas y los políticos no deberían vacunarse antes que la vacunación de riesgo. Puedo aceptar el Presidente y la vicepresidenta que son mayores de 60 años, pero todos los demás no creo que sea lógico. Estoy totalmente en contra de que se vacunen intendentes de 30 o 40 años que no tienen ningún tipo de riesgo«, agregó Patricia Bullrich, presidente de Pro, en diálogo con LA NACION.
La declaración de Recalde reactivó el debate respecto a si los políticos deben o no aplicarse la vacuna contra el coronavirus, en medio de las dudas respecto a la cantidad que llegarán al país y el plan de vacunación.
Fuentes porteñas aseguraron que Horacio Rodríguez Larreta no está entre los grupos a vacunar inmediatamente y lo hará cuando esté dentro del sector que le corresponda según su condición y el calendario que el propio Gobierno Nacional decidió.
«No es que decidimos que Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli o Fernán Quirós no se vacunen. Lo que decidió el gobierno de la ciudad es respetar estrictamente, frente al stock limitado que hay de vacunas y a cierta incertidumbre de cuándo van a venir más, el plan que el propio Ministerio estableció«, agregaron las fuentes de Juntos por el Cambio.
El ministerio de Salud de la Nación presentó un plan de vacunación escalonado en el que el personal de salud se encuentra primero, seguido por los adultos mayores de 70 años y luego los de 60. A continuación, seguirán el personal de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de servicios penitenciarios, los adultos entre 18 y 59 años y el personal docente y no docente.
«A mi me parece que el orden de prioridades que ha puesto el gobierno es político y no de acuerdo a las necesidades de vacunación de la población y a la cantidad de vacunas que hay que son muy pocas», agregó Bullrich.
La presidenta de Pro denunció además la utilización política de la vacuna porque conoce muchas personas que se anotan «en las listitas de la Cámpora» y logran obtenerla. «Está en la oscuridad (el proceso de vacunación). Esto debería ser público, transparente y estar publicado en la página web para que todo el mundo lo sepa. Espero que rápidamente lo publiquen», reclamó.
Patricia Bullrich
La diputada nacional Graciela Ocaña, quien además durante el gobierno de Cristina Fernández fue ministra de Salud, también pidió mayor información. «Sería excelente que el Ministerio brinde toda la información públicamente que tiene la Anmat sobre los estudios de la Sputnik V, la única vacuna que cuenta nuestro país por la ineptitud del Gobierno nacional, una vacuna que solo está autorizada en Rusia y Argentina«, dijo a LA NACION.
«Alterar eso es alterar las reglas que el propio Ministerio ha dado al respecto. Un dirigente político no puede tener privilegios más allá de que tenga responsabilidades«, agregó respecto a la vacunación de políticos.
«A mi no me parece mal que las personalidades públicas muestren afección por la vacuna porque lamentablemente la vacuna entró en la grieta y tuvo críticas feroces. Creo que algunos dirigentes políticos vacunándose buscan generar confianza en los ciudadanos. Hay que vacunarse y la gente se tiene que inscribir. No hay vacuna mala, hay más efectivas que otras pero todas son buenas. Estamos frente a una pandemia que es grave y de eso no se sale con chicanas.» dijo Graciela Caamaño a este medio.
Este fue el objetivo alegado por varios de los políticos vacunados, mostrar confianza y seguridad en la vacuna desarrollada por Rusia. Desde la Ciudad se diferenciaron y consideraron que es la Anmat quien debe lograrlo. «La confianza de las vacunas esta dada por la opinión técnica que la Anmat emita al respecto. creemos que una institución de tantos años es la que nos tiene que dar confianza».
La diputada nacional lamentó además un efecto colateral del las declaraciones de Recalde ya que explicó que la vacuna no logra inmunidad total y se deben mantener los cuidados contra el coronavirus a pesar de estar vacunado. «Con tal de criticar me parece que se pasa mal la información: La vacuna no te inmuniza totalmente, es necesario seguir teniendo las precauciones. Deberíamos abstenernos de opinar tan ligeramente«, agregó.
Graciela Caamaño
Néstor Pitrola, dirigente nacional del partido Obrero en el Frente de Izquierda, y Romina del Pla, diputada nacional por el mismo partido, coincidieron en diálogo con LA NACION que el Estado debe garantizar las vacunas. «El Estado debe garantizar las vacunas para toda la población, organizando un cronograma donde se privilegió a los pacientes de riesgo y trabajadores esenciales, donde todos tengan su turno, y los funcionarios también. El problema actual es que las vacunas al día de hoy no alcanzan«, dijo del Plá.
