El juez federal Alejo Ramos Padilla fue designado este jueves por el Senado como nuevo titular del juzgado con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, una silla caliente para el año que comienza, ya que será el árbitro de todas los pleitos que se inicien en el distrito electoral más importante y decisivo de la Argentina.
De familia con tradición judicial, el magistrado comenzó su carrera en Tribunales pero luego se dedicó a la abogacía, patrocinando a víctimas de la dictadura y a excombatientes de Malvinas, entre otros. Su paso como juez, en tanto, generó mucho ruido, con varias decisiones que golpearon a la gestión del expresidente Mauricio Macri, cuyo ministro de Justicia, Germán Garavano, lo calificó como un “juez militante”. En 2019, en tanto, su nombre estuvo en boca de todos por iniciar el conocido “D’Alessiogate”, una causa que aún tiene como imputado al fiscal Carlos Stornelli, entre otros nombres resonantes.
El flamante juez electoral bonaerense nació en diciembre de 1975 y se recibió como abogado en el año 2000, con 25 años. Su padre, Juan María Ramos Padilla, fue juez federal de Morón en la década del ‘80 y actualmente integra un tribunal en la Justicia porteña.
Mientras estudiaba trabajó con varios jueces de renombre, como los retirados Norberto Oyarbide y Gabriel Cavallo y el camarista Martín Irurzun, autor de la famosa doctrina que justifica las detenciones de exfuncionarios acusados de delitos aún en las primeras etapas del proceso judicial a causa de sus contactos o relaciones creadas por el poder.
Como abogado tuvo un paso resonante al encargarse de la representación de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, “Chicha” Mariani, en el primer juicio que condenó a represores por los delitos de “genocidio”. Entre los acusados se encontraba Miguel Etchecolatz, a quien hizo detener durante el proceso tras un encendido alegato en el que denunció la presencia de armas en su casa de Mar del Plata. También patrocinó en varias causas a ex combatientes de Malvinas, y es común verlo en actos y homenajes relacionados con la guerra.
Finalmente, en 2011 volvió a la Justicia, asumiendo el juzgado federal de Dolores, desde donde asestó varios golpes contra el expresidente Mauricio Macri, quien lo acusó de cometer un “show político” tras su denuncia contra Stornelli.
Mucho antes de eso, Ramos Padilla frenó el nombramiento por decreto de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como integrantes de la Corte Suprema, que había promovido Macri poco después de su asunción. Actualmente Rosenkrantz preside el máximo tribunal del país.
En tanto, el 2016 suspendió los aumentos en las tarifas de gas en distritos de la Costa bonaerense, y en 2018 prohibió el corte del servicio en todo el país.
Pero el momento de mayor exposición llegó a principios de 2019, cuando desde Dolores ordenó la detención del falso abogado y espía Marcelo D’Alessio, un personaje con decenas de contactos con políticos, empresarios y periodistas, a quien acusó de encabezar una asociación ilícita que amenazaba a empresarios con el armado de causas si no accedían a otorgan ciertas sumas de dinero o a declarar contra otros. Por el caso también imputó al fiscal Carlos Stornelli y al periodista de Clarín Daniel Santoro, a quienes acusó de colaborar en el armado de causas y en la difusión de información falaz para “ablandar” a las víctimas.
Pos este desempeño, el ministro de Justicia de Macri, Germán Garavano, calificó a Ramos Padilla como “juez militante”.
En su descargo, el magistrado señaló: “A mí se me colocó por ejemplo como un ‘juez militante’, sobre la base de que fundamentalmente desde que soy juez voy a la marcha del 24 de marzo, que es para sostener el Estado de derecho”.
Finalmente, el Gobierno de Macri impulsó un juicio político contra Ramos Padilla y no promovió su pliego como juez electoral, pese a que había terminado primero en el orden de mérito del concurso correspondiente. Finalmente, el proceso en su contra no prosperó y el presidente Alberto Fernández terminó remitiendo su postulación para que hoy la avalara el Senado. (DIB) JG
