Ayer, el conjunto de países difundió un texto que condena la expulsión de la embajadora de la UE de Caracas, pero el gobierno de Fernández no lo firmó
El Grupo de Contacto Internacional para Venezuela, un conjunto de países encabezados por la Unión Europea (UE) que busca aportar una solución para que el país bolivariano salga de la crisis política, económica y humanitaria en la que está sumergida hace años, fue la apuesta multilateral del gobierno de Alberto Fernández en relación a este tema, a diferencia de la gestión de Mauricio Macri, que puso sus fichas en el Grupo de Lima.
Sin embargo, ayer el Gobierno marcó sus diferencias con el Grupo de Contacto. La Argentina no firmó una declaración de la agrupación que rechaza la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de expulsar a la embajadora de la Unión Europea.
“Los siguientes miembros del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, Chile, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia y Uruguay rechazan la decisión del régimen venezolano de declarar a la embajadora de la UE persona non grata”, dice el comunicado conjunto difundido ayer.
La Argentina no firmó ese texto. Consultados por LA NACION, fuentes oficiales se negaron a comentar sobre los motivos detrás de esa negativa, el último gesto del Gobierno hacia Maduro. La crisis en Venezuela es un tema que incomoda a la Casa Rosada, que se ha mostrado ambivalente, con tensiones internas por la cuestión y que le ha valido críticas del ala dura del chavismo.
Para los países firmantes del Grupo de Contacto, la expulsión de la diplomática europea de Venezuela es “contraria al diálogo y al respeto que debería prevalecer en las relaciones internacionales, y solo contribuirá a un mayor aislamiento internacional de Venezuela”. “Pedimos que situaciones de esta naturaleza no ocurran de nuevo y que se mantenga el espíritu de diálogo y colaboración entre el régimen venezolano y la comunidad internacional”, decía el texto.
Según el Grupo de Contacto, “la única salida a la crisis venezolana es mediante la reanudación de las negociaciones políticas y el restablecimiento del diálogo entre las partes y la organización de elecciones creíbles y transparentes, de acuerdo con la Constitución y las leyes de Venezuela”.
Además de la Argentina, integran el Grupo de Contacto, creado a principios de 2019, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia, Reino Unido y Uruguay.
La expulsión
El gobierno de Maduro expulsó la semana pasada a la embajadora de la Unión Europea en Caracas, la portuguesa Isabel Brilhante Pedrosa, quien finalmente el pasado martes abandonó el país, después de ser nombrada además “persona non grata”. La decisión fue en represalia por las sanciones del bloque comunitario contra 19 venezolanos, incluidos jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), militares y policías. Entre las medidas tomadas contra todos los sancionados se encuentra la prohibición de viajar al territorio europeo, así como la congelación de activos.
En junio del año pasado, Maduro también ordenó la expulsión de Brilhante, pero rectificó tras amenazar Bruselas con medidas retroactivas.
En respuesta a la expulsión de su embajadora, Bruselas declaró también persona non grata a la jefa de la misión de Venezuela ante la UE, Claudia Salerno. Sin embargo, la decisión del bloque no implica la salida obligada de la diplomática venezolana de territorio comunitario porque Salerno es también la embajadora ante Bélgica y Luxemburgo.
Fuente: LA NACION
