Pedido de la Oficina Anticorrupción en la denuncia penal contra Macri y su equipo económico por el insólito crédito del Fondo
En la demanda por defraudación por administración fraudulenta, con informes del Banco Central y de la Sigen, la OA reclama a la jueza que libere al Banco Central del secreto bancario para conocer quiénes fueron las empresas y personas que se beneficiaron con los dólares del Fondo. Sentados en el banquillo están Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sandleris.
El equipo económico del gobierno de Mauricio Macri tuvo como integrantes principales, en cuatro años de mandato, a Alfonso Prat-Gay, Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger, Luis Caputo, Guido Sandleris y Hernán Lacunza. Menos Prat-Gay y Lacunza (el primero y el último ministro de Economía), el resto junto con Macri está imputado por fraude en la causa FMIgate.
En mayo de 2018, Dujovne y Sturzenegger salieron desesperados a conseguir un crédito del FMI firmado al mes siguiente, violando varias normas y procedimientos administrativos, que de por sí son un delito, y ejecutando una malversación de recursos, sumando otro delito al destinar los dólares obtenidos a otro fin del previsto.
El presidente Alberto Fernández había informado en la Asamblea Legislativa del 1° de marzo pasado que se iniciará una querella criminal para determinar quiénes han sido los autores y partícipes del fiasco del préstamo del FMI al gobierno de Mauricio Macri
Un hecho novedoso en la demanda penal de la Oficina Anticorrupción («Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública»), publicada en Página/12 el viernes último, es que pide a la jueza a cargo de la causa que libere al Banco Central del secreto bancario para conocer quiénes fueron las empresas y personas que se beneficiaron con esos dólares.
El titular de la OA, Félix Crous, sostiene que el resultado final de la maniobra, «el fraude a los intereses de la Nación», quedará expuesto cuando la instrucción reciba del Banco Central la identificación de las personas humanas y jurídicas y el detalle de los montos que obtuvieron como rendimientos en la licitación de letras (Lebac), y se las compare con el listado de los “grandes jugadores” en materia de formación de activos externos (compra de dólares).
Propone que es necesario establecer quiénes fueron los mayores titulares reales de Lebac en el período 2016-2018, a fin de determinar si guardaban vinculación con los imputados. Aclara que cuando habla de «titulares reales» se refiere no a las entidades bancarias (que eran quienes detentaban la mayor concentración de Lebac), sino a los beneficiarios finales: los clientes de dichas entidades que las adquirían. «A tales fines también deberán levantarse los secretos bancarios y financieros«, sugiere.
Dice que los funcionarios imputados ejecutaron «un programa criminal» destinado a generar «ingentes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas», las que fueron solventadas mediante el endeudamiento externo contraído por el Estado Nacional, que en los próximos años deberá afrontar el pago de enormes cuotas del capital y sus intereses, circunstancia que implicó «una transferencia extraordinaria, indebida y fraudulenta de activos desde el sector público hacia una parte del sector privado».
Judiciable
La estrategia de defensa de los acusados, con voces inesperadas de respaldo, afirma que el crédito como el destino de los dólares del Fondo Monetaria Internacional no es materia judiciable.
Esto significa que una determinada medida de política económica, con sus efectos negativos en las finanzas públicas como en el bienestar general, no debería ser una cuestión a dirimirse en Tribunales.
Ese purismo doctrinario lo manifiesta la derecha cuando comete delitos económicos, no así cuando utiliza a sectores del Poder Judicial para perseguir y encarcelar a políticos y empresarios identificados con proyectos nacionales.
El FMIgate no es una causa judicial por el crédito en sí, sino porque se cometieron violaciones a normas y procedimientos para la firma del crédito, como también el desvío del objetivo sobre el destino de esos dólares.
La OA no esquiva el debate sobre el carácter judiciable del préstamo y afirma que «no se trata de promover el juzgamiento de una política económica, monetaria y financiera ruinosa para los intereses de la Nación por la doctrina que la inspiró, los yerros en su ejecución o el fracaso de los resultados por las contingencias que median entre los propósitos y las concreciones».
Indica, en cambio, que «se trata de investigar y sancionar la afectación extrema de los intereses del pueblo de la Nación, cuando ante la evidencia de tal fracaso se decide privilegiar y asegurar las ganancias de los especuladores por sobre los intereses del pueblo argentino, y para ello se lo endeuda arrasando con las normas e invocando motivos falsos».
Arrasar con las normas e invocar motivos falsos para privilegiar y asegurar las ganancias de los especuladores son la base para empezar a comprender la raíz del FMIgate y la pertinencia de la denuncia judicial a los responsables.
Vínculos
La OA apunta que unos pocos beneficiarios accedieron a los dólares del FMI en el pequeño mercado cambiario local. «Exige averiguar si tal concentración es señal de concertación«, indica. Es decir, si existieron vínculos entre los funcionarios y los compradores de esos dólares, y si éstos pudieron acceder a información privilegiada -y quién la suministró- para asegurar esas ganancias, «que son el espejo del perjuicio que debe afrontar la mayoría del pueblo argentino».
Por ese motivo, reclama que se solicite al Banco Central la información sobre cuáles fueron los fondos institucionales, personas jurídicas y físicas que desarmaron sus posiciones en letras en pesos (Lebac) desde 60 días antes del anuncio del acuerdo con el FMI, hasta la reinstalación de las medidas de control cambiario que limitaron la compra de dólares.
Para tal fin, la jueza María Eugenia Capuchetti, en cuyo juzgado se encuentra la demanda, debería relevar al Banco Central del secreto previsto en su Carta Orgánica y en la Ley 21.526, y poner la información a disposición de la Oficina Anticorrupción, para la continuación de la investigación.
Causas
El origen del agobio financiero del gobierno de Macri, que derivó en el insólito crédito del FMI por 57 mil millones de dólares, de los cuales se desembolsaron casi 45 mil, tuvo una causa inmediata, que fue cuando en enero de 2018, luego de colocar unos 9000 millones de dólares en el mercado financiero internacional, se le cerró el grifo de dólares de Wall Street. Era el default, la reestructuración voluntaria de la deuda y/o imponer restricciones a la compra de dólares.
Ninguna de esas opciones fue la elegida y, con el abierto apoyo de los Estados Unidos de Donald Trump, en junio de ese año, el FMI entregó un extraordinario préstamo, por monto y plazo de repago, para salvar del naufragio a Macri y brindarle respaldo financiero para la campaña electoral de la reelección.
Esa decisión política del FMI (Estados Unidos) fue un fracaso estrepitoso, pero la cuenta está a nombre de Argentina. Y forma parte de la compleja negociación con la actual conducción del Fondo para refinanciar a muy largo plazo esa deuda hoy impagable.
La causa remota del desastre financiero está detallada en el escrito de la Oficina Anticorrupción, que consiste en el conjunto de iniciativas de flexibilización y desregulación del mercado cambiario dispuesto por los funcionarios del área económica de Macri, para dar inicio a un nuevo ciclo de endeudamiento y valorización financiera:
* Flexibilizar el mercado de cambios.
* Eliminar el encaje para el ingreso de divisas y el plazo de estadía mínima que regulaba los movimientos de capitales.
* Suprimir las obligaciones de ingresar y liquidar las divisas provenientes de exportaciones de bienes y servicios.
* Flexibilizar el sistema de información correspondiente al Régimen Informativo de Operaciones de Cambio.
* Eximir del pago de impuestos a los rendimientos de las letras del Banco Central (Lebac).
* Habilitar la inversión de no residentes en Lebac, emitiendo y colocando hasta junio de 2018 cerca de 1,2 billones de pesos, equivalente a 46.153 millones de dólares.
Impunidad
Como antecedente de esta causa, publicado por Página/12 en mayo de 2019 en el artículo «Flojo de papeles», hubo un trabajo conjunto del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, con Eduardo «Vasco» Murúa, del Centro para la Integración Financiera/CEPPAS, con Eduardo Codianni, y de la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP), que demostraron judicialmente que, para contraer el crédito más importante de la historia argentina y del propio FMI, el macrismo violó todas y cada una de las normas nacionales que determinan cómo se tienen que tomar decisiones administrativas de estas características (causas “Murúa” y “Codianni”).
La desesperación por conseguir dólares para eludir el default o la impunidad de creerse dueños del Estado, o ambas cuestiones, llevó a esos funcionarios a suscribir el crédito violando «los deberes a su cargo», que la OA detalla de la siguiente manera:
* Incumplieron la solicitud al Poder Legislativo de la autorización previa para contraer el empréstito con el FMI (artículos 75, incisos 4 y 7, de la Constitución Nacional).
* Eludieron la inclusión del empréstito por el monto correspondiente en la Ley de Presupuesto (artículos 60 de la ley 24.156).
* Omitieron traducir documentos fundamentales en legal forma (artículo 6 de la ley Nº 20.305).
* Soslayaron la emisión del dictamen de viabilidad del Ministerio de Economía y la autorización del Jefe de Gabinete de Ministros para el inicio de las negociaciones de la operación (decreto 1344/07).
* Evitaron la opinión previa del Banco Central respecto del impacto de la operación en la balanza de pagos (artículo 61 de la ley 24.156).
La OA, a cargo de Félix Crous, no cree en la ingenuidad de esos funcionarios, al considerar que «la calificación y trayectoria de los imputados, expertos y habitués del mundo de las finanzas, con amplio recorrido académico y conocedores de los mercados internacionales de créditos, autores de numerosas publicaciones sobre temas financieros y fiscales, es evidente que no equivocaron el camino cuando llevaron el país a la ruina y sometieron al pueblo de la Nación al acecho de las penurias de un cuantioso endeudamiento».
Para señalar que, por el contrario, «se trata de un programa calculado y ejecutado con el objeto de generar una transferencia extraordinaria de activos desde el sector público hacia un grupo selecto del sector privado, en perjuicio del interés del pueblo argentino, el que debían gestionar y custodiar con fidelidad».
Fuga
Como se mencionó, la flexibilización y desregulación del mercado cambiario fue el corazón de la política financiera del equipo económico de Macri. El resultado fue la aceleración y la persistencia de la formación de activos externos (FAE), conocida vulgarmente como «fuga de capitales».
Luego del levantamiento de los controles cambiarios, desde diciembre de 2015 hasta abril de 2017, la fuga fue de 17.658 millones de dólares. Si no se incluyesen los ingresos extraordinarios por el blanqueo de capitales, el monto sería, en solamente un año y cinco meses, de 21.750 millones de dólares.
La OA propone una comparación para dar cuenta de la magnitud de la fuga con la liberación del mercado: entre diciembre de 2014 y noviembre de 2015, con control de cambios, fue de 6466 millones de dólares, mientras que entre diciembre de 2015 y noviembre de 2016 fue de 13.971 millones, es decir más del doble en un período similar de doce meses.
Realiza también un desagregado por compradores de dólares según el tipo de operación, observando que con la apertura financiera de Macri volvieron al mercado los «grandes jugadores».
El informe del Banco Central “Mercado de Cambios, Deuda y formación de Activos Externos 2015-2019”, investigación solicitada por el presidente Alberto Fernández, en la Asamblea Legislativa del 1° de marzo de 2020, revela que los 100 mayores compradores demandaron 24.679 millones de dólares entre diciembre de 2015 y octubre de 2019.
Las operaciones realizadas en concepto de formación de activos externos por los 10 mayores compradores alcanzaron los 7945 millones de dólares en ese período.
En esa investigación se verifica la concentración de las compras netas dentro de las operaciones realizadas exclusivamente por personas, puesto que sólo el 10 por ciento de quienes contabilizaron una formación de activos externa neta positiva acumuló el 63,8 por ciento de las compras netas realizada por individuos (47.006 millones de dólares).
Si se computa únicamente el 1 por ciento de personas con mayores compras netas, apenas 66.639 acopiaron 16.206 millones de dólares, el 22 por ciento del total.
El informe del Banco Central ofrece una perlita: la persona que más dólares compró en esos cuatro años lo hizo por 40,5 millones de dólares, identidad que se desconoce por la vigencia del secreto bancario.
Como se explicó, la OA solicitó a la jueza relevar de esa obligación al Banco Central para investigar si existe conexión entre esas personas y empresas con los funcionarios responsables del crédito del FMI.
Espurio
Los 44.500 millones de dólares del préstamo del FMI es un monto muy cercano a los 45.100 millones fugados por capitales especulativos y a los 46.100 millones de dólares equivalentes en Lebac emitidas a junio de 2018.
«No resulta casual sino causal la coincidencia de las sumas», apunta la OA. Para agregar que «el espurio proceso de emisión de Lebac, empréstito con el FMI y fuga de capitales quedó claramente expuesto de modo lineal».
Explica que el proceso fue espurio porque las autoridades no optaron por ninguna otra medida que evitara la sobredemanda de dólares y la salida de estos de la plaza local, garantizando con su deliberada pasividad la toma de ganancias de los especuladores a expensas del patrimonio público, desentendiéndose de las advertencias que envía la historia económica nacional, y a pesar de que la maniobra se reiteraba desde diciembre de 2015 y el default final -como secuencia- resultaba más que previsible.
Apunta que no se recurrió al canje compulsivo de títulos ni al control cambiario, sino hasta que, en las postrimerías del gobierno, las ganancias, su dolarización y la fuga estuvieron garantizadas para los especuladores.
En ese sentido, Pablo Rosendo González realizó un reportaje en el portal elDiarioAR a Héctor Torres, quien fue miembro del directorio del FMI en representación de Argentina. Calificó el acuerdo que hizo Dujovne como «horrible» y reveló que el Fondo había pedido un cepo para frenar la sangría de dólares. «Lo sé porque al dato lo tengo de la boca del caballo. Me dijo: ‘El Fondo le pidió a Dujovne que pusiera una restricción a la salida de capitales, un control de cambios, concretamente un cepo’. Y lo que me dijo esta persona, que no quiero mencionar, pero mejor ubicada para darme el dato, imposible, es que Dujovne le contestó: ‘Eso es impensable’. Le preguntó ‘¿por qué impensable?’ Y le contestó: ‘porque llegamos para sacar el cepo, no vamos a irnos con un cepo'».
El gobierno de Macri se fue igual con cepo pero luego de dilapidar los dólares del FMI.
Malversación
El informe de la Sigen establece que el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras, adjunto a la Carta de Intención del 12 de junio de 2018, expresaba en el capítulo referido al tipo de cambio (punto D de los objetivos) que “como parte de nuestro marco de metas de inflación estamos completamente comprometidos con un tipo de cambio flexible y determinado por el mercado. Proponemos limitar las ventas de reservas internacionales a períodos en que haya una clara disfunción del mercado. Incluso en esos casos, planeamos absorber las presiones externas a través de un tipo de cambio flexible y ventas de divisas muy limitadas para acomodar las presiones del mercado cambiario”.
El reporte de la Sigen afirma que pese a la claridad y contundencia del Memorándum, prácticamente en simultáneo con la firma de la Carta de Intención, el Ministerio de Hacienda instruyó al Banco Central para que actuara de modo contrario a lo acordado.
La Sigen expuso tres ejemplos de ese comportamiento:
1. Nota de la Secretaría de Hacienda al BCRA, a través de la cual requirió que se realizara del 25 al 29 de junio de 2018 subastas de divisas por hasta 100 millones de dólares diarios.
2. Otra nota similar requirió que las subastas de divisas para el 28 y 29 de junio aumentaran a 150 millones de dólares cada día.
3. Una tercera nota ordenando que a partir del 2 al 31de julio se subastaran hasta 100 millones de dólares cada día.
«De modo que resulta claro que se incumplieron los objetivos y compromisos asumidos en el acuerdo, para justificar y obtener el otorgamiento del préstamo». El Memorándum con el FMI disponía que las divisas provistas debían utilizarse para “incrementar las reservas internacionales” y su venta debía resultar “muy limitada”.
Sin embargo, eso no se verificó en la realidad porque «esas divisas fueron utilizadas como un seguro de cambio para aquellos fondos que invirtieron en pesos en el fabuloso negocio de las Lebac, y terminaron consumiéndose en la formación de activos externos, quebrantando los imputados la confianza del vínculo que los unía como funcionarios con los caudales públicos».
El artículo 260 del Código Penal reprime «al funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados…», y el artículo 261 eleva la pena de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, cuando el funcionario concretara dicha conducta «en provecho propio o de un tercero».
La OA entiende entonces que habiendo los funcionarios imputados (Macri, Dujovne, Sturzenegger, Caputo y Sandleris) aplicado las divisas provenientes del empréstito con el FMI que les correspondía administrar, a una finalidad diferente a la que estaban destinadas, en franca violación al deber de probidad que les competía, su conducta se adecúa a la descripción típica del delito de malversación o peculado.
(Fuente: Pagina 12/Por Alfredo Zaiat)
