La ex presidente consolidó su avance en Justicia y marcó límites en la negociación con el Fondo. Es un interrogante el impacto en la economía. Pero parece claro que su línea de dominio achica la imagen inicial que buscó el oficialismo y que le había rendido en las elecciones de 2019
Salvo por la precariedad que el coronavirus impone a cualquier plan en cualquier actividad, la política acaba de registrar un dato central para el año electoral que ya arrancó: Cristina Fernández impone la estrategia electoral del oficialismo después de haber afirmado su juego en el frente judicial. Lo había anticipado en su segunda carta del año pasado y lo coronó ahora en su acto por el Día de la Memoria, marcado por la definición de límites a la negociación con el FMI que por esas horas trataba de afianzar Martín Guzmán. Aunque suene contradictorio, la movida de la ex presidente parece disociar economía y política. Su propio despliegue es un factor político y eso lima el plus adjudicado a Alberto Fernández.
Los efectos de las movidas de CFK trascienden desde hace rato la categoría de pulseadas y equilibrios en el armado oficialista. Y superan lo que algunos, incluso en el Gobierno, suponían como única preocupación, es decir, las causas judiciales que la involucran directamente. Ese avance refiere a la centralidad, el manejo del poder según la definición original, y supone ahora la ruptura de la ecuación que rindió electoralmente en 2019: sumaba el núcleo duro pero insuficiente de la ex presidente, la moderación que buscaba imprimir Alberto Fernández y la integración de Sergio Massa luego de que fracasara la idea de un peronismo alternativo.
¿Cuánto le cuesta esto al oficialismo? Resultan prematuros además de riesgosos los cálculos electorales, con el telón de las prevenciones que dejaron los últimos comicios. Pero al margen de esas cuentas, se anotan sí dos datos significativos de la mayoría de las encuestas consumidas en ámbitos políticos y empresariales. El primero: difieren los números, pero la tendencia muestra la continuidad del deterioro de la imagen presidencial luego de un efímero freno hacia fines del año pasado. El segundo: el nivel de apoyo a la gestión de gobierno es cada vez más coincidente con el núcleo de respaldo a CFK, no más.
La ex presidente, como se sabe, se expresa por sí misma y habilita el terreno para otros expositores del kirchnerismo duro. En la referida carta del año pasado, había planteado como eje una advertencia sobre el ajuste que expresaban el proyecto de movilidad jubilatoria, el recorte o fin de programas nacidos en el momento más duro de la extensa cuarentena -cuyas estribaciones sociales y económicas seguían a la vista- y la decisión de avanzar con una de las alternativas del reducido menú del FMI: un programa de facilidades extendidas, que supone plazos de diez años y a la vez reclama ajustes estructurales.
CFK lo dijo de manera más terminante en el acto del 24 de Marzo, un escenario que la mostró en el centro de la escena oficialista y exhibiendo dominio político en el principal distrito del país. Allí sostuvo que la negociación con el Fondo era imposible porque el país no puede pagar, en las condiciones de plazos y de financiamiento que demanda este tipo de acuerdo. Quedó dibujado así un horizonte que supondría en primer lugar postergar un trato para después de las elecciones. Juegan en este punto el eco aumentado desde sus cercanías. Desde la posición extrema de Hebe de Bonafini, que descalificó al Presidente y al ministro de Economía, hasta el reclamo de plazos de dos décadas y quita.
La ex presidente insiste con un esquema básico, además de lo dicho sobre el FMI. Cuidar la relación entre precios y tarifas, de un lado, y salarios y jubilaciones, del otro, según resumió en su referida carta pública. Lo están viviendo en estas horas las empresas de servicios y en parte es lo que se buscó con la fórmula salarial de paritarias con dos o tres puntos por encima de la inflación anotada en el Presupuesto. Todos miran la evolución de precios del primer tramo del año y buscan compromisos “cortos”. Paritarias sujetas a revisión para el último trimestre, discusión tarifaria intensa.
CFK desplegó un movimiento que produjo en pocas semanas un salto significativo. Marzo arrancó con Alberto Fernández reforzando ante el Congreso la ofensiva discursiva sobre la Justicia, algo que la ex presidente expresó con mayores decibeles en un posterior alegato. Fue el inicio de la aceleración que será coronada el lunes con la ocupación formal del despacho que ocupaba Marcela Losardo al frente del Ministerio de Justicia. Asumirá Martín Soria, cuya renuncia a la banca de diputado sería aceptada hoy mismo.
Ese trámite no da por terminadas las tensiones internas. En rigor, se añadieron otras expresiones públicas. La embestida de Sergio Berni contra Sabina Frederic fue la última. No resultó un elemento menor la presencia destacada del ministro bonaerense en el acto que encabezó la ex presidente el miércoles pasado.
Pero sin dudas, el impacto mayor fue producido por el mensaje sobre la deuda, que incluyó como ya viene sucediendo la intención de colocar a Mauricio Macri como único y privilegiado rival. Guzmán había ocupado un lugar por encima de cualquier otro colega del gabinete nacional. Era cuidado con algún gesto y también con silencios por la ex presidente y el círculo del kircherismo duro. Las advertencias últimas no lo colocan en la mira, según fuentes del oficialismo, pero han marcado el terreno.
Ese cuadro, con otras pinceladas como las recientes definiciones en política exterior -en primera línea, la ruptura definitiva con el Grupo de Lima-, expone hasta qué punto la agenda de CFK supera el terreno judicial y empieza a convertirse en la estrategia de campaña. Astilla el capital de los papeles compartidos en la creación del Frente de Todos. Y el interrogante es si tendrá efecto en la economía, que supuestamente es la carta jugada por encima de casi todas para octubre. Lo dicho: todo atado a la evolución de la pandemia, las renovadas pero hasta ahora limitadas restricciones y el flujo de vacunas. (Fuente: Infobae)