La Secretaría de Derechos Humanos habilitó un canal de denuncias
Los padres y madres piden «virtualidad para no enfermar» y dicen sentirse «obligados a mandar a la escuela». La Secretaría de Derechos Humanos habilitó un canal para denunciar presiones, descuentos de días de trabajo, cómputos de faltas y amenazas de perder vacantes.
«Nos están negando el acceso a la educación de nuestros hijos e hijas. El 80 % de los chicos y chicas de nuestra escuela no está concurriendo a las clases presenciales, pero se nos prohíbe la virtualidad. La respuesta es: que pidan la tarea». El testimonio de Emiliano Luque, padre de niñes de segundo y séptimo grado de la escuela Rosario Vera Peñaloza de Almagro, sintentiza un reclamo que crece y por el que ya comenzaron a movilizarse familias de varias escuelas porteñas: tras el fallo de la Corte, computado como un gol sin festejo público por el Gobierno porteño, la Ciudad se mantuvo en las clases presenciales pero, en paralelo, hubo una «bajada» desde el Ministerio de Educación para prohibir toda forma de virtualidad, a pesar de que es lo que reclaman a las conducciones muchas familias.
Al punto tal que en una escuela de Palermo del distrito 9, la conducción fue «amonestada» con un acta labrada tras haber hecho lugar al pedido habilitando los Zoom.
Ante la cantidad de consultas, la Secretaría de Derechos Humanos, junto al ministerio de Educación, habilitó un canal para recepcionar reclamos de familias y docentes de todo el país que se sientan presionados a la presencialidad, se les computen las faltas, no se les garantice la educación a distancia, se ponga en riesgo su vacante o se les descuenten los días que no asistan.
Hacer ruido
El miércoles a la noche, desde «la Rosarito» se organizó un zoom abierto a familias de otras escuelas que dio una idea de la dimensión del reclamo: en pocos minutos se agotó el cupo de 300 participantes, que compartieron historias similares. Pronto se organizó otro ampliado, y se pensaron distintas acciones. El jueves al mediodía, el reclamo se trasladó a la calle: las familias se movilizaron con la consigna «virtualidad para no enfermar» y realizaron un ruidazo por la educación y la salud frente a la escuela. Hubo otras movidas como la de un semaforazo en Cabildo y Congreso, otro en el Bajo Flores. El viernes a las 18 se sumarán a un bocinazo por la educación, la salud y la vida frente a la jefatura de Gobierno, recordando el récord de 663 muertes en un día por la enfermedad, y que el Hospital Garrahan tuvo que abrir una cuarta sala para internación de niños y niñas con covid.
«No queremos exponer a nuestros hijes, a sus docentes y a los trabajadores de la escuela a ser contagiados ni a que contagien a otros», expresaron las familias de la Rosarito (la 20 del distrito 2) en una carta dirigida a la directora Claudia Garzón. Allí recuerdan que «en el poco tiempo que llevamos de clases, ya se han contagiado de covid once integrantes del personal de nuestra escuela, entre docentes y equipo de conducción, además de varios niñxs», y que «muchísimos docentes, personal de la escuela y familias deben viajar en transporte público».
El planteo de las familias refleja lo que está ocurriendo en muchas escuelas: en este tiempo «más de un 80% de lxs alumnxs no concurrió a esta escuela, acatando el DNU«, dicen. «Con este gesto, más de la mitad de la comunidad expresó su rechazo a la modalidad presencial en estas circunstancias, expresión que fue acompañada por varias notas con las firmas de padres y madres. Sin embargo, las autoridades desoyeron la manifestación de las familias y vulneraron el derecho a la educación de nuestros hijxs, al no poner a disposición herramientas para la continuidad pedagógica en forma virtual. En cambio sostuvieron las clases presenciales para los escasísimos niñxs que concurrieron, que en algunos casos no llegaron a ser tres alumnxs por grado».
El reclamo es el de tantas comunidades educativas: piden que se vacune a los docentes, que se les permita dar clases virtuales, que se provean dispositivos e internet para la conectividad, así como elementos de higiene, que resultan insuficientes y son costeados por las cooperadoras.
Amonestados
Un padre que preside la cooperadora de una escuela de Palermo en el distrito 9 (y que pide no dar el nombre de su escuela «por la gran presión que están recibiendo los directivos) contó a Página/12 cómo, en el intento de dar respuesta a las familias para que puedan seguir con la modalidad virtual, la conducción terminó recibiendo el labrado de un acta y la amenaza de inicio de sumario.
«Se intentó la bimodalidad. La idea era que las maestras, para que no pierdan una parte importante de sus sueldos haciendo paro, fueran a la escuela y desde ahí mandaran tarea e hicieran Zoom. El 95% de las familias que pedíamos continuidad pedagógica sin ponernos en riesgo estuvimos muy agradecidos», relata. «Pero algunas familias no tenían dispositivos, entonces se les prestó a esos chicos las tablets, que estaban guardadas sin uso en la escuela. Era una manera humana de seguir adelante». Con una denuncia de dos familias de por medio, la condcción fue sancionada e impedida de seguir adelante con la virtualidad.
«Esto también termina pasando, nos quieren enfrentar entre familias. Muchas ya empezaron a mandar a sus hijes a la escuela, porque ya nos avisaron que las faltas corren. Otras toman la presencialidad como una bandera, pero sin preguntarse en qué condiciones o con qué riesgos. Mientras tanto, sigue recayendo todo en las cooperadoras, y en la comunidad: el año pasado hasta las maestras donaron para su sueldo para ayudar a las familias que quedaron muy mal. Y ahora van en contra de esas maestras. La comida que mandan es una vergüenza, y todos los insumos de la escuela los compramos nosotros, los elementos de higiene y de protección, todo», lamenta el padre.
Otra postura
«¿Furiosa, indignada? Sí, y mucho más. Así se trabaja, a puertas y ventanas abiertas y en patios descubiertos, sin desayuno caliente, a puro frío. Poniéndole vocación y amor, e intentando ayudar a construir conocimientos. Muertos de frío. ¿De verdad quieren decirnos, los que trabajan en el calor de su hogar, haciendo Zoom y decidiendo por nosotros, que se puede?». El demoledor testimonio fue publicado en Facebook por Alejandra Villamor, directora de la escuela Juan A. Lavalleja (la 4 del distrito 14) de Villa Ortúzar, donde trabaja desde hace treinta años. Junto a una serie de fotos que mostraban un cotidiano de gorro y bufanda adentro de las aulas, cuando recién están emepezando los fríos. «No es humano pensar que se puede seguir así», le dice a Página/12.
Villamor manifiesta sentirse desprotegida, tanto desde el Ministerio de Educación como desde los gremios. Asegura, además, que la población vulnerada que asiste a su escuela (la mayoría de los chicos y chicas viven en el cercano Playón de Fraga) necesita especialmente la presencialidad. «Tu hija puede aprender en otros lados, pero estos niños y niñas, no», le dice a esta cronista. Y marca con claridad su postura: «Yo no creo en los paros y estoy convencida de que el mejor lugar para aprender es la escuela, con los maestros, trabajando para formar individuos reflexivos y críticos, para que no se dejen engañar. Pero en condiciones dignas y adecuadas. Y claramente no son estas«.
«¿Tendrán idea de lo que es estar en un salón con 8 grados con puertas y ventanas abiertas que dan a patios descubiertos, con corriente de aire? ¿Y qué piensan que va a pasar en unos días, cuando haga más frío todavía?», plantea la directora. Cuenta que «los pibes tienen hambre» y que organizan juntada de ropa entre las docentes. También que se anotó cuatro veces para recibir la vacuna, y nunca obtuvo turno. «Casi ningún docente de mi escuela está vacunado», dice.
Denuncias
Desde la Asociación Nace un Derecho, que junto con la agrupación «Familias por la salud colectiva» impulsó el amparo por el cual el juez Guillermo Scheibler ordenó al Gobierno de la Ciudad garantizar la virtualidad y no computar las faltas, indicaron a Página/12 que esa cautelar sigue vigente. Ayer, la asesora tutelar Mabel López Oliva se expidió a favor de continuar con la vigencia de esa medida.
Ante la cantidad de consultas, la Secretaría de Derechos Humanos informó que está recibiendo denuncias de familias presionadas de distintas formas para mantener la presencialidad de sus hijos contra de su voluntad; también de docentes y auxiliares a los que se les descuentan los días de trabajo. Quienes deseen contactarse, pueden hacerlo llamando al 0800 122 5878, enviando un mensaje de texto a 011 4091 7352 o mandando un correo electrónico a dnpcvi@jus.gov.ar.
«No tenés que elegir entre salud o educación, tenés derecho a una educación con salud», sintentiza el anuncio.
(Fuente: Página 12)
