El jefe de Gobierno porteño planteó la necesidad de que las empresas de tecnología inviertan más para que haya mejor conectividad en todo el país. “Si hay problemas en la Capital, no quiero imaginar en el interior”, planteó
El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, criticó la iniciativa del presidente Alberto Fernández de que internet sea declarado servicio público y aseguró que una regularización estatal en el sector podría empeorar aún más los problemas conectividad que hay en todo el país. “Necesitamos que las empresas inviertan en tecnología a fondo y cada vez más rápido. Entonces si el Estado quiere controlar todo, el riesgo que después no tengamos internet. Yo no estoy seguro. No vaya a ser entonces que el remedio sea peor que la enfermedad”, dijo el mandatario porteño en diálogo con Radio Rivadavia.
En ese sentido, Larreta explicó que la clave es mejorar la conectividad con más inversión y que cree que una intervención estatal afectaría la calidad en el servicio. “La conectividad hoy es clave para poder trabajar. Sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires tenemos muchas empresas tecnológicas, entonces si regulamos como servicio público no vaya a ser cosa que después no tengamos internet o no tengamos internet con la velocidad que hoy se necesita”, agregó.
El jefe de gobierno porteño resaltó que en medio del avance tecnológico es indispensable que las compañías de telecomunicaciones puedan invertir de manera más acelerada y en gran volumen debido a la cantidad de datos e información que los usuarios comparten y demandan día a día.
“Necesitamos que las empresas inviertan y mucho por el cambio tecnológico. El famoso 4G, el 5G o el poder llegar a puerta de cada uno con la fibra óptica necesaria para el volumen de información, de datos, de imágenes y de videos que se mandan es enorme. De nada sirve tener un internet con el precio controlado y que después no tenga la velocidad que se necesita. “Hoy los chicos en las escuelas necesitan internet en sus casas para hacer sus tareas y cada vez el volumen de datos e información es mayor”, dijo.
Además, planteó que regularizar internet hará que las empresas no inviertan más y que, en ese caso, la calidad en el servicio se verá seriamente perjudicada. Incluso todavía más de lo que ya se ve en la actualidad. “Hoy en la Ciudad de Buenos Aires, la capital de la Argentina, tenemos algunas zonas donde el servicio es deficiente. El otro día estuve reunido con vecinos de Soldati y me reclamaban eso, más allá de que no sea el Estado el que dé internet”, ejemplificó.
Sin embargo, el funcionario manifestó estar de acuerdo en garantizar desde el Gobierno que el servicio llegue a todos lados, aunque insistió en que no hay necesidad de controlar todo. “Me parece muy bien. Creo que eso sí es responsabilidad del Estado, incluso a los lugares más lejanos de todo el país. Si tenemos problemas en la Capital no quiero imaginar en los lugares más alejados del interior pero de ahí a querer controlar todo, yo creo lo contrario. Que se invierta en tecnología. Que las empresas inviertan cada vez más”, resaltó.
La nueva polémica se dio después de que ayer el presidente de la Nación adelantó en la presentación del plan Argentina Programa que el Gobierno hará de internet un servicio público, aunque “se enojen los que se tengan que enojar”.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/WTD7SOP75ZDSDL4UHI6YCCUT7U.jpg%20420w)
Alberto Fernández, presidente de la Nación“Es impensable vivir en un mundo donde la conectividad no llegue a todos. Se enojan porque digo que internet es un servicio público… ¡que se enojen! Porque vamos a hacer de internet un servicio público para que llegue a todos los argentinos y las argentinas y que no nos estafen ni nos roben con las tarifas”, advirtió.
El año pasado, el propio Fernández declaró por decreto como servicios públicos a la telefonía, internet, y televisión paga. La decisión generó un fuerte malestar en el sector y la reacción de las empresas de telecomunicación, que plantearon duras críticas al oficialismo.
La medida obligó a las compañías a consensuar con el gobierno nacional cuándo y cuánto podían aumentar sus tarifas, lo que derivó en reclamos judiciales que aún hoy se están tramitando y en multas administrativas.
(Fuente: Infobae)
