El Presidente se presentó a declarar en el juicio que investiga la asignación de obra pública a Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas.
El presidente Alberto Fernández declaró hoy en los tribunales de Comodoro Py en la causa que investiga la asignación de obra pública a Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas y sostuvo que “lo que se está discutiendo son decisiones políticas no judiciables”.
“Me llama mucho la atención lo que estamos discutiendo en este juicio”, dijo hoy el mandatario ante la Justicia. Y agregó: “Lo que se está discutiendo son decisiones políticas no judiciables”.
Fernández sostuvo que “no existe ninguna norma que ponga limitaciones a cómo se distribuye el gasto de la obra pública”. “Eso es, a mi juicio, una decisión de carácter político no judiciable, lo he dicho públicamente y por eso me animo a decirlo en este juicio”, indicó.
El Presidente declaró en el marco de juicio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros acusados por el presunto direccionamiento de obra pública a las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz.
En la sala de audiencias, además de Fernández estuvieron los tres jueces Jorge Gorini, András Basso y Rodrigo Giménez Uriburu y un secretario del Tribunal, Martín Cisneros, mientras que las restantes partes participaron de manera virtual.
El mandatario fue convocado por pedido del de la expresidenta, Carlos Beraldi, durante la etapa de instrucción del juicio. Ya habían declarado como testigos otros exjefes de Gabinete de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, entre ellos Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich.
Consultado sobre el presunto direccionamiento de la obra pública, Fernández dijo “definitivamente no me consta que algo así haya pasado”.
El mandatario subrayó que los criterios de reparto de obra pública para las provincias son “absolutamente discrecionales”. “No hay una regla que diga que a una provincia le toca una cantidad de dinero por los habitantes que tiene”, indicó.
“Digo que definitivamente no existe una norma que diga cuánto se puede destinar a la obra pública ni existe una norma que diga de qué modo esa inversión debe ser distribuida”, explicó. (DIB) MT
