El Ministerio de Economía confirmó esta tarde el entendimiento con el staff del organismo internacional por la deuda de $US 45.000 millones que dejó la gestión de Mauricio Macri.
El Gobierno nacional informó en la tarde de este jueves que cerró el acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda que tomó la gestión de Mauricio Macri y que enviará en las próximas horas el proyecto de ley al Congreso de la Nación.
A través de un comunicado, el Ministerio de Economía anunció que se “enviará este jueves al Congreso de la Nación el acuerdo alcanzado con el staff del Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda récord de aproximadamente $US 45.000 millones que tomó la administración de Juntos por el Cambio”.
“Se eleva de esta forma al Poder Legislativo un proyecto que incluye como anexos la totalidad de los documentos que conforman el acuerdo, esto es, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico”, detalló la cartera que conduce Martín Guzmán.
El Gobierno informó que el acuerdo se logró tras “intensas negociaciones” y que permitirá “refinanciar los compromisos asumidos en el fallido programa Stand By de 2018 que presentaba vencimientos concentrados principalmente en los años 2022 y 2023”.
“El nuevo programa busca seguir generando condiciones de estabilidad necesarias para abordar los desafíos estructurales existentes y fortalecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo”, indica el comunicado.
En tanto, el FMI también emitió un escrito en donde señaló que el entendimiento “tiene como objetivo proporcionar a Argentina apoyo presupuestario y de balanza de pagos para abordar los desafíos económicos más apremiantes del país y mejorar las perspectivas de todos los argentinos”.
Y ampliaron: “Además, el programa incluirá elementos para mejorar el crecimiento y la resiliencia a través de políticas para movilizar el ahorro interno, fortalecer aún más la gobernabilidad y la transparencia, y fomentar la inclusión laboral, de género y financiera”.
El proyecto ingresará al Congreso en los términos de la ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública impulsada por el Gobierno Nacional. La misma, entre toras cosas, establece que todo programa realizado con el FMI requerirá de una ley que lo apruebe explícitamente.
Desde el Fondo aclararon que “el acuerdo a nivel del personal técnico aún está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, que ha sido informado de manera informal sobre los elementos del programa propuesto” y que ese tratamiento se dará “después de que el Congreso de la Nación Argentina apruebe el programa económico y financiero incorporado en el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y los documentos relacionados que las autoridades compartirán con los legisladores”.
Inflación y déficit
El Gobierno señaló que “el acuerdo alcanzado se basa en lo que se conoce como Servicio Ampliado del FMI (Acuerdo de Facilidades Extendidas; EFF, por sus siglas en inglés) que incluye 10 revisiones que se realizarán de manera trimestral durante dos años y medio”.
“El primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI. El resto de los desembolsos se hará luego de completarse cada revisión. El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034”, indicó el Ejecutivo.
Según el Gobierno, se logró “llegar a entendimientos con el staff del FMI acerca de la importancia de alcanzar un programa acorde a las necesidades y desafíos de la Argentina” que no signifiquen “una inhibición en la recuperación económica”.
“Hay coincidencia en que la inflación es un fenómeno multicausal -siendo uno de los principales desafíos de la política macroeconómica- que debe ser abordado desde un enfoque integral. La condición necesaria para consolidar la desinflación es mantener un proceso de acumulación de reservas que le otorgará al Estado mayor autonomía en la ejecución de políticas públicas”, señala el comunicado de la administración de Alberto Fernández.
Asimismo, advierte que “el programa refuerza el compromiso de estabilidad cambiaria”, mientras que “se avanzará en una consolidación fiscal progresiva que reduzca el déficit fiscal, en el marco de la recuperación de la actividad económica”. “También este proceso será acompañado por políticas de precios”, agrega.
El FMI indicó que “el programa busca abordar de manera duradera la alta inflación persistente a través de una estrategia múltiple que involucra una reducción del financiamiento monetario del déficit fiscal”, entre otras medidas.
El acuerdo apunta a una reducción gradual del déficit fiscal. “Hemos desarrollado una estrategia de consolidación fiscal plurianual con el objetivo de lograr un déficit primario del 2,5% del PIB en 2022, cayendo al 1,9% del PIB en 2023 y al 0,9% del PIB para el 2024”, define uno de los Memorándum.
Tarifas y energía
Asimismo, Economía señaló que se buscará “lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad, conforme a los parámetros objetivos que correspondan en cada caso” en usuarios residenciales y no residenciales.
Para los residenciales se usará el criterio de coeficiente de variación salarial (anteriormente denominado CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443, frustrada por el veto total impuesto por la administración anterior. “Con dicho parámetro, el Poder Ejecutivo nacional impulsará, previa audiencia pública convocada a fines de abril de 2022, las medidas que tracen un sendero para el bienio 2022-2023 una nueva propuesta tarifaria con un esquema de segmentación de subsidios que enfoque los esfuerzos del Estado Nacional en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago”, señaló la cartera.
La segmentación contempla a “usuarios que dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago”, “usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del CVS del año anterior” y “para el resto de los usuarios el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior”.
“La propuesta para los usuarios no residenciales, contempla el pago de la tarifa plena para los Grandes usuarios de distribuidor (Gudi), y para el resto se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública”, indica el escrito de Economía.
Además, se llevará adelante un “plan energético de mediano plazo que incluirá acciones” para incentivar inversiones, reducir las pérdidas en la distribución y mejorar la eficiencia en el consumo, entre otras medidas. (DIB) MT
