Hasta el viernes rige la conciliación
El conflicto entre el gobierno y los trabajadores del BaPro se agudiza tras la promulgación de los cambios en la ley de jubilaciones – Habría un paro de actividades luego de la finalización de la conciliación.
Luego que el Gobierno de María Eugenia Vidal oficializara la ley que realiza modificaciones en las jubilaciones del Banco Provincia, los trabajadores de la entidad se encuentran en estado de alerta ante la posibilidad de volver al conflicto.
Es que hasta el próximo viernes, rige la conciliación obligatoria que ofreció el ministerio de Trabajo y fue acatado por los trabajadores del BaPro, que mantuvo los canales de dialogo abierto entre el gremio La Bancaria y los gremios, para evitar el conflicto.
Sin embargo, fuentes de la entidad financiera consultadas por este medio aseguraron que el nivel de conflicto podría aumentar para la semana que viene y habría un paro de actividades luego de la finalización de la conciliación.
Incluso, los representantes gremiales están convencidos que la adhesión será “altísima” porque hay un “verdadero enojo con el gobierno” y la medida generó rechazo unánime en la entidad.
Para lo que viene luego de la conciliación obligatoria y el gobierno brinde detalles de cómo se aplicará la reglamentación, la entidad gremial apelará a la justicia para judicializar la norma y pedirá por la inconstitucionalidad. Luego de eso, “vuelve el conflicto”.
Qué dice la ley
La ley 15.008, sancionada en diciembre y publicada ahora en el Boletín Oficial, establece que “tendrá derecho a la jubilación ordinaria el afiliado que compute treinta y cinco (35) años de servicios como mínimo y que hubiera cumplido sesenta y cinco (65) años de edad”. La aplicación de la nueva edad para jubilarse se realizará gradualmente con la siguiente escala: 61 años en 2020 y 2021; 62 años en 2022 y 2023; 63 años en 2024 y 2025; 64 años en 2026 y 2027, y 65 años desde 2028.
Si bien en las últimas semanas había habido pequeños avances en las negociaciones con el gremio La Bancaria, lo cierto es que el Gobierno se negaba a modificar los puntos centrales de la ley tales como el financiamiento de la Caja (la normativa reemplazó al Ejecutivo por el propio Banco como fuente de cobertura del déficit de más de 5 mil millones anuales que actualmente posee) y el retoque en la edad de jubilación, que será llevada escalonadamente desde los 58 (promedio actual) a los 65 años.
Además, la ley modifica la tasa de sustitución, es decir el porcentaje del sueldo activo que percibe un jubilado al bajarlo del 82 al 70 por ciento, con lo que lo iguala con el resto de los empleados bancarios.
Establece también que para el haber inicial se tomará el promedio de los últimos diez años de sueldo y que la movilidad jubilatoria no será por variación salarial sino por el índice votado en diciembre por el Congreso de la Nación para el resto de los jubilados. Así los aumentos serán trimestrales en lugar de semestrales, y se calcularán con una combinación del 70% de la inflación y el 30% del Ripte, que es el aumento salarial de los trabajadores del sector formal.
La aprobación de esta normativa en diciembre provocó una serie de paros en la entidad, y días atrás los trabajadores volvieron a amenazar con medidas de fuerza si el Gobierno finalmente no modificaba la reforma en su reglamentación. De hecho, desde el gremio habían indicado que podrían retomar las medidas de fuerza a partir del 22 de enero, fecha en que pierda vigencia la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo.
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