En julio pasado se dejó de pagar la remuneración que le corresponde a los productores y además existen pasivos desde mediados de 2021, indicaron fuentes del sector privado.
Las petroleras aguardan que el Gobierno comience a pagar una deuda que ya alcanza los $30.000 millones por la inyección de gas para cubrir la demanda residencial.
El Ministerio de Economía dejó de pagar en julio pasado la remuneración que le corresponde a los productores -con YPF a la cabeza-, y además existen pasivos desde mediados de 2021, indicaron fuentes de sector privado.
Algunas empresas estudian plantear que el gobierno las autorice a usar esas acreencias para abonar obligaciones impositivas con la AFIP.
La Secretaría de Energía adjudicó a mediados de diciembre los volúmenes de gas que deberá inyectar cada petrolera entre 2023 y 2028 bajo la nueva versión del Plan Gas, el esquema que utiliza desde hace casi una década el Estado para asegurar -en un contexto de devaluaciones permanentes y atrasos tarifarios que imposibilitan el funcionamiento de mercado- el suministro de gas para el mercado interno.
La iniciativa tuvo buena recepción en la industria: las empresas propusieron precios competitivos que estuvieron por debajo de lo que proyectaban algunos productores y analistas.
El punto débil del esquema de contratación, sin embargo, sigue siendo la extensión de los plazos en que el Estado paga a los productores el monto mensual que les corresponde por la inyección del gas que reciben los hogares por intermediación de las distribuidoras.
El Ministerio de Economía cubre la diferencia entre el precio ofrecido por cada empresa en la licitación del Plan Gas y el valor del fluido que efectivamente traslada el Enargas a los cuadros tarifarios de los usuarios residenciales.
La regulación establece que la Secretaría de Energía debe cubrir un 75% en forma provisoria al mes siguiente en que las productoras inyectan el gas en la red troncal de gasoductos. Luego, el pago definitivo por el 25% restante debería concretarse a los 75 días, una vez que Energía certifica las declaraciones juradas presentadas por las petroleras.
Sin embargo, esa mecánica nunca terminó de aceitarse y hoy está prácticamente rota. De hecho, los pagos de las declaraciones definitivas dejaron de abonarse a mediados de 2021 y directamente nunca se canceló ninguna de las declaraciones presentadas en 2022.
Los pagos de las declaraciones provisorias se frenaron en julio de 2022. Según algunas petroleras privadas, hace más de 18 meses que el Estado no cancela los pagos definitivos a los productores.
Un relevamiento realizado por el portal especializado EconoJournal entre productoras de gas estimó que la deuda total del Ministerio de Economía con las petroleras ronda los $ 25.000 millones más intereses.
Entre los acreedores figuran los mayores jugadores del mercado como YPF, TotalEnergies, PAE, Tecpetrol, Wintershall Dea, Pampa, CGC y Pluspetrol, entre otras.
Si a la deuda acumulada por el Ejecutivo por el gas entregado a las distribuidora se le suma el rojo en que incurrieron Cammesa, la empresa que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que compra el gas para las centrales termoeléctricas, y la estatal Enarsa, que adquiere el gas que luego venden algunas distribuidoras como Camuzzi Gas del Sur, la cifra supera los $ 30.000 millones.
Lo que algunas empresas están evaluando es intentar utilizar la deuda acumulada por el Plan Gas como crédito fiscal para cancelar obligaciones impositivas con la AFIP.
La normativa autoriza esa posibilidad, aunque hasta ahora ninguna petrolera decidió plantear el caso para avanzar por esa vía. (DIB)
