Lo lógico habría sido un estudio de Impacto Ambiental previo a la licitación, la intervención de los vecinos a través de una Participación Pública y una Audiencia Pública, el análisis de las opiniones y su verdadera consideración y recién después, si correspondía, el llamado a licitación.
La Municipalidad convocó a toda la comunidad,y abrió una inscripción, para participar de una Audiencia Pública presencial (ver nota aparte en página 2) sobre la futura construcción de un Ecoparque Ambienta en la Ruta 20 y el cierre del basural a cielo abierto, del que se afirma en forma reiterada, aunque se desconoce el motivo, que tiene 50 años cuando tiene 35, lo que es igualmente una grave situación.
Dicha convocatoria se llevará a cabo hoy, martes, a las 14 horas en el Teatro Municipal Brazzola.
De la jornada participarán funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, autoridades de la empresa adjudicataria y de la Municipalidad de Chascomús.
Esta audiencia, al igual que Participación Pública abierta por la Provincia de Buenos Aires en el mes de mayopara Evaluación de Impacto Ambiental – Diseño, Construcción y Operación del Ecoparque Ambiental Chascomús, se realiza para cumplir leyes y decretos nacionales y provinciales y cumplimentar exigencias del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Y esto es así, dado que en el marco de los proyectos del Préstamo BID 3249/OC-AR, utilizado para estas obras en Chascomús, y la política nacional de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, basada en gestionar los RSU de una manera eficiente bajo el paradigma de la economía circular, se realizan los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Estos estudios son de carácter obligatorio y preventivo, previstos en la Ley Nacional N° 25675 “Ley General del Ambiente”.
El objetivo de los estudios es identificar, predecir, evaluar, mitigar y valorar los potenciales impactos ambientales y sociales que puedan generar las obras enmarcadas en estos proyectos en el corto, mediano y largo plazo. Además, son un instrumento fundamental para la toma de decisiones basadas en la viabilidad socioambiental de los proyectos. Los estudios contienen un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) en el cual se contemplan las medidas de prevención, mitigación y compensación para abordar estos impactos.
En este marco el BID promueve la participación pública mediante una audiencia o consulta pública, convocada para recibir opiniones de los y las ciudadanas interesados o que puedan verse afectados por los proyectos.
Los antecedentes
No obstante en el caso de la convocatoria de hoy, todo parece ser solamente un trámite.
Sin autorización del Concejo Deliberante, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos BID 3249/OC-AR, convocó en junio de 2021 a una presentación de ofertas para la contratación del diseño, construcción y operación de Ecoparque Ambiental Chascomús, realizando la apertura de las mismas el 5 de julio de del mismo año, siendo entregadas 5 propuestas para su análisis y evaluación.
Durante acto licitatorio tuvieron visto bueno la forma de presentación de la oferta técnica, la garantía de mantenimiento de oferta, el sobre con la propuesta financiera y otras exigencias del pliego.
En ese marco con la constancia de sobres cerrados de las propuestas financieras, dado que la oferta tenía dos partes, la técnica y la parte financiera, los mismos fueron guardados en una nueva caja sellada y firmada, que quedó en guarda hasta el momento, que aceptado lo técnico, correspondiera su apertura, que se llevó a cabo en octubre del mismo año.
Posteriormente cuatro firmas visitaron oportunamente el basural hoy existente a cielo abierto de Chascomús (EVASA, Urbaser, Transportes Malvinas Argentinas y TECSAN), para estudiar el cierre del mismo y analizar las condiciones del predio.
Después, el 2 de diciembre del mismo año, el oficialismo ya derrotado en las urnas y después de una amenaza de bomba en el recinto, aprovechó la primera sesión de prórroga del Concejo Deliberante, donde tuvo por última vez mayoría, para aprobar con voto nominal de 9 a 7 de la oposición (ver nota aparte en página 2), en forma acelerada el convenio parapoder adjudicar la obra del Ecoparque.
Finalmente, por Resolución Nro. RESOL-2021-412-APN-MADde fecha 7 de diciembre de 2021, las autoridades del gobierno nacional adjudicaron la licitación pública N°3/2021 para el diseño, construcción y operación del denominado Ecoparque Ambiental por un monto $861.097.375,35correspondiente al 75.12% de la oferta, y USD 2.831.163,67 correspondiente al 24,88% de la oferta con impuestos incluidos, a la firma Transportes Malvinas Argentinas SRL
Rechazo vecinal a la obra
En todo este proceso, la ubicación del esta disposición final de residuos, antes de recaer en el predio de la Ruta 20, dio vuelta por distintos sitios de la ciudad, sistemáticamente rechazados por movilizaciones vecinales, que continúan hasta la fecha dado que, quienes habitan sobre la citada Ruta 20 y lugares aledaños, sostienen, con estudios realizados, que la ejecución de las instalaciones afectará seriamente el medio ambiente de dicho sector rural.
El caballo delante del carro
En el proceso licitatorio se optó porque el ganador realizara el estudio de Impacto Ambiental, pero a su vez se le adjudicó la obra completa, lo que prácticamente anula las posibilidades de que prospere cualquier opinión contraria de los vecinos, que además no tiene carácter vinculante.
O sea la Audiencia Pública pasa a ser un acto formal de cumplimentación, aunque seguramente no es lo que el BID pretende.
Lo lógica habría sido un estudio de Impacto Ambiental previo a la licitación, la intervención de los vecinos a través de una Participación Pública y una Audiencia Pública, el análisis de las opiniones y su verdadera consideración y recién después, si correspondía, el llamado a licitación.
A esto hay que sumarle que a la empresa se le adjudicaron los trabajos en diciembre de 2021, o sea hace un año y medio y recién ahora se presenta y trata el estudio de Impacto Ambiental, generando significativos mayores costos en los que es de esperar el Municipio no tenga responsabilidad económica alguna.
Los antecedentes de este tipo de actuaciones por parte del estado no son auspiciosos y días atrás, en Lujan, la Justicia Federal ordenó frenar la obra en construcción de un relleno sanitario a raíz de las denuncias de vecinos por “falencias técnicas”.
Los Vecinos Autoconvocados de Luján destacaron que el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible no realizó “estudios ambientales y sociales completos” e hizo “un deficiente análisis de riesgo sobre el impacto de las obras” que se realizan en terrenos cedidos en la zona denominada Sucre.
¿Pedido de amparo?
Durante los últimos días circuló la versión que la falta de real consulta a los vecinos y todos las situaciones atemporales que se han producido, podrían generar un pedido de amparo judicial para que la obra no se inicie y se cumplan los requerimientos de ley en tiempo y forma.
Otras cuestiones que se desconoce su solución
Valen recordar por último otras cuestiones que se desconocen si fueron solucionadas.
En septiembre del 2022 se viralizó un audio en las redes sociales donde una voz similar a la del Ministro de Economía de la Nación se dirigía a un representante gremial pidiéndole intercediera para que el abogado que embargó el predio de la Ruta 20, donde se licitó el Ecoparque, lo levante.
Resaltaba dicho audio la existencia de un crédito del BID para la obraque, afirmaba, estaba trabada.
Como se recordará dicho embargo se efectivizó dentro del marco del juicio por la Rifa de las Escuela Rurales.
Se desconoce la veracidad o no del citado audio, pero la medida legal existía y hasta la fecha no se conoce públicamente si fue levantada.
También el predio, salvo la presentación haya sido retirada, está afectado por otro juicio de los herederos de la vecina que donó la tierra, ya que no se cumplió con el destino fijado por quien fue su dueña.
A todas estas cuestiones y a un dictamen posterior del Defensor del Pueblo que la Nación, las autoridades han hecho, al menos públicamente, oídos sordos y se espera, como hemos señalado en otras oportunidades, que esta actitud no termine con un perjuicio para las arcas municipales.
