En una entrevista, el intendente sostuvo además que la actividad «no puede ser legislada desde el desconocimiento o a las apuradas»
El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, se refirió en declaraciones a la prensa al impacto que podría generar en el sector pesquero las modificaciones que busca introducir la llamada “Ley ómnibus”.
“Tengo la obligación de defender los puestos de trabajo que generan sectores tan importantes como el de la pesca y la industria naval”, destacó el jefe comunal en una entrevista al portal 0223.
“Si bien coincido con muchas de las cuestiones que se presentaron en el proyecto de ley, tendientes a desburocratizar, transparentar, hacerle la vida más fácil a la gente, llevar orden y respeto a la ley, hay un tema en el que necesariamente tengo que alzar la voz: la reforma que se quiere hacer en el sector pesquero”, expresó, y aseveró: “Si bien tiene que ser tratado en el Congreso, como intendente de Mar del Plata tengo la obligación de defender los puestos de trabajo que generan sectores tan importantes como el de la pesca y la industria naval. El 50% de los desembarques pesqueros se dan en mi ciudad y hay más de 37 mil puestos de trabajo directos en el país, que se traducen en 37 mil familias que subsisten a través de la pesca. Mi deber es defenderlos”.
En esa línea, expresó que “una actividad totalmente privada, ejercida por decenas de empresas de capital nacional y extranjero, que genera miles de puestos de trabajo para la población del interior, que agrega valor, exporta cientos de millones de dólares al año y que influye en el desarrollo de otras industrias como la naval, no puede ser legislada desde el desconocimiento o a las apuradas”.
Asimismo, el funcionario analizó que “hay reparos sobre los beneficios económicos que le traerá al país si este capítulo de la ley es aprobado. Los recursos pesqueros son de todos los argentinos y generan exportaciones por cerca de 2.000 millones de dólares anuales. El control de la milla 200 ya es defectuoso, y esta reforma puede acabar tanto con estos beneficios económicos como también con la sustentabilidad del caladero de nuestro país. Porque al no obligar los desembarques en puertos argentinos, se hace muy difícil el control tanto del recurso como del movimiento económico”.
Montenegro aseguró que “va a conversar con los legisladores y también con el gobierno nacional para poder defender a esta economía regional, que es muy difícil de entender si uno vive en el AMBA”, y aseguró que las reformas que quieren implementarse parten de que “se desconoce totalmente la realidad económica y social del interior argentino”. (DIB) ACR
