El gobierno busca reservar una «cuota» de acceso al elevador del granos a los productores, para mejorar su rentabilidad. Es en el marco de la renegociación de la concesión de la terminal. ¿Cómo es el loby que se opone?
El gobierno bonaerense busca mejorar el acceso de los productores rurales a la infraestructura exportadora del Puerto de Quequén -lo que a su vez implica una ampliación sustancial de sus márgenes de ganancias- a través de la aplicación de una “reserva de carga” y la creación de una empresa de capitales nacionales. La medida, que podría estar vigente a fin de año, detonó una fuerte campaña de rechazo de los operadores privados del sistema, a lo que el gobernador Axel Kicillof acusó de “agitar fantasmas” que no existen y alentar la desinformación.
El Ejecutivo busca avanzar con el esquema de beneficios para los productores que a través de un sistema de derechos de uso del elevador de granos y de una empresa nacional, en el marco de la renegociación en curso de la concesión de la Terminal, que vence el noviembre luego de estar en manos por 33 años (30 del contrato original y tres de prórroga) de la compañía privada Terminal Quequén SA, uno de cuyos accionistas es José Martíns, titular de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
El sistema que quiere establecer Kicillof implica que el Estado provincial tenga acceso a una cuota de uso del elevador de granos –que sirve para cargar los buques que llevan los granos- al igual que lo hacen las empresas privadas, pagando por el servicio, para ponerla a disposición de los productores. En la renegociación de la concesión, la provincia busca además determinar el monto de una multa por incumplimientos de obras comprometidas y no realizadas por el concesionario a los largo de estos años que serían varias veces millonarias en dólares.
Un dato clave es que en las condiciones actuales de la concesión es imposible reservar la cuota para los productores. Eso, pese a que la gestión del puerto es público-privada: la concesión es de Terminal Quequén, pero a su vez interviene un Consorcio de Gestión con un representante de la Provincia, la massista Jimena López, que lo preside y otro ocho sillones que ocupan gremios, empresarios de la Cámara de Actividades Portuarias, del municipio de Necochea, de Coninagro y de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina.
Luego de que se conoció esa intención de abrir el juego a los productores (y de cobrar las multas que corresponde cobrar) en el marco de la renegociación de la concesión, que incluiría una empresa de capitales nacionales, surgieron críticas con una buena dosis de “fake news”. La Mesa de Enlace provincia difundió un comunicado que hablaba de un intento de crear una “Junta de Granos”, como las que existieron en el país a partir de la década del 30 del siglo pasado. También se habló de una “concesión express” para dar paso a la nueva concesión.
El propio Kicilof rechazó de plano, en declaraciones periodísticas, la posibilidad de recrear la Junta. Sí dijo que intentará mejorar las condiciones para los productores porque “generalmente ése es el sector más castigado con el precio, el eslabón más débil de la cadena, ya que los intermediarios se quedan con la mayor parte de la rentabilidad”. López, a su vez, dijo claramente que no va a hacer una “concesión express”.
La campaña de lobby contra la posibilidad de mejorar las condiciones de los productores incluyó amenazas directas a los empleados de Terminal Quequén. En las últimas horas, los 120 trabajadores de esa empresa recibieron un correo electrónico con la firma de Martins, según el cual, en virtud de las recientes decisiones del Ejecutivo provincial, la continuidad de sus empleos no estaba garantizada.
Fuentes del Ejecutivo bonaerense consultadas por DIB enmarcaron esas amenazas en el mismo contexto de lobys y presiones empresarias relacionadas con la renegociación de la concesión. Explicaron en ese sentido que hay un juego de doble cara: facilitar el acceso a los servicios portuarios de estos productores los ayudaría a recomponer sus márgenes de ganancias pero al tiempo que reduciría la de aquellos que hoy tienen acceso privilegiado y fijan condiciones. (DIB)
