El candidato del gobierno libertario a vocal del máximo tribunal de Justicia admitió que al puesto se lo ofreció el asesor presidencial, que no tiene un cargo formal y factura por sus funciones como monotributista. En la audiencia del Senado, el jurista detalló que el vínculo con el Gobierno lo lleva a través del secretario de Justicia, Sebastián Amerio.
El abogado y académico Manuel García, uno de los dos candidatos propuestos por el gobierno para ocupar cargos en la Corte Suprema –el otro es el juez federal Ariel Lijo- reveló hoy que quien le ofreció el cargo fue el asesor del presidente Javier Milei Santiago Caputo, al tiempo que debió sortear cuestionamientos por su postura contraria a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
“El cargo me lo ofreció el señor Santiago Caputo en una reunión con el señor Sebastián Amerio. Yo no conozco al presidente de la Nación, no hablé nunca en mi vida ni por teléfono con él, y la persona que me ofreció el cargo fue Santiago Caputo en una reunión. No lo conocía tampoco, y en este proceso lo he visto dos veces. La última vez lo vi, hace unas dos semanas, en Casa Rosada, me preguntó cómo venía preparándome para esta audiencia pública, y la relación desde el momento en que me ofrecieron el cargo hasta ahora la he llevado con el doctor Sebastián Amerio”, dijo García Mansilla en el Senado.
Caputo es asesor de Milei, quien dijo que integra el “triángulo de hierro” junto a su hermana Karina, pero su vínculo formal con el ejecutivo es débil: presenta facturas de monotributista porque apenas tiene un contrato temporario.
Sebastián Amerio es el secretario de Justicia de la Nación, cargo desde el cual responde al ministro Mariano Cúneo Libarona. Anteriormente, Amerio trabajó en la Corte Suprema de Justicia y mantiene una relación cercana con Caputo, mano derecha de Milei.
Amerio desempeña un papel crucial en la intermediación entre el Gobierno y la Justicia, llevando adelante negociaciones y conversaciones clave. Recientemente, fue designado como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, cargo que es fundamental para el nexo entre la administración y el Poder Judicial.
García-Mansilla respondió sobre el detalle del ofrecimiento de la candidatura ante una pregunta que le realizó el senador kirchnerista Oscar Parrilli, en el marco de la audiencia pública realizada este jueves en la comisión de Acuerdos, ante la cual el postulante se presentó a brindar su exposición, defender sus antecedentes y sus ideas, y responder preguntas de los legisladores.
En ese marco, el senador radical Martín Lousteau señaló después: “Usted dijo recién que no lo conoce al presidente Milei, que no se reunió con el presidente Milei, y dijo que se juntó dos veces con Santiago Caputo y que fue él quien le ofreció el cargo. Santiago Caputo, que no es funcionario y es un monotributista. A mí me gustaría señalarlo, que al cargo no se lo ofreció el Presidente sino un monotributista, que no tiene vinculación directa con el Gobierno, no es funcionario público”.
Por otra parte, el jurista fue sometido a un intenso interrogatorio respecto de cómo actuaría siendo juez de la Corte Suprema ante el derecho al aborto, luego de que en 2018 se manifestara enfáticamente en contra cuando la ley tuvo un primer derrotero parlamentario en la gestión de Mauricio Macri, pero no prosperó.
El catedrático afirmó que “las leyes vigentes se tienen que cumplir”, pero dejó dudas sobre su postura de fondo, ya que entendió que la norma choca con tratados internacionales que tienen rango constitucional, como la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ONU y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Mansilla también ensayó una respuesta más personal para defenderse de lo que acusó como un “prejuzgamiento” en su contra. Justificó que sus posiciones en el debate de 2018 las hizo como “académico” y que no corresponde a una postura “confesional” y negó ser parte del Opus Dei, pese a sus conocidos vínculos con los sectores más conservadores de la Iglesia –actualmente es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral–.
En aquella intervención en el Senado de hace seis años, García Mansilla planteó “objeciones jurídicas” en contra del aborto legal, postura de la que ya se sabe que Milei está en contra.
“El aborto es un delito, que tiene algunas causales de no punibilidad previstas en el Código Penal”, había dicho en 2018 el abogado, cuando apuntó fundamentalmente contra la posibilidad de acceder al derecho hasta la semana 14 del embarazo –como quedó establecido en la norma vigente–.
Explicó entonces que “la Convención Interamericana de Derechos Humanos impide la legalización del aborto en la forma que el proyecto propone” y que “el proyecto choca frontalmente con la Convención sobre los Derechos del Niño”. Había pedido a los senadores que no se “convalide un atropello a nuestro sistema constitucional”.
“No hablé sobre toda la ley”, dijo García Mansilla este miércoles ante la Cámara alta con respecto a sus opiniones de 2018 y explicó que solo apuntaba contra el artículo 4 inciso a) del proyecto de aquel entonces, que refería sobre la legalización. “Entiendo que hay un conflicto normativo entre ese inciso y dos tratados internacionales”, ratificó el candidato a la Corte, pero cuando el senador Lousteau le dijo si eso definiría una potencial definición suya en la Corte, acotó: “Si usted interpreta que lo que opiné como académico implica un prejuzgamiento, la respuesta es no”. Y amplió ante el requerimiento del legislador: “Cómo fallaría en un caso en particular no se lo puedo decir porque estaría prejuzgando”.
Antes había salido por arriba del laberinto: “Todas las opiniones las vertí como académico, con una libertad en abstracto que un juez no tiene. Académico y juez son dos roles absolutamente distintos”, buscó desentenderse de sus expresiones pasadas. También dijo como argumento “que la Corte Suprema no decide casos de aborto periódicamente”.
Fue la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) quien le señaló a García Mansilla si su postura sobre la IVE tenía que ver con una visión confesional, y el candidato contestó: “Los argumentos que esgrimí cuando vine al Senado no son argumentos confesionales, salvo que tengamos que explicar que el derecho esgrimido es sostener una postura confesional. No es así”. Luego agregó: “Si tuviese que decidir en cualquier caso, deberá fallarse conforme a derecho”.
La oposición también le lanzó un dardo a García Mansilla luego de que ayer el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, contrariara a la ley de Identidad de Género al decir que el Gobierno rechaza “las identidades sexuales que no se alinean con la biología”. “Honestamente no vi las manifestaciones de Cúneo Libarona”, aclaró primero el candidato, pero luego agregó: “La ley de Identidad de Género es vigente y las leyes vigentes se tienen que cumplir. Las leyes vigentes se aplican y para no aplicarlas hay que declararlas inconstitucionales”. (DIB)
