El defensor del Pueblo adjunto de la Provincia, Walter Martello, a cargo del Área de Niñez y Adolescencia de dicho organismo, anunció este lunes que pedirá informes a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense acerca de la instrumentación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) en los establecimientos educativos, especialmente en aquellos que son de gestión privada y reciben subvenciones del Estado provincial.
Concretamente, solicitará que la DGCyE remita las últimas evaluaciones anuales –estipuladas en la Ley 14.744- sobre los avances en el cumplimiento de la ESI.
“La ley 26.150 que se aprobó en 2006 había fijado que en el año 2010 el programa ESI debía alcanzar a todas las escuelas públicas y privadas. Esto no ocurrió y, lo que es peor aún, nos encontramos con que se está dañando el interés superior del niño al privarlos del derecho que les asiste a miles y miles de alumnos a recibir una educación sexual integral”, explicó Martello.
En ese sentido, el Defensor del Pueblo adjunto recalcó que el artículo 5 de la Ley 26.150 les otorga una solapada discrecionalidad a las comunidades educativas para que puedan adaptar lo que establece la ley en función de las “convicciones de sus miembros”.
“El último párrafo de ese artículo es tomado por los sectores más conservadores de la Iglesia para desvirtuar el programa de educación sexual integral y es el que posibilita, por ejemplo, que las escuelas que dependen del Arzobispado de La Plata se manejen con directivas totalmente distintas a lo que establece la ley, las cuales están plasmadas en el documento ´Aportes preliminares al ordenamiento de la educación sexual en la escuela´”, explicó Martello.
“Se trata de un texto, ratificado el año pasado por un resolución 096-17 del arzobispo Héctor Aguer, que reniega de las campañas de entrega gratuita de preservativos a jóvenes. Entre las directivas que da Aguer, se destaca: ´No creo que pueda enfocarse la educación sexual, desde nuestra perspectiva, sino como una educación en la castidad”, concluyó.
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