El secretario general de la UATRE, José Voytenco, apuntó contra la oposición dentro del gremio y destacó que tanto él como el consejo directivo del están en funciones legítimamente elegidos.
Luego que la Justicia allanara el sábado la sede de OSPRERA, del gremio UATRE, la segunda obra social más grande del país por su cantidad de afiliados, el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, José Voytenco, calificó el hecho como “una operación política y judicial bochornosa”.
La medida fue dispuesta por el juzgado federal de Lomas de Zamora que está a cargo de Federico Villena, en el marco de una causa que investiga presunto lavado de dinero y desvío de fondos.
“La OSPRERA y la UATRE fueron víctimas de la operación política y judicial más bochornosa que se haya conocido”, afirmó Voytenco, quien criticó a Villena al considerar que “tomó una denuncia de un opositor, basado en una falsa investigación periodística. El juez sin investigar absolutamente nada, al igual que el informe periodístico le da curso a una intervención en allanamiento, traído de los pelos”.
“En el medio también hubo una movida designando una administradora provisoria, y luego eso, una semana después, salió un decreto del Poder Ejecutivo interviniendo en la obra social. Una sentencia del juez de La Pampa vuelve a poner en funcionamiento al Consejo Directivo de la obra social designado el 1º de julio a partir del 20 de agosto. Y a partir de ese momento empezamos a trabajar firmemente en un esquema para recuperar nuestra obra social y poner en servicio a nuestros afiliados”, indicó.
OSPRERA tiene 759.495 afiliados, según registros oficiales de la Superintendencia de Servicios de Salud actualizados en julio de este año. Sólo la supera Comercio, con 1.528.060. Y en el tercer lugar aparece la de Construcción, con 539.739.
Además del allanamiento, Villena autorizó a la Superintendencia a supervisar, controlar y gestionar a la obra social durante 120 días. De hecho, la obra social está intervenida por el Gobierno, a través de la gestión del superintendente Gabriel Oriolo.
“Esta resolución, impulsada en conjunto con la Superintendencia, responde a intereses que nada tienen que ver con los trabajadores y tampoco tienen en cuenta el bienestar de los beneficiarios de la obra social”, aseguró a Radio Mitre Voytenco, quien apuntó contra la oposición dentro del gremio y destacó que tanto él como el consejo directivo del secretario nacional de UATRE están en funciones legítimamente elegidos.
Según el dirigente, la Superintendencia se ha extralimitado en sus funciones. “Nosotros podemos demostrar la transparencia de la gestión y pueden investigar todo lo que quieran, pero acá no hay nada de lo que se dice. Tenemos la conciencia tranquila y lo único que hacemos es trabajar por nuestra gente”, sostuvo Voytenco, quien cuestionó el rol de Oriolo. “Estas actitudes lo único que hacen es perjudicar a nuestros beneficiarios”, apuntó.
En la misma línea, el abogado de UATRE, Marcos García, precisó en declaraciones a DIB que va a “contextualizar y ampliar una presentación para que se analice la conducta del juez Villena y contra quienes están detrás de esto”. El letrado mencionó al ex directivo de UATRA “Pablo Ansaloni, quien intenta por medio del desprestigio y las operaciones recuperar poder que alguno vez tuvo.
García añadió que “junto a Ansaloni opera el exabogado de UATRE Marcelo Urban y un socio de Ansaloni como Fernando Antunes, quien en otra gestión era el recaudador de la obra social”. El actual abogado de UATRE dijo que ninguno de ellos “acepta las nuevas normas de transparencia y eficiencia en la gestión que implementó Voytenco”.
Desde UATRE hicieron hincapié en que el proceso que llevó al allanamiento fue ilegal. El fiscal interviniente no sólo no impulsó la denuncia, sino que desestimó el proceso y recusó al juez Villena por su falta de imparcialidad. Asimismo, el fallo se sustenta en acusaciones mediáticas que carecen de fundamentos sólidos, lo cual lo convierte en un “ataque directo a nuestra institución y a sus legítimos representantes”.
Asimismo, indicaron que el juez actuó fuera del horario judicial y sin notificación previa, con una medida cautelar basada en una denuncia sin pruebas ni investigación mediante. Y se privó a la obra social, OSPRERA de su derecho a recurrir de defensa, en una clara maniobra que elude los principios básicos de legalidad y transparencia.
“Interponen intereses que nada tiene que ver con los intereses de los trabajadores rurales”, lamentó Voytenco en la entrevista radial, y señaló a los “opositores que perdieron las elecciones gremiales en el año 2022”, en referencia a Marcelo Andrada, delegado gremial de La Plata, que fue quien inició la denuncia que motorizó el allanamiento sin investigación mediante. (DIB)
