En la Plaza de Mayo
Distintas organizaciones de derechos humanos, políticas y sindicales se movilizaron hoy a las distintas plazas públicas del país, con epicentro en la emblemática Plaza de Mayo, por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia a 42 años del último golpe de Estado. En este marco, advirtieron «al Gobierno» que «no» permitirán «ni un genocida suelto».
«Le reiteramos al Gobierno que no permitiremos ni un retroceso en memoria verdad y justicia», expresaron Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la agrupación HIJOS, entre otras agrupaciones de derechos humanos que confeccionaron el documento que se leyó en Plaza de Mayo, según dio cuenta NA.
El acto central tuvo una concurrencia masiva de manifestantes independientes y militantes de diversas agrupaciones políticas que adhirieron al documento en el que se arengó por la continuidad de la identificación de nietos desaparecidos y se expresaron varias críticas al Gobierno, al que responsabilizaron nuevamente por el caso de Santiago Maldonado.
Las organizaciones también denunciaron la falta de constitución de tribunales para juicios de lesa humanidad y reclamaron «celeridad en estos procesos que fueron un ejemplo en el mundo», al tiempo que rechazaron el «negacionismo» y remarcaron que fueron 30 mil los desaparecidos por el terrorismo de Estado.
Uno de los puntos centrales del documento fue el beneficio de la prisión domiciliaria que se otorgó a algunos condenados por delitos de lesa humanidad y que está en evaluación para otros, como el ex capitán de fragata Alfredo Atiz, condenado por diversos crímenes de lesa humanidad.
Al respecto, las entidades que encabezaron el acto señalaron que «esos que hoy caminan por las calles o están en sus casas con el beneficio de la domiciliaria, 42 años atrás encabezaron una dictadura genocida que masacró a una generación» que fue «culpable de un plan sistemático de exterminio».
«Néstor Kirchner bajó los cuadros de Jorge Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar. Esos genocidas murieron juzgados y condenados a prisión perpetua y en una cárcel común gracias a la lucha del pueblo. Por eso le reiteramos al Gobierno que no permitiremos ni un retroceso en memoria verdad y justicia. Ni un genocida suelto», expresaron en un tramo del documento que fue leído por la titular de Abuelas, Estela de Carlotto.
La proclama reiteró que bajo el gobierno de facto de la Junta Militar funcionaron «más de 800 centros de detención» y que todo estuvo «al servicio de una plan económico de exclusión para las mayorías» que contrajo «una deuda externa que empobreció a generaciones».
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